1- El Proyecto de ley H.R. 1918, titulado Nicaraguan Investment Conditionality Act, mejor conocido como NICA-Act, fue introducido por la representante Republicana Ileana Ros-Lehtinen, de la Florida, pero está respaldado por al menos 24 legisladores de ambas bancadas, Republicanos y Demócratas, por tanto es una iniciativa bipartidista, lo que le otorga mayores probabilidades de ser aprobada sin resistencia ante el plenario.
2- Este 27 de julio, por unanimidad, fue aprobado por los integrantes del poderoso Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que preside Ed Royce, del partido Republicano y representante de California. La audiencia duró 1 hora y 15 minutos y se abordaron y se aprobaron un total de 9 iniciativas legislativas entre las que estaba la NICA-Act y otras relacionadas a Venezuela, Hezzbolah, Etiopía y Corea del Norte.
3- El proyecto de ley está dirigido a que los representantes de Estados Unidos, antes los organismos financieros internacionales, se opongan a préstamos que vayan a otorgarse al gobierno de Nicaragua, a menos que Daniel Ortega dé pasos efectivos hacia elecciones libres, justas, limpias y transparentes, y otros propósitos.
4- En 2016, Nicaragua recibió US$903.5 millones en Cooperación Externa, de los cuales US$623.9 millones provinieron de fuentes multilaterales (69,1%), cifra que evidencia el peso de dicha Cooperación. Sólo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial provino un monto de US$308.7 millones.
5- Por otra parte, la cooperación venezolana viene en picada, especialmente a partir de la caída del precio internacional del petróleo, prueba de ello es que disminuyó de US$563.8 millones a US$92.8 millones entre 2011-2016.
6- El inciso a, de la sección 4 del proyecto de ley bipartidista de la Cámara de Representantes, determina que "El Presidente instruirá a los Directores Ejecutivos de los Estados Unidos en cada institución financiera internacional a usar su voz, voto, e influencia de los Estados Unidos para oponerse a cualquier préstamo en beneficio del gobierno de Nicaragua", a menos que se oriente hacia necesidades básicas humanas o promover la democracia.
7- Para el Doctor Arturo Cruz Sequeira, Catedrático de INCAE y ex Embajador de Nicaragua ante los Estados Unidos, las nuevas normas del BID "le quitaron los dientes" a la NICA-Act, ya que aseguró que antes de enero de 2017, los Fondos de Operaciones Especiales (FOE) se requería que fuesen aprobados por el 75% de los votos de los socios del BID, por tanto pesaba muchísimo el veto de los Estados Unidos y sus aliados. En la actualidad, aseguró que pueden ser aprobados, igual que los fondos de Capital ordinario, con un poco más del 50% de los votos de los socios.
8- Por tanto, si Estados Unidos está interesado en vetar el acceso del gobierno de Ortega a los fondos del BID -por ejemplo- tendría que conformar una coalición de países, cuyos votos sobrepasen el 50% de los mismos, para hacer efectiva la NICA-Act. Eso implicaría que a sus 30,0% de votos, tendría que sumar los de Argentina (10,7%), Brasil (10,7%), México (6,9%), Colombia (2,9%), para sumar 61,2% de los votos e impedir así que lleguen los fondos multilaterales a Nicaragua.
9- "Eso no quiere decir que si Estados Unidos se aboca a ese tema (de conformar una colación pro veto), puede llegar a conformar coaliciones que nos complicarían la vida", comentó Cruz Sequeira, en el programa televisivo "Jaime Arellano en la Nación", del pasado 31 de mayo.
10- El proyecto de ley, en caso de ser aprobado en el plenario de la Cámara de Representantes y luego en Senado, implica una larga lista de instituciones financieras internacionales, entre las que están: Fondo Monetario Internacional, Banco Internacional para la Reconstrucción y Desarrollo, Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo, Asociación Internacional para el Desarrollo, Corporación Financiera Internacional, Agencia de Garantía de Inversiones Multilaterales, Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Fondo Africano para el Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, y la Corporación de Inversiones Interamericana.
11- La NICA-Act tendrá un periodo de vigencia de 5 años.
12- Podrá suspenderse antes de ese periodo, siempre y cuando el Secretario de Estado emita un reporte en el que se confirme que efectivamente el gobierno de Daniel Ortega ha dado pasos efectivos hacia a) elecciones libres, justas y transparentes, certificadas por observadores nacionales e internacionales creíbles; b) promoción de la democracia, la independencia del Poder Judicial y Electoral; c) fortalecimiento del Estado de Derecho; d) respeto a los derechos de libertad de asociación y de expresión; e) combate a la corrupción, incluido investigar y perseguir a los funcionarios gubernamentales corruptos; f) protección de los derechos políticos de los partidos opositores, periodistas, sindicatos, defensores de derechos humanos y de otros activistas de la sociedad civil, para que operen sin interferencias.
13- A los 90 días de su promulgación, el Secretario de Estado, en consulta con la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos, suscribirá un reporte al Congreso sobre los funcionarios gubernamentales nicaragüenses, envueltos en actos de corrupción pública o de violación de los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo miembros del Consejo Supremo Electoral, de la Asamblea Nacional, y del Poder Judicial. A una parte del reporte, que no sea Clasificada, estará disponible al público.
14- El gobierno de Nicaragua, a través de una nota oficial divulgada por Rosario Murillo, esposa y Vicepresidente de la República, rechazó y condenó la NICA-Act, como "la continuidad de Políticas históricas de injerencia imperial de los Estados Unidos en Nicaragua". Y, advirtió que el Estado nicaragüense ha iniciado un Proceso Jurídico, que permitirá exigir a los Estados Unidos, el Pago de la Indemnización ordenada en 1986, por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Al respecto, cabe señalar que Nicaragua renunció a dicha indemnización como gesto de Buena voluntad por parte del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, a inicios de 1990.
15- De acuerdo a la última encuesta nacional realizada por la firma M&R Consultores, entre el 25 de junio y 6 de julio, el 64,6% de los nicaragüenses consultados, mayores de 16 años, están en Desacuerdo con la NICA-Act, 25,2% están de acuerdo y; 7,0% se mostró indiferente. Además, 57,1% valora que perjudica la democracia, mientras 36,3% afirma que beneficia a la democracia.
