El viernes pasado, antes del fallo arbitral, la acción de Sacyr se cotizaba en 2.03 euros (2.38 dólares), pero el lunes cayó a 1.52 euros (1.78 dólares), precio que mantuvo hasta el cierre de los mercados ayer.
Se trata de una acción legal por separado de Sacyr contra el Estado y es aparte de los reclamos que GUPC presentó contra el Canal por supuestos sobrecostos en la construcción de las nuevas esclusas.
La propuesta para la ampliación del Canal fue presentada al país el 24 de abril de 2006 por el entonces presidente Martín Torrijos. El 22 de octubre de ese mismo año se realizó el referéndum; en diciembre la ACP recibía los primeros fondos y los trabajos se iniciaron el 3 de septiembre de 2007.
Sacyr cuenta con una participación del 41,6% en Grupo Unidos por el Canal (GUPC), del que también forman parte la italiana Salini Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA.
En una conferencia con analistas, el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, explicó este jueves que ya se ha liquidado y devuelto el 100 % de la deuda contraída con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) sin afectar al plan de inversiones de la compañía.
GUPC interpuso un arbitraje en el que se disputa cuál es la fecha de pago de todos los adelantos que se le hicieron al consorcio. Dicho tribunal determinó que el dinero no debe cobrarse hasta que haya una decisión por su parte.
El GUPC es liderado por la constructora española Sacyr y es integrado por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA. Según la ACP, Panamá ha ganado la mayoría de reclamos recibidos.
