El próximo presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR) deberá lidiar con una realidad mundial complicada por el alza en la inflación y las altas deudas públicas contraídas para hacer frente a la pandemia de Covid-19, lo cual encarece el crédito, vuelve a ralentizar la reactivación económica y obliga a modificar a la baja las proyecciones de crecimiento.
Dos recientes publicaciones del Fondo Monetario Internacional expresan la preocupación de que, a las presiones inflacionarias ya existentes, causadas por el rebote económico postpandemia y las descoordinaciones en las cadenas de suministros, se suma ahora el impacto de la invasión rusa de Ucrania, que se prolonga ya por casi dos meses.
Aquí, sectores cercanos al presidente electo, Rodrigo Chaves, aseguran que son cinco los nombres de economistas, todos hombres, considerados como posibles sucesores de Rodrigo Cubero, actual presidente del BCCR.
Entretanto, en los gremios financieros, predominan la expectativa y la disposición de conversar con las futuras autoridades, en cuanto sean oficialmente anunciadas.
Anabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica, dijo “estar a la espera de que se nombre” a quien presidirá el BCCR “para tener un acercamiento”.
Esta Cámara está integrada, según su propia definición, por bancos estatales, públicos y privados, financieras y mutuales y cooperativas de ahorro y crédito.
Por su parte, María Isabel Cortés, directora Ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), indicó que la organización que representa “tiene muy claros los temas país y la responsabilidad que tiene el Sistema Bancario de apoyar aquellas iniciativas que permitan avanzar en la ruta del desarrollo y crecimiento socioeconómico; en esa línea de gestión, propiciaremos los canales de comunicación necesarios con el nuevo Gobierno”.
En enero pasado, dos temas que causaron controversias entre el BCCR y la ABC fueron los criterios técnicos usados para la fijación de comisiones máximas por el uso de tarjetas por parte del banco y la oposición de la ABC a la anunciada introducción de la digitalización del pin de seguridad de las tarjetas de pago, a partir de pagos por ₡30 mil (US$45.89).
Sobre el primer tema, esta organización aseguró que llevará el asunto a los tribunales.
