Juan Francisco Soto, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), dijo a periodistas que presentaron la denuncia ante la Fiscalía contra Héctor Pérez y Roberto Molina, y una querella contra Alejandro Maldonado, todos ellos exmagistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal de Guatemala.
Según el activista, la querella contra Maldonado se planteó debido a que goza de inmunidad por ser diputado del Parlamento Centroamericano.
Explicó que los tres exjueces 'tergiversaron' los recursos legales que se plantearon ante la CC para exonerar a Ríos Montt tras la sentencia de 80 años de prisión dictada por un tribunal el 10 de mayo de 2013 por la matanza de 1.771 indígenas mayas-ixiles en el noroeste del país durante su régimen de facto entre 1982 y 1983.
'Tres exmagistrados de la corte más alta de este país emitieron una resolución prevaricada', afirmó Soto, al indicar que los jueces de la CC se basaron en 'hechos falsos' para anular la sentencia emitida por la jueza Yassmin Barrios.
La anulación de la sentencia se basó en supuestos errores durante el proceso judicial, alegados por la defensa del militar de 90 años, por lo que se ordenó repetir el juicio.
Tras el anuncio de las denuncias contra los exmagistrados, el CALDH realizó un acto para recordar la sentencia condenatoria emitida hace cuatro años y que a su juicio se mantiene 'vigente'.
El conflicto armado en Guatemala dejó, según un informe de la ONU presentado en 1999, unos 200.000 muertos y desaparecidos, y la mayoría de ellos fueron indígenas en masacres cometidas por soldados.
