En el índice de Calidad de las Instituciones (ICI) 2014 Panamá perdió 13 posiciones con respecto al año pasado, revela un informe del Centro Nacional de Competitividad (CNC) de Panamá.
Panamá ocupó entre los años 2012 y 2013 la posición número 55 del ICI, pero en el 2014 se ubicó en el puesto 68, un descenso de 13 posiciones en un año.
El ICI es publicado anualmente por la Fundación Libertad y Progreso, con sede en Buenos Aires, Argentina. Este evalúa a 192 economías, considerando principalmente dos componentes: un indicador de instituciones políticas y otro indicador de instituciones de mercado.
Ambos indicadores contienen diversos subíndices, entre ellos: Rendición de Cuentas (Banco Mundial); Vigencia del Derecho (Banco Mundial); Percepción de Corrupción (Transparencia Internacional); Libertad de Prensa (Freedom House); Haciendo Negocios (Banco Mundial); Competitividad Global (Foro Económico Mundial); Libertad Económica (Heritage Foundation & Wall Street Journal) y Libertad Económica del Mundo (Instituto Fraser).
Según el Centro Nacional de Competitividad, Panamá fue mejor evaluado en los indicadores internacionales Rendición de Cuenta, Haciendo Negocios, Competitividad Global y Libertad Económica.
Por el contrario, en los indicadores Vigencia del Derecho, Libertad de Prensa y Corrupción presentó resultados bajos, lo que provocó el descenso de 13 posiciones en el índice.
Esta es la octava edición del ICI, cuyas primeras posiciones han sido ocupadas consistentemente por cuatro naciones, aunque en diverso orden.
En esta oportunidad, Nueva Zelanda ocupa el primer lugar, desplazando a Finlandia, que ahora ocupa el segundo, seguida de Suiza y Dinamarca.
Además de estos cuatro países, destacan Suecia, Australia, Canadá, Holanda, Noruega y el Reino Unido, que se ubican entre los primeros diez lugares.
En cuanto a mejoras, se destaca el caso de Ruanda, que en los últimos ocho años logró subir 85 posiciones, desde el puesto 169 hasta el 84.
También vale la pena resaltar los casos de Taiwán (10 posiciones), Mauricio (18), Polonia (22), Albania (42), Laos (31), Indonesia (28), Macedonia (25) y Qatar (24).
Por el contrario, con las caídas más profundas en el índice desde 2007 figuran Kiribati (-57 posiciones), Micronesia (-56), Argentina (-41), Madagascar (-41), El Salvador (-32), Belice (-31) y Fiyi (-31).
De América Latina, ocupan los países que logran ocupar posiciones más altas son Chile (posición 22), Uruguay (43), Costa Rica (49), Perú (60) y Panamá (68).
El informe destaca el notable avance de Perú, un país que ha mantenido políticas consistentes, generando condiciones de seguridad y confianza para la inversión y un continuo proceso de crecimiento económico, que le ha valido una mejora de 20 posiciones desde el 2007.
Los avances económicos de Perú y Chile son vistos como una consecuencia positiva de los esfuerzos sostenidos por reforzar la calidad institucional, que en ambos casos representan salidas airosas a duras condiciones sociales, políticas y económicas-dictadura militar, hiperinflación y caos.
Los grandes ‘dramas’ de la región son aquellos países que consistentemente ocupan los últimos puestos (Haití, Cuba, Venezuela) así como los que han sufrido caídas notables en los últimos años (Argentina, Belice, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Bolivia).
México y Brasil se mantienen en el medio de la tabla, con una leve caída, producto tanto de desmejoras en áreas clave, como del avance de otros países que han terminado superándolos en el ránking.
Para el Centro Nacional de Competitividad, Panamá necesita hacerse más competitivo mediante el fortalecimiento institucional, la implementación de normas sólidas y estables que permitan que el aparato productivo y la sociedad en su conjunto alcancen niveles óptimos de bienestar.
La eficiente gestión gubernamental atrae a la inversión local y extranjera, señala el reporte, que en su conjunto, incide sobre el crecimiento económico del país.
En ese sentido, el presidente de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), Roberto Cuevas, manifestó que hay iniciativas internacionales de transparencia adoptadas por muchos países, a las que el país debe mirar.
‘Para las industrias extractivas sería muy importante que Panamá se adhiriera a estas iniciativas, que permitirían conocer qué se paga, cómo se paga y cómo los gobiernos y autoridades locales utilizan estos recursos por el bienestar de las comunidades’, destacó.
