Por Prensa Libre
Además, de esos RTS se han denunciado 171 casos a la Fiscalía de Lavado de Dinero del Ministerio Público, que es el ente que efectúa la investigación penal. La información la confirmó el superintendente durante las XXI Conferencias sobre Supervisión Financiera.
El funcionario añadió que el número de personas que podrían verse involucradas en ese ilícito es de 763.
Procesos aumentan
Arévalo resaltó que, al hacer un análisis respecto del mismo período del año pasado, hay un incremento del 112% en los RTS.
Precisó que las entidades han identificado los criterios para detectar a las personas obligadas; por ejemplo, los promotores de compra y venta de inmuebles, vehículos automotores, comercio de joyas y metales preciosos, además de organizaciones que reciben dinero del exterior, empresas de blindaje, comercio de obras de arte, loterías y agentes de seguros, entre otras que son personas obligadas, aparte de los bancos, aseguradoras y casas de bolsa.
El funcionario comentó que en la actualidad las personas obligadas inscritas en la IVE son dos mil 691, en todos los aspectos comerciales, industriales y de servicios.
El superintendente explicó que cada vez hay más conciencia de ese flagelo, y en septiembre del año pasado se habían contabilizado mil 502 RTS y este año van tres mil 197 reportes. "Cuando personas obligadas tienen dudas de las operaciones que consideran inusuales y no cuentan con información de que la operación de los clientes es legal, la convierten en una RTS", dijo. Arévalo recordó que la IVE hace un análisis administrativo, y si al darle seguimiento al dinero existen indicios de que puede haber elementos que se consideren en la formulación de lavado de dinero, se denuncia a la Fiscalía, que es la entidad que hace la investigación penal.
Saulo de León, experto en lavado de dinero, afirmó que las instituciones y personas obligadas han reforzado sus controles internos para detectar transacciones inusuales y han desarrollado capacidades especializadas para análisis e identificación de patrones sospechosos, y a eso se debe el incremento de los RTS.
Las tipologías pueden estar relacionadas con casos de corrupción, narcotráfico o extorsión, entre otros flagelos.
Falta de legislación
El superintendente dijo que Guatemala no cuenta con una regulación en el uso de las tecnofinanzas; el único país que tiene es México. "Fintech -tecnologías utilizadas en los servicios financieros- es un fenómeno global, positivo, que es una nueva modalidad de servicio para los clientes", aseguró.
Arévalo también se refirió a la moda son las criptomonedas o dinero electrónico. Reiteró que en Guatemala no están autorizadas, y las personas que las usan lo hacen bajo su cuenta y riesgo, y deben ser cautelosas.
Además, de esos RTS se han denunciado 171 casos a la Fiscalía de Lavado de Dinero del Ministerio Público, que es el ente que efectúa la investigación penal. La información la confirmó el superintendente durante las XXI Conferencias sobre Supervisión Financiera.
El funcionario añadió que el número de personas que podrían verse involucradas en ese ilícito es de 763.
Procesos aumentan
Arévalo resaltó que, al hacer un análisis respecto del mismo período del año pasado, hay un incremento del 112% en los RTS.
Precisó que las entidades han identificado los criterios para detectar a las personas obligadas; por ejemplo, los promotores de compra y venta de inmuebles, vehículos automotores, comercio de joyas y metales preciosos, además de organizaciones que reciben dinero del exterior, empresas de blindaje, comercio de obras de arte, loterías y agentes de seguros, entre otras que son personas obligadas, aparte de los bancos, aseguradoras y casas de bolsa.
El funcionario comentó que en la actualidad las personas obligadas inscritas en la IVE son dos mil 691, en todos los aspectos comerciales, industriales y de servicios.
El superintendente explicó que cada vez hay más conciencia de ese flagelo, y en septiembre del año pasado se habían contabilizado mil 502 RTS y este año van tres mil 197 reportes. "Cuando personas obligadas tienen dudas de las operaciones que consideran inusuales y no cuentan con información de que la operación de los clientes es legal, la convierten en una RTS", dijo. Arévalo recordó que la IVE hace un análisis administrativo, y si al darle seguimiento al dinero existen indicios de que puede haber elementos que se consideren en la formulación de lavado de dinero, se denuncia a la Fiscalía, que es la entidad que hace la investigación penal.
Saulo de León, experto en lavado de dinero, afirmó que las instituciones y personas obligadas han reforzado sus controles internos para detectar transacciones inusuales y han desarrollado capacidades especializadas para análisis e identificación de patrones sospechosos, y a eso se debe el incremento de los RTS.
Las tipologías pueden estar relacionadas con casos de corrupción, narcotráfico o extorsión, entre otros flagelos.
Falta de legislación
El superintendente dijo que Guatemala no cuenta con una regulación en el uso de las tecnofinanzas; el único país que tiene es México. "Fintech -tecnologías utilizadas en los servicios financieros- es un fenómeno global, positivo, que es una nueva modalidad de servicio para los clientes", aseguró.
Arévalo también se refirió a la moda son las criptomonedas o dinero electrónico. Reiteró que en Guatemala no están autorizadas, y las personas que las usan lo hacen bajo su cuenta y riesgo, y deben ser cautelosas.
