Por revistaeyn.com
Un juez del estado de California extendió este jueves el estatus de protección temporal en beneficio de unos 60.000 migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal que están en Estados Unidos. La extensión va hasta el 18 de noviembre de 2025, confirmó el canciller hondureño Javier Bu Soto.
La jueza federal Trina L. Thompson, quien presidió la audiencia celebrada el pasado martes en San Francisco, escuchó durante casi dos horas los argumentos de ambas partes antes de informar que emitiría su fallo en un plazo de 48 horas.
El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) debía finalizar el 5 de agosto para unos 7.000 migrantes de Nepal, mientras que el 8 de septiembre terminaría ese beneficio para vivir y trabajar en EE.UU. en el caso de alrededor de 51.000 hondureños y casi 3.000 nicaragüenses.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, quien estuvo presente en la sala, relató que “se vieron los argumentos. Los demandantes plantearon que Trump tomó una posición racial, y que las condiciones en nuestros países no son aptas para regresar. El gobierno de Trump se miraba muy débil, no tenía respuestas contundentes”.
Durante la sesión, también se destacó la urgencia de una prórroga. Los demandantes solicitaron al menos seis meses adicionales antes de que se haga efectiva la terminación del TPS. Argumentan que este tiempo permitiría explorar vías legales o políticas para proteger a los beneficiarios, muchos de los cuales tienen décadas de residencia en EE. UU.
TRUMP CON DURAS DECISIONES ANTINMIGRANTES
El Gobierno del presidente Donald Trump, que ha aplicado duras medidas en contra de la migración hacia su país, ha señalado con insistencia que no se justifica extender el TPS, lo que de ocurrir aumenta la cantidad de migrantes que pueden ser deportados.
La Administración Trump ha cancelado el TPS a unos 160.000 ucranianos, 350.000 venezolanos y al menos medio millón de haitianos, entre otros migrantes.
El viernes pasado, un tribunal federal de Massachusetts ratificó su decisión de impedir la implementación de la orden ejecutiva que niega la ciudadanía por nacimiento a los hijos de migrantes.
El juez federal de distrito, Leo Sorokin, afirmó ese día que su fallo nacional emitido en febrero pasado sigue vigente, amparado en una excepción al fallo de la Corte Suprema.
