El titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad guatemalteca (FECI), Juan Francisco Sandoval, denunció que el Gobierno no ha autorizado las visas de varios miembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
'Cómo no preocuparme... No han autorizado visas de trabajo a personal de la CICIG', aseguró el fiscal en sus redes sociales.
Consultado por Prensa Libre, el jefe de la fiscalía especial dijo que se trata de entre 40 y 50 profesionales técnicos de la Comisión con los que la FECI trabaja todos los días en las investigaciones
Las gestiones de renovación de visa se concretan a principios de septiembre, añadió Sandoval, pero en lo que va de este mes no ha llegado la notificación oficial al respecto.
El fiscal dijo que continuará en su cargo y que la FECI sigue trabajando con la comisión en investigación de casos.
El portavoz Matías Ponce dijo que la CICIG no tiene una postura respecto a lo que denunció Sandoval.
El Gobierno no se han pronunciado sobre este aspecto, pero se produce después de saber que no renovará el mandato de la Comisión, que vence en 2019, y que su jefe, el colombiano Iván Velásquez, tiene prohibido la entrada al país.
La ONU, que auspicia a la Cicig, ya advirtió que tiene serias dudas sobre la decisión del Gobierno presidido por Morales y que está revisando esta determinación, que 'no parece ser consistente' con el acuerdo que da vida a la Comisión.
El secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, pidió a Velásquez seguir al frente de la Cicig desde el exterior mientras no se tiene más claridad sobre este asunto, que ya ha sido impugnado ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala por varias entidades.
Morales dio a conocer el martes que prohibió la entrada de Velásquez a Guatemala por considerarlo una amenaza para la seguridad nacional, la paz, la justicia, la gobernabilidad y el orden nacional.
La confrontación entre el Gobierno de Guatemala y la CICIG se remonta a cuando la Comisión señaló al hijo y al hermano del presidente Morales (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera) de un caso de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.
Desde entonces, el presidente ha intentado minar el trabajo y la estancia de la Cicig, la cual, junto al Ministerio Público, han señalado en dos ocasiones a Morales de haber incurrido en el delito de financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder.
