Por estrategiaynegocios.net
De acuerdo con los registros del Ministerio Público (MP) en los últimos 31 meses han sido promovidas 12 mil 650 denuncias por hechos ilícitos cometidos a través de Facebook, Instagram y WhatsApp.
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Estas aplicaciones son utilizadas con mayor frecuencia en Guatemala, según un informe sobre uso de internet en Guatemala, publicado por la agencia We are Social que señala que datos publicados en los recursos publicitarios de Meta indican que Facebook tenía 8 millones 450 mil usuarios en Guatemala a principios de 2022.
De acuerdo con el desglose de datos del MP, del 1 de enero al 9 de agosto de 2022, se han registrado unas 3 mil 554 denuncias por diversidad de actos ilegales que se cometen por medio de las aplicaciones anteriormente mencionadas, dicha cifra refleja que son unas 506 denuncias presentadas mensualmente, aproximadamente.
Durante el 2021 se sumaron 5 mil 371 quejas, es decir, unas 477 al mes; en 2020 fueron 3 mil 365 y en 2019 la cifra era de 1 mil 547 denuncias. Los delitos que reflejan mayor incidencia son estafa propia, amenazas y extorsión.
Las localidades donde más se cometen estos ilícitos son:
- Guatemala con 1 mil 316 denuncias
- Quetzaltenango con 219 denuncias
- Alta Verapaz con 177 denuncias
- Chiquimula con 172 denuncias
Opinión de expertos
Expertos en temas de seguridad y tecnología consideran que es necesario implementar a la mayor brevedad posible campañas de prevención, información y las instituciones encargadas de la seguridad y justicia, deberán innovar sus mecanismos de investigación, para frenar este flagelo.
Las agrupaciones ilegales buscan medios más efectivos y con menos riesgos para obtener dinero ilícito y el cambio a las redes sociales obliga a dichos grupos a migrar a la vía más expedita, algunos años atrás “la privacidad era un tesoro y muy resguardada, pero las nuevas generaciones publican muchísima información con detalles de ubicación y otros, vulnerado su privacidad y se la suministran de gratis a estas personas” mencionó Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
El profesional explicó que la mayoría de los usuarios en las redes sociales “filtran temas como su capacidad económica y prácticas internacionales hacen que pueda prosperar una estafa bastante fácil” y considera importante la educación para todos en el sentido de que la información privada no debe revelarse “porque la delincuencia está al acecho” advirtió.
Édgar Ortiz, director jurídico de la fundación Libertad y Desarrollo, atribuye que el incremento de estos delitos fue por “la pandemia, especialmente por la proliferación de canales de venta por medios digitales” por lo que considera que lo más efectivo es “la prevención”.
“Hay que educar a la gente para enseñarle a tomar precauciones, para no compartir datos en aplicaciones y verificar la identidad de quienes les contactan” dijo.
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Entre los principales retos que enfrenta el sector de justicia y seguridad “es identificar estas estructuras y su modo de operación. Se requiere mucho trabajo de inteligencia. En este tipo de estafas no se hecha tanto en falta el vacío legal de ciberdelitos” consideró Ortiz y explicó que una estafa se considera como tal, independientemente de que se realice por medios cibernéticos, o no.
Con información de Prensa Libre
