El anuncio de la activación de un sistema que le permitirá al Departamento de Justicia descongestionar las cortes de inmigración encendió las alarmas entre abogados y activistas proinmigrantes a nivel nacional ante la posibilidad de que muchos casos ya cerrados sean reactivados por fiscales especiales, multiplicando las probabilidades de que miles de personas que no iban a ser deportadas ahora sí sean expulsadas del país.
El método, revelado por el secretario de Justicia, Jeff Sessions, se basa en la evaluación del desempeño de los jueces de inmigración teniendo en cuenta el número de casos ventilados y la cantidad de procesos terminados.
Pero los planes de Sessions incluyen algo más que la evaluación de los jueces y la aceleración de los casos acumulados. El jueves el fiscal general también mencionó que quiere abrir los casos de inmigración cerrados administrativamente por los jueces y aceptados por los fiscales de inmigración.
De conseguirlo, colocará en la mira de las deportaciones a otros miles de inmigrantes, algunos de los cuales llevan años en Estados Unidos.
"El fiscal general Sessions sigue atacando la independencia de los jueces y también las cortes de inmigración", dice Víctor Nieblas, un expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA). "Quiere reabrir casos que ya han sido investigados y aprobados por los fiscales de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE)".
Nieblas añade que, "esto agravará el problema" y "aumentará el atasco en las cortes de inmigración", y que la medida "afectará a miles de inmigrantes que las autoridades federales han comprobado que se trata de personas con las más bajas prioridades para ser deportadas de Estados Unidos".
"Inmigrantes con familias numerosas y que llevan décadas en Estados Unidos, tendrán que pelear nuevamente sus casos, esta vez bajo un gobierno que no los quiere en el país", agregó.
Para el abogado de inmigración Ezequiel Hernández, quien ejerce en Phoenix, Arizona, y colabora frecuentemente con el Noticiero Univision, los planes de Sessions son "malas noticias" para miles de extranjeros que tienen sus casos cerrados por las cortes de inmigración.
"El gobierno quiere que la gente que no es una prioridad de deportación, no tiene crímenes y no representan una amenaza para el país, sean enviados nuevamente al proceso para que pierdan sus casos, reciban una orden de deportación y los expulsen del país", añadió.
Hernández explicó que el gobierno está centrando la mirada en casos "que llevan tiempo en el país, han formado familias, tienen permiso de trabajo, una vida hecha en Estados Unidos porque así lo permitió el debido proceso migratorio, y ahora quieren deshacerse de ellos. Y no son solo unos cuántos, son miles".
Los afectados
De llegarse a implementar el plan de Sessions, el número de afectados provocaría una crisis sin precedentes, advierten abogados consultados por Univision Noticias.Las palabras de Sessions "sugieren que el secretario tiene la intención de buscar una manera de eliminar el proceso de cierre administrativo de los casos de inmigración", dice la abogada Rebeca Sánchez Roig, quien durante 15 años fungió como fiscal de inmigración. "El cierre administrativo es un mecanismo de procedimiento que detiene temporalmente el proceso de deportación ante el tribunal de inmigración. Al cerrar administrativamente el caso, el juez elimina el caso del calendario judicial o del Board of Immigration Appeals".
Los cierres administrativos, agrega, "han sido supremamente importante para aquellos inmigrantes que están solicitando residencia permanente legal, ciudadanía, visas U o T, u otros visados, y se encuentran en proceso de deportación ante el tribunal de inmigración".
Sánchez Roig advierte que "al cerrar un caso, la corte le está dando una oportunidad a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) a que procese las solicitudes presentadas, y el solicitante está protegido de la deportación". Si por el contrario el caso es reabierto, como pretende Sessions, esa oportunidad se elimina.
Los peligros
Consultada en cuanto a los peligros que encierra el plan de Sessions, Sánchez dijo que "de implementarse la medida y cerrarse un caso, por regla general el proceso corre más rápidamente que el procesamiento de USCIS de las solicitudes de beneficios migratorios".Advirtió que en estos momentos la USCIS tiene grandes demoras "inexplicables" para otorgar un beneficio migratorio, situación que pondrá en riesgo de deportación a muchos inmigrantes que pudieran verse afectado por los planes del fiscal general.
La abogada señaló además que una eventual reapertura de casos cerrados administrativamente y que ya cuenten con la aprobación del beneficio por parte de la USCIS, "pueden ser físicamente deportados".
Sánchez estimó que existen unos 350,000 casos cerrados administrativamente, que pudieran sumarse a los más de 650,000 casos acumulados en ñas cortes de inmigración a finales de septiembre.
A la pregunta respecto a qué hacer en estos momentos, Hernández recomendó esperar "hasta saber qué hará el Departamento de Justicia" con las instrucciones del fiscal general Sessions.
"Primero, deberán enviar a las personas que resulten afectadas una notificación, y una fecha en el calendario de las cortes. Si la recibe, hable inmediatamente con su abogado para definir un plan de acción", explicó.
Dijo además que "por ningún momento, si llegan a reabrir su caso, falte a una cita en la corte de inmigración, porque si lo hace el juez puede emitir de inmediato una orden de deportación en ausencia.
Hernández también advirtió que "si se llega a concretar el plan, las cortes de inmigración se verán sobrepasadas a niveles récord nunca antes visto", y recordó que "ya en estos momentos las esperas en algunos casos superan los tres o cuatro años en algunos estados".
Más deportaciones
El plan revelado por Sessions se traduce en "más deportaciones", advierte Matt Adams, director del departamento legal del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, en Seattle, Washington.
"él (Sessions) sigue con una meta principal, expulsar a más personas", agregó. "él quiere acelerar los casos sin asegurar que todos reciban una audiencia justa, con oportunidad completa de presentar sus defensas o aplicar por los beneficios para los que califican".
Ante esta amenaza, Adams dice que "es más importante que nunca para las personas y sus representantes legales, que exijan que las cortes no violen sus derechos al tratar de acelerar los procesos y quitarles el tiempo necesario de preparar y presentar sus casos. Y claro, la situación es más grave todavía porque las personas, en el procedimiento de deportación, no tienen derecho a defensor público si son de bajos recursos".
Cifras alarmantes
Al 30 de septiembre del año pasado, término del año fiscal 2017, las cortes de inmigración tenían acumulados 658,728, según el conteo hecho por el Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Siracuse.Las cortes con mayor número de casos acumulados se ubican en California, con 123,217; Texas, con 103,384; Nueva York, con 89,489; Florida, con 43,492; Virginia, con 38,531; y Nueva Jersey, con 35,298.
En cuanto al tiempo de espera, el TRAC dijo que los casos demoran en promedio 698 días, y en cuanto a las nacionalidades, la lista la encabeza El Salvador, con 143,046. Le siguen:
México: 142,390
Guatemala: 112,547
Honduras: 94,445
China: 23,763
India: 17,501
Ecuador: 15,969
Si el plan de Sessions se pone en vigor, a los 658,728 casos acumulados a finales de septiembre podrían agregarse otros 350,000 estimados por abogados.
