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13-01-2026 Desde el Ministerio de Finanzas Públicas se ha insistido en que la medida judicial no implica una paralización del Estado. No obstante, sí obliga al Ejecutivo a operar bajo los límites del presupuesto vigente de 2025, lo que reduce el margen para lanzar nuevos programas, ampliar proyectos existentes o acelerar la inversión pública.