Por revistaeyn.com
Diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica mandaron al archivo el Expediente N°23.861, sobre el proyecto de Ley de Etiquetado Frontal con Advertencias Nutricionales para Productos Alimenticios y Bebidas con Contenido no Alcohólico.
Un grupo de organizaciones empresariales calificaron como “un sensato llamado al respeto a la institucionalidad y la seguridad jurídica del comercio” el apoyo de diputados para que esta iniciativa de ley se archivara y no continuara su discusión en el seno de la Asamblea Legislativa.
El Proyecto de ley N°23.861, contemplaba multas millonarias entre tres y diez salarios mínimos, uso de la Fuerza Pública para ingresar a plantas de producción, comercios y pulperías, así como la suspensión de permisos, registros sanitarios y licencias comerciales.
Para Maritza Hernández, Presidenta de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), el archivo del Expediente es una señal positiva para la industria y empresarios nacionales que cumplen con un etiquetado que está armonizado con la región centroamericana y que proporciona información útil para el consumidor.
“Ha sido muy importante la apertura de espacios colaborativos y de diálogo facilitados por diputados que conocieron la iniciativa. Es realmente valioso conversar con congresistas que aprecian el valor de la empresa privada y equilibran todas las sensibilidades, especialmente cuando hablamos de iniciativas que pueden generar impactos en muchas dimensiones, en un país que avanza en materia de mejora regulatoria, consolidación de mercados y creación de más empresas, como herramienta poderosa para la generación de más y mejores puestos de trabajo”, dijo.
PROYECTO INADECUADO
Según Juan Ignacio Pérez, Presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), las conclusiones planteadas por los diputados, generan optimismo en la industria, pues todos comparten la importancia de que existan mecanismos de promoción de la educación y la información nutricional de los alimentos, no obstante, han sido contundentes al señalar, que las propuestas y las formas expuestas por la iniciativa de ley recientemente archivado, no era el más adecuado, puesto que propinan un golpe fuerte de regulación excesiva y poco razonable al sistema de producción.
Además, consideran que el proyecto no hubiera generado cambios en los hábitos de consumo de las personas, por lo que la afectación a las empresas que generan empleo en el país hubiera sido desproporcionado e innecesario.
Las gremiales empresariales consideran que tener normativas de etiquetado desarmonizadas en Centroamérica implicaría elevar los costos para las empresas en detrimento de su competitividad y el funcionamiento del mercado.
Para Victor Pérez, Presidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), se debe reconocer el trabajo de los congresistas en la defensa del principio de armonización de la reglamentación técnica centroamericana, principio que se veía comprometido por esta iniciativa de ley.
En este sentido, los diputados han dejado claro que el proceso de construcción de una normativa de este tipo debe ser armonizada regionalmente, siendo este un proceso que ya se encuentra en manos del Consejo de Ministros de Economía de Centroamérica, donde el gobierno de Costa Rica ya ha enviado una propuesta, que se encuentra en revisión.
La agricultura, la industria, el comercio y el sector exportador concuerdan con los diputados que han conocido la iniciativa, en que hay formas diferentes de regular esta materia, sin perjudicar a la empresa privada.
Para el sector empresarial siempre ha privado el interés de que las regulaciones que se emitan desde autoridades públicas, se basen en principios fundamentales como la evidencia científica independiente y la seguridad jurídica, que asegura el sano desarrollo de la actividad productiva de la industria.
Los diferentes gremios del sector privado que adversaban el proyecto, fueron enfáticos en explicar que la materia de reglamentos técnicos sobre etiquetados de alimentos, generales y nutricionales, por disposición de tratados regionales e internacionales, desde los años sesenta, es competencia de las instituciones creadas por el derecho comunitario.
