Por revistaeyn.com
Desde 2020, el Observatorio MYPE de FUSAI monitorea el impacto de las disposiciones municipales y gubernamentales en El Salvador con el propósito de medir el impacto en el sector de micro y pequeñas empresas.
El informe señala que este indicador mostró reducciones significativas en dos momentos: en el tercer trimestre de 2021, cuando la reactivación económica tras la pandemia alivió las restricciones a la circulación de las personas, y en 2022, posiblemente debido, en parte, a medidas de flexibilización temporal que redujeron la carga regulatoria.
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Sin embargo, el endurecimiento reciente de las normativas en zonas de alta actividad empresarial parece haber revertido estos avances. Las disposiciones municipales y de gobierno han seguido una tendencia creciente afectando a 15 de cada 100 empresarios.
El informe revela que más del 50 % de los empresarios salvadoreños afectados han resentido el incremento de impuestos municipales, y un 48.7 % atribuye a los cambios en las leyes. Además, un 37.66 % enfrenta restricciones y trámites administrativos complejos, y casi una cuarta parte ha sido afectada por el nuevo ordenamiento territorial.
Los pequeños negocios en El Salvador son los que más sufren. Para este grupo, cualquier cambio puede hacer la diferencia entre seguir operando o cerrar.
Casi la mitad de los afectados por las disposiciones municipales (45 %) reportan verse gravemente perjudicados, lo que reduce aún más sus escasas ganancias. Además, 4 de cada 10 (40 %) enfrentan problemas debido a las restricciones en los permisos para operar, lo que les impide crecer o incluso realizar sus actividades con normalidad.
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Finalmente, el reordenamiento territorial, aunque impacta a un porcentaje menor de los afectados (17 %), también acarrea dificultades para algunos, posiblemente por reubicaciones o cambios en las zonas donde operan.
En resumen, estos pequeños negocios se enfrentan a un contexto complicado donde las regulaciones, en lugar de impulsar su crecimiento, se convierten en barreras para su supervivencia.
Los empresarios de segmentos de mayor tamaño en la MYPE también son afectados por estas regulaciones. El segmento de expansión conforma el segundo grupo más afectado (22 %), principalmente debido a modificaciones legislativas (62 %) y al aumento de impuestos municipales (60 %).
Luis Castillo, director del Observatorio MYPE, considera que muchos empresarios en expansión aún operan en la informalidad, lo que los hace más vulnerables a cambios normativos. Sin un proceso de regularización claro, cualquier nueva disposición puede traducirse en sanciones o costos adicionales que afectan su estabilidad. Esta opinión coincide con lo revelado en el Informe MYPE 2024, según el cual más de la mitad de estos empresarios (60 %) aún no ha formalizado su negocio.
