Alcatel-Lucent -desde entonces adquirida por la finlandesa Nokia-, así como uno de sus directivos y un dirigente de una filial, fueron procesados por corrupción activa de agentes públicos extranjeros.
Eran sospechosos de estar implicados en el pago de sobornos por varios millones de dólares entre 2001 y 2004 a altos funcionarios y responsables costarricenses, a través de asesores, para asegurarse contratos con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Entre estos contratos figura uno, que el ICE adjudicó a Alcatel-Lucent para el suministro de 400.000 líneas de telefonía móvil, por un valor de US$149 millones. El ICE presentó una demanda por este caso.
Dos empleados de Alcatel, en el centro del sistema de sobornos, ya fueron condenados en Estados Unidos y en Costa Rica hace unos años.
En 2008, el tribunal de Miami (Alcatel cotizaba en Estados Unidos en el momento de los hechos) condenó a 30 meses de cárcel al ex vicepresidente adjunto de Alcatel para América Latina, Christian Sapsizian, que se declaró culpable, reconociendo haber pagado sobornos. El director general de Alcatel Costa Rica, Edgar Valverde Acosta, fue condenado por su parte en 2011 en Costa Rica a 15 años de prisión.
En 2010, Alcatel-Lucent aceptó pagar US$137 millones para cerrar el caso de corrupción en Estados Unidos, admitiendo que hubo un déficit de control interno.
En Francia, el tribunal correccional absolvió el miércoles a Alcatel-Lucent 'por no haber podido identificar al órgano o al representante que actuó de forma fraudulenta en nombre de la empresa'.
Un directivo de Alcatel-Lucent y un dirigente de su filial Alcatel-Standard también fueron absueltos, ya que el tribunal estimó que no tenía la 'prueba' de que hubieran 'participado, con conocimiento de causa, activamente en el esquema de corrupción creado y organizado por Edgar Valverde Acosta y Christian Saspizian'.
El expresidente de Costa Rica Miguel ángel Rodríguez (1998-2002), que supuestamente recibió más de US$800.000 por comisiones ilegales, fue condenado en 2011 en su país a cinco años de cárcel por 'corrupción agravada'. En 2016, la Corte Suprema lo absolvió.
