Por estrategiaynegocios.net
Así lo señalaron el lunes (18.07.22) las autoridades de este foro en la presentación del estudio sobre la integridad en Costa Rica, en una actividad a puerta cerrada en la Presidencia de la República, en la que estuvieron presentes altos jerarcas de los supremos poderes.
La OCDE dijo que si bien en el país recientemente se impulsó la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC), señaló que el marco para combatirla está “fragmentado, que hay vacíos y que está falto de orientación”.
Cabe destacar que la ENIPC busca los siguientes objetivos: unificar la respuesta institucional frente a la corrupción, establecer medidas definitivas y evaluables, así como fortalecer el impacto de estos esfuerzos para el país.
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El informe de la OCDE recomendó al país establecer una comisión de coordinación permanente que involucre “a los actores de integridad clave”. Mencionó que es necesario que el Presidente de la República se involucre para la dirección política de esta comisión y asignándole la Secretaría Técnica de la comisión a la Procuraduría de Ética Pública.
“El marco legal de Costa Rica sobre la gestión de conflictos de interés está fragmentado, lo que dificulta que los funcionarios públicos sepan qué medidas se les aplican. Solo se proporcionan prohibiciones y sanciones generales. Además, no existe una definición clara de lo que es un conflicto de interés, lo que ha socavado el desarrollo de un sistema general con responsabilidades institucionales claras para prevenir y gestionar los conflictos de interés”, señala el informe en su resumen ejecutivo.
El estudio añade que Costa Rica actualmente carece de “las barandillas” necesarias para garantizar que los procesos de toma de decisiones públicas sean transparentes y estén protegidos contra influencias indebidas.
En este sentido, la OCDE sugirió acciones para vigilar aspectos como las actividades de cabildeo y de influencia, para el proceso de selección de grupos asesores o de expertos, y promover la transparencia sobre cuáles son los resultados de estas consultas.
También recomendó fortalecer sus reglas existentes sobre transparencia e integridad en los procesos electorales, sobre todo en límites de contribuciones y de gastos y adoptar regulaciones sobre publicidad en medios en línea.
La OCDE también cuestionó el que marco legal e institucional del país para la aplicación disciplinaria está muy fragmentado, en lo que respecta a los procedimientos aplicables a las diferentes categorías de funcionarios y entidades públicas y la descripción de las infracciones establecidas en varias normas.
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En este caso, la OCDE recomendó desarrollar un conjunto de reglas disciplinarias comunes para simplificar su marco disciplinario general en todo el sector público y garantizar la equidad, la claridad y un nivel coherente de responsabilidad disciplinaria.
Con información de CRHoy
