Centroamérica & Mundo

El plan de trabajo o Marco de Programación por País (MPP) 2026-2030 se basa en fortalecer "la productividad agropecuaria y la agricultura familiar, la pesca y acuicultura sostenibles, la gestión responsable de los recursos naturales, la sanidad agropecuaria", según la información oficial.

Entre enero y junio, la economía nicaragüense acumuló una expansión de 3.6 %, mientras que la variación promedio anual se situó en 4.9 %, reporta el Banco Central de Nicaragua.

Con el aumento de pasajeros y las obras de modernización en marcha, el AIMM se perfila como una pieza relevante dentro de los esfuerzos de Guatemala por ampliar su conectividad aérea y aprovechar el potencial turístico y económico.

Estados Unidos pretende convertir el crecimiento en la respuesta a una deuda global que roza niveles récord. Pero detrás de esa propuesta emerge una agenda más amplia: menos regulación, mayor presión sobre China, una gradual normalización de Rusia y nuevas alertas por el efecto financiero de la inteligencia artificial.

Se establece una distribución inicial de cupos que destina al menos cinco por fecha de reserva para portacontenedores, el segmento estrella de la vía, y al menos seis para gasíferos - tres para gas licuado de petróleo (GLP) y tres para gas natural licuado (GNL) -, además de otros para segmentos adicionales.

Fitch Ratings apunta que la deuda seguirá aumentando en la mitad de los soberanos de la región para lo que resta de 2026.

Brasil entra en la fase decisiva de una campaña presidencial marcada por el empate técnico entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, investigaciones que alcanzan a sus respectivos entornos y una deuda pública superior al 80 % del PIB. La mayor economía latinoamericana deberá decidir algo más que quién la gobierna: qué proyecto ofrece credibilidad política y margen fiscal para hacerlo.

El Ejecutivo hondureño presentó ante el Parlamento a inicios de junio pasado una reforma a la Ley del Subsector Eléctrico con el objetivo de sanear la ENEE, que registra pérdidas que rozan los US$600 millones anuales, según cifras oficiales.

La iniciativa abarca a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras y contempla el desarrollo de una hoja de ruta integral para mejorar la protección de sus sistemas frente a las crecientes amenazas cibernéticas.

Las órdenes para el cambio de denominación sólo afectan a los registros y documentos federales estadounidenses, sin ninguna vinculación fuera del ámbito oficial de Estados Unidos.