"Las condiciones actuales de los sistemas carcelarios policiales y penitenciarios son muy difíciles. La capacidad de los sistemas está saturada", afirma Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Por: Confidencial, Nicaragua
El amotinamiento sucedido esta semana en las celdas preventivas de la Policía Nacional en Juigalpa, Chontales, ha expuesto nuevamente la fragilidad del sistema carcelario de Nicaragua. El hacinamiento en los presidios, según Elena López, Procuradora Especial de Cárceles, es el factor más volátil para desencadenar una tragedia.
Tanto el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) y las celdas preventivas de la Policía han desbordado su capacidad. "En los sistemas penitenciarios hay hacinamiento, en unos en mayor grado y en otros en menor grado", aseveró López en el programa Esta Noche.
Se supone que las celdas preventivas de la Policía son para tener a las personas 40 horas, "pero debido a la situación que hay en el país, de falta de recursos para ampliar los sistemas penitenciarios, estos pasan mucho más tiempo en las celdas preventivas. Esto se ha convertido en un problema, porque las celdas de las policías funcionan como sistemas penitenciarios sin condiciones", agregó la procuradora.
De acuerdo a la funcionaria, la sublevación en Juigalpa fue liderada por un grupo de reos que fueron retirados de esas celdas para atemperar los ánimos. Aunque presos denunciaron a oficiales de malos tratos, se quejaron de la mala alimentación, exigieron el traslado de condenados y pidieron mejora en la situación de salud. Todos estos elementos delatan un "sistema colapsado", a juicio de Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
"Las condiciones actuales de los sistemas carcelarios policiales y penitenciarios son muy difícil. La capacidad de los sistemas está saturada, no solo por la infraestructura antigua y en pésimo estado, sino por la capacidad de mantener el cumplimiento de la ley para las personas con sentencias condenatorias, y así puedan pasar por todos los regímenes. El sistema mismo está colapsado. Igual que las condiciones carcelarias en las policías", aseveró el defensor de derechos humanos.
Los datos de la Procuradora Especial de Cárceles, adjunta a la Procuraduría de Derechos humanos, señalan que 10.000 personas pueblan el Sistema Penitenciario Nacional. Mientras que en las cárceles preventivas no hay una cifra exacta, aunque López calcula al menos 4.000 reos.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) sostiene que Chinandega, Granada y Managua son los "puntos rojos". "Es una situación que debe considerarse incluso como de carácter de seguridad nacional. El conflicto de Juigalpa es una muestra de una serie de conflictos que se dan en la vida cotidiana de los centros penales, los cuales por su baja magnitud no llegan a la opinión pública", sostuvo Denis Arce, coordinador de proyectos de la CPDH.
"Normalmente se dan agresiones, ataques de pandilla en los mismos centros penales, que son una muestra de cómo la población penal ha superado la capacidad real de los recursos humanos y la infraestructura correspondiente. Hay que tomar la situación con la debida urgencia para que no lleguemos a los niveles de Honduras y Guatemala", alertó Arce.
La procuradora López destacó que se están construyendo un nuevo penal y realizando una serie de mejoras en la penitenciaría La Modelo (la más grande del país) para aliviar el apretujado escenario carcelario.
"Se destinó una parte del dinero incautado a los falsos Televisa para construir sistemas penitenciarios. ¿Qué se ha hecho? Se han construidos dos pabellones en la Modelo para privados de libertad de máxima peligrosidad. Se está construyendo el sistema penitenciario para mujeres en la carretera Masaya-Tipitapa. Se planifica la construcción de otro centro penitenciario en Bluefields. Pero sabemos que eso no resolverá la situación", dijo la funcionaria.
Demandan cierre de El Chipote
La procuradora López puede ingresar a los penales del país a diferencia de los funcionarios del CENIDH. Y pese a que la cárcel El Chipote, a cargo de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, ha estado bajo la mira de la opinión pública por los múltiples testimonios de torturas salidos de sus reductos, la Procuradora aún no ha realizado una inspección en ese lugar.
"En la Procuraduría no hemos recibido denuncias de ese tipo, hemos recibido de los sistemas penitenciarios, pero estamos programando inspecciones (a El Chipote). No hemos visitado (El Chipote) porque no se nos ha presentado ninguna denuncia, más bien otras denuncias en otros centros", argumentó López.
Sin embargo, los testimonios vertidos en los últimos años sobre tortura y abuso policial han sido constantes. Los pequeños mineros de Santo Domingo, Chontales, quienes fueron encerrados en esas celdas varias semanas; jóvenes detenidos en la protesta de #OcupaINSS que fueron torturados con ácido.
También se han dado otros casos más anónimos como el de una empleada doméstica acusada de robo y un joven requerido como testigo para un caso, a quien interrogaron y torturaron, aseguró el director jurídico del Cenidh.
El coordinador de proyectos de la CPDH recordó que ellos sistematizaron testimonios, los que sirvieron de base para elaborar un anteproyecto de ley que fue presentado ante la secretaria de la Asamblea Nacional. Arce afirmó que piden el cierre de El Chipote. "Las situaciones de tortura son suficientes para tomar esa medida. Falta pues que los diputados, particularmente los del FSLN, respalden la iniciativa", añadió.
