Por El Mundo (El Salvador)
El informe, presentado el 25 de junio, reprueba a cinco países de América Latina, entre ellos El Salvador.
El Salvador resultó reprobado en el último informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sobre los requisitos mínimos de transparencia fiscal y manejo de fondos públicos en el último año.
"Aunque el presupuesto estuvo completo en lo sustancial , los ingresos reales y los gastos no corresponden racionalmente a los que aparecían en el presupuesto aprobado", indica el Reporte de Transparencia Fiscal (FTR, por su sigla en inglés), requerido por el Congreso de los EE. UU. para evaluar si los gobiernos cumplen los requisitos mínimos de transparencia.
El gobierno de los Estados Unidos afirmó que los procesos de contratación y licencia para extracción de recursos naturales "parece estar cumpliéndose de acuerdo a la ley".
Datos reales.
El Departamento de Estado evalúa cada año si los gobiernos cumplen con requisitos mínimos de transparencia, como tener documentos presupuestarios completos y confiables; y la transparencia en procesos de adjudicación de contratos y licencias para la extracción de recursos naturales. En el caso de El Salvador, el Departamento de Estado dejó tres recomendaciones: publicar un presupuesto aprobado que corresponda a los ingresos reales y gastos del Gobierno; publicar auditorías de todo el presupuesto anual; y también otorgar autoridad administrativa a las instituciones encargadas.
El informe, presentado el 25 de junio, reprueba a cinco países de América Latina, entre ellos El Salvador.
El Salvador resultó reprobado en el último informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sobre los requisitos mínimos de transparencia fiscal y manejo de fondos públicos en el último año.
"Aunque el presupuesto estuvo completo en lo sustancial , los ingresos reales y los gastos no corresponden racionalmente a los que aparecían en el presupuesto aprobado", indica el Reporte de Transparencia Fiscal (FTR, por su sigla en inglés), requerido por el Congreso de los EE. UU. para evaluar si los gobiernos cumplen los requisitos mínimos de transparencia.
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El informe, presentado el 25 de junio, reprueba a cinco países de América Latina, entre ellos El Salvador: Nicaragua, El Salvador, Belice, Haití y República Dominicana.
Insatisfechos
Durante 2020, la Asamblea Legislativa autorizó la emisión de US$2.000 millones en deuda pública para sufragar los gastos originados por la pandemia del covid-19. Diferentes organismos de transparencia a nivel nacional e internacional han criticado al país por la falta de rendición de cuentas y fiscalización sobre estos fondos.Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende
El Departamento de Estado también da cuenta de estas deficiencias. Según el reporte, durante 2020 "el presupuesto y la información de la deuda estuvo ampliamente accesible al público, incluso en línea"; pero existe preocupación sobre estos datos. "Hay preocupación además de que el Gobierno no ha brindado información completa sobre los gastos por el covid-19 al Congreso", indica el informe.
Le faltó autoridad
Además, la Corte de Cuentas de la República, "institución encargada de auditar, revisó una parte de las cuentas del Gobierno pero no tuvo la capacidad de auditar el presupuesto anual completo, y le faltó autoridad para cumplir su deber", advierte el Departamento de Estado.El gobierno de los Estados Unidos afirmó que los procesos de contratación y licencia para extracción de recursos naturales "parece estar cumpliéndose de acuerdo a la ley".
Datos reales.
El Departamento de Estado evalúa cada año si los gobiernos cumplen con requisitos mínimos de transparencia, como tener documentos presupuestarios completos y confiables; y la transparencia en procesos de adjudicación de contratos y licencias para la extracción de recursos naturales. En el caso de El Salvador, el Departamento de Estado dejó tres recomendaciones: publicar un presupuesto aprobado que corresponda a los ingresos reales y gastos del Gobierno; publicar auditorías de todo el presupuesto anual; y también otorgar autoridad administrativa a las instituciones encargadas.
