El caso Rocha Moya abre una pregunta inevitable: ¿quién manda en México?

Por: Revistaeyn.com- Agencias

Rubén Rocha Moya volvió a la gubernatura de Sinaloa el viernes 21 de agosto con una frase de reivindicación: regresaba “con la frente limpia y en alto”. Menos de 34 horas después, solicitó nuevamente licencia por tiempo indefinido.

Entre ambos movimientos ocurrió algo mucho más importante que un cambio de opinión personal. La presidenta Claudia Sheinbaum lo desautorizó públicamente, el partido del gobierno Morena se deslindó de su regreso y el gobernador comprobó que podía recuperar jurídicamente el cargo, pero ya no contaba con las condiciones políticas para ejercerlo.

El caso, por tanto, no solo plantea qué ocurrirá con Rocha Moya, acusado por la justicia estadounidense de colaborar con una facción del Cartel de Sinaloa. También abre una pregunta sobre la distribución real del poder en México: ¿manda la Presidencia, manda Morena, presiona Washington o sobreviven dentro del oficialismo estructuras territoriales capaces de actuar por cuenta propia?

La respuesta más prudente es que Sheinbaum consiguió imponer su autoridad en esta batalla, pero debió hacerlo después de que un gobernador de su propio partido la desafiara públicamente. Y lo hizo bajo la sombra de una investigación estadounidense que avanza por una vía sobre la cual el Gobierno mexicano no tiene control.

El primer punto que conviene precisar es jurídico. Rocha Moya no renunció formalmente a la gubernatura tras las acusaciones de Estados Unidos. El 1 de mayo solicitó una licencia temporal por más de 30 días y el Congreso estatal designó como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla.

Esa diferencia ayuda a entender cómo pudo intentar regresar. La licencia lo apartaba temporalmente, pero no implicaba la pérdida definitiva del mandato para el que fue elegido. El 21 de agosto, Rocha anunció que retomaba sus funciones después de 112 días. Aseguró que había comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR) y que la institución no había encontrado elementos para vincularlo con algún delito.

Sin embargo, la FGR no difundió una resolución pública que confirmara su exoneración. Por el contrario, Morena y la Secretaría de Gobernación recordaron que las investigaciones vinculadas con los diez funcionarios señalados por Estados Unidos continuaban abiertas.

Rocha regresó, entonces, apoyándose en su propia interpretación del proceso: ausencia de una imputación mexicana equivalía, en su relato, a inocencia probada. Pero una investigación abierta y una exoneración formal no son lo mismo.

El regreso sorprendió al Gobierno federal. Sheinbaum dijo que no había hablado con Rocha desde que este pidió su primera licencia y calificó su reincorporación como una “decisión personal”.

La expresión fue decisiva. En el lenguaje del poder mexicano, señalar que una decisión es “personal” equivale a retirar de ella el respaldo político del Gobierno y del partido. Horas después, la presidenta publicó un mensaje aún más severo.

Sin mencionar directamente al gobernador, afirmó que ningún interés personal podía colocarse por encima del pueblo y de la nación, que los cargos eran pasajeros y que “el poder sin principios se vuelve arrogancia”.

La dirigencia de Morena, la Secretaría de Gobernación y figuras relevantes del oficialismo adoptaron el mismo tono. Rocha quedó aislado y respondió con otra frase cargada de significado político: “Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”. El Congreso estatal aprobó por unanimidad su segunda licencia.

Sheinbaum consideró que retirarse era “lo mejor para Sinaloa”, aunque negó haberle ordenado directamente que lo hiciera. La agencia EFE documentó que el segundo retiro ocurrió después de menos de 34 horas y en medio del aislamiento impuesto por la Presidencia y Morena.

La secuencia permite una primera conclusión: en esta pulseada mandó Sheinbaum. Rocha podía invocar su mandato electoral y utilizar los mecanismos legales para regresar, pero no podía gobernar contra la voluntad política de la Presidencia y de su propio partido.

Esta es quizá la pregunta más reveladora. Si Rocha hubiera sabido desde el principio que su regreso sería rechazado por Palacio Nacional, difícilmente habría intentado recuperar el cargo para abandonarlo un día después. Su movimiento sugiere que creyó contar con algún margen de autonomía, algún respaldo dentro del oficialismo o una lectura favorable de la investigación mexicana.

Rocha pertenece a la generación política asociada al expresidente Andrés Manuel López Obrador y conserva poder territorial en Sinaloa. Su intento de retorno puede leerse como la expresión de una tensión más amplia dentro de Morena: la que existe entre la autoridad presidencial de Sheinbaum y gobernadores, dirigentes y grupos formados bajo el liderazgo de López Obrador.

No existe evidencia pública suficiente para afirmar que el expresidente ordenó o respaldó la vuelta de Rocha. Presentarlo así sería especulativo. Pero el episodio sí muestra que algunos actores del movimiento todavía parecen calcular su poder en función de alianzas y legitimidades anteriores, y no únicamente de la autoridad de la actual presidenta.

Rocha descubrió rápidamente el límite de esa autonomía. Una vez que Sheinbaum, Gobernación y Morena cerraron filas, su regreso se volvió políticamente inviable.

La otra fuerza que condiciona el caso está fuera de México. El 29 de abril, la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York acusó a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de supuestamente haber protegido operaciones de Los Chapitos, facilitado información oficial y permitido el traslado de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y respaldo político.

La acusación estadounidense no equivale a una condena y Rocha niega los cargos. Pero tampoco se trata solamente de una denuncia mediática. Existe un expediente judicial federal y algunos de los acusados ya se pusieron a disposición de la justicia estadounidense.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó en mayo. También lo hizo Enrique Díaz Vega, exsecretario estatal de Administración y Finanzas. Mérida salió posteriormente de los registros penitenciarios federales, aunque su proceso continúa. Ese cambio alimentó versiones sobre una posible cooperación con los fiscales.

Aquí también resulta necesario diferenciar lo comprobado de lo inferido. Está confirmado que antiguos altos funcionarios de Rocha quedaron bajo jurisdicción estadounidense. No está confirmado públicamente que hayan sido admitidos formalmente como testigos protegidos ni qué información habrían aportado. No obstante, su situación incrementa considerablemente el riesgo para Rocha.

En el sistema federal estadounidense, los acuerdos de cooperación suelen construirse a partir de funcionarios con acceso directo a decisiones, operaciones y flujos financieros. Si alguno decide colaborar, la investigación podría obtener evidencias internas que hasta ahora no aparecen en el expediente público.

No hay evidencia pública para afirmar que la presidenta haya recibido nuevas pruebas de Estados Unidos y que esa sea la causa de su cambio de posición. Cuando se conoció la acusación, Sheinbaum reclamó que Washington entregara elementos suficientes y cuestionó la solicitud de detención provisional con fines de extradición.

Esa posición no necesariamente contradice su rechazo posterior al regreso de Rocha. Una cosa es exigir pruebas antes de detener o extraditar a un ciudadano mexicano. Otra es considerar conveniente que una persona sometida a una investigación de esa gravedad vuelva a gobernar un estado atravesado por la violencia del mismo grupo criminal mencionado en la acusación.

El cambio visible puede explicarse sin asumir que Sheinbaum vio un expediente secreto. Entre abril y agosto se produjeron hechos que elevaron el costo político: dos exfuncionarios se entregaron en Estados Unidos, continuaron abiertas las investigaciones mexicanas y aumentó la posibilidad de que alguno cooperara con los fiscales.

Rocha pretendía regresar precisamente cuando el riesgo judicial se estaba haciendo mayor, no menor.

La crisis ocurre, además, en un estado sumido en una prolongada disputa entre las facciones del Cartel de Sinaloa. La guerra interna desatada después de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada ha dejado miles de muertos y desaparecidos, debilitado la actividad económica y puesto bajo sospecha la capacidad —y la voluntad— de las instituciones locales para enfrentar al crimen organizado.

En ese contexto, la reincorporación de un gobernador acusado en Estados Unidos de haber protegido a una de las facciones no era solamente un problema de imagen para Morena. Amenazaba con debilitar la cooperación bilateral en seguridad, entregar munición política a la Administración de Donald Trump y reforzar el argumento estadounidense de que partes del Estado mexicano están penetradas por los carteles. Sheinbaum necesitaba marcar distancia. No necesariamente porque haya aceptado como verdaderas todas las acusaciones de Washington, sino porque permitir el regreso de Rocha habría significado asumir como propio todo el costo político y diplomático del gobernador.

En el desenlace inmediato, manda la presidenta. La rapidez con que Rocha retrocedió demuestra que Sheinbaum conserva capacidad para disciplinar a Morena y para convertir una censura pública en una decisión institucional dentro de un Congreso estatal controlado por el oficialismo.

Pero el episodio también exhibió los límites de ese mando. Rocha pudo regresar sin consultar a Palacio Nacional. La FGR no ha ofrecido una explicación pública suficientemente clara sobre el estado del expediente. El gobernador afirmó estar exonerado mientras las autoridades y su partido sostenían que la investigación seguía abierta. Y Estados Unidos continúa desarrollando una causa judicial capaz de alterar la política mexicana desde Nueva York.

Por eso, la pregunta no se resuelve diciendo que Washington ordenó y Sheinbaum obedeció. Lo que Estados Unidos ejerce es una presión indirecta, pero cada vez más poderosa: controla el expediente penal, tiene bajo su jurisdicción a antiguos funcionarios y puede decidir cuándo revelar nuevas pruebas, acuerdos o testimonios.

Sheinbaum, por su parte, intenta sostener dos posiciones simultáneas: defender la soberanía mexicana frente a las exigencias de Trump y evitar que esa defensa se interprete como protección política a funcionarios sospechosos.

El retiro de Rocha es una victoria de autoridad para la presidenta, pero también una medida de contención. Resolvió el problema de quién ocupa hoy el Palacio de Gobierno de Sinaloa; no resolvió qué saben los fiscales de Nueva York, qué podrían declarar los antiguos colaboradores del gobernador ni hasta dónde llega la trama investigada. Esa es la verdadera puja escondida detrás de las idas y vueltas: la Presidencia mexicana todavía controla la carrera política de Rocha Moya, pero Estados Unidos podría terminar controlando su futuro judicial.