En contraste con sus vecinos centroamericanos, Honduras dispone de una monumental cartera de al menos L92.807 millones de lempiras (US$3.742 millones), entre fondos aprobados del presupuesto nacional, donaciones, financiamientos externos y autorizaciones para adquirir nuevos préstamos para atender la emergencia derivada de la pandemia del covid-19.
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La cifra es mucho mayor a los presupuestos aprobados por sus vecinos más cercanos, en este caso El Salvador que aprobó para la gestión de la emergencia del coronavirus unos US$2.000 millones, mientras Guatemala dispuso de una cartera global de al menos US$2.025 millones.
Solamente en fondos aprobados por los organismos multilaterales de financiamiento y donaciones de países amigos (BID, FMI, Banco Mundial, BCIE, Taiwán y Usaid), el Gobierno hondureño dispone de alrededor de US$582.4 millones (L14.443 millones).
A estos se suman, L3,804 millones del presupuesto nacional y más de US$3.000 millones (L74.400 millones) aprobados mediante decretos de ley por el Congreso Nacional entre el 13 de marzo y el 1 de abril del presente año.
Hasta el 12 de abril pasado, el Gobierno hondureño había ejecutado un presupuesto de alrededor de L2.200 millones en compras e inversiones para atender la emergencia a través de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), la Secretaría de Salud e Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H).
Muchas de estas inversiones consistentes en adquisición de hospitales móviles, mejora de centros de atención, abastecimiento de insumos sanitarios, equipos médicos, trajes de bioseguridad y otros implementos, han sido objeto de fuertes cuestionamientos, debido a la sobrevaloración de costos y la ausencia de información relacionada con los procesos de compras.
Desde que la pandemia comenzó a amenazar las fronteras del país, el Gobierno adoptó varias medidas presupuestarias para hacer frente a las diferentes intervenciones sanitarias, sociales y económicas derivadas del covid-19.
Fue así que el 13 de marzo, el Congreso Nacional aprobó una partida de US$502 millones, unos L12.400 millones, bajo el amparo de la Ley de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los Efectos del Coronavirus.
Diecinueve días después, el 1 de abril, los diputados aprobaron la Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores ante los Efectos de la Pandemia Provocada por el covid-19, que entre otras cosas, facultó al Ejecutivo a gestionar endeudamiento interno y externo por US$2.500 millones de dólares, unos L62.000 millones.
En un informe de análisis y propuestas con motivo de la pandemia, el Foro Social para la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh) precisa también que el 10 de febrero, mediante decreto ejecutivo PCM 005-2020, se aprobaron L110 millones destinados para combatir el dengue y la posible llegada del covid-19. Estos fondos fueron destinados a Copeco.
Luego el titular del Ejecutivo solicitó al Congreso la aprobación de L623 millones como una línea directa para la compra de trajes de protección, hospitales móviles, respiradores mecánicos, remodelación de salas, camas, indumentaria, termómetros y contratación de personal. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado información de esos recursos aprobados. Posteriormente, el 17 de marzo se publicó el decreto ejecutivo PCM-020-2020 donde se ordenó a la Secretaría de Finanzas destinar el 2% del Presupuesto General de la República, unos 3.686 millones de lempiras, para atender la emergencia.
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Posteriormente, el FMI, el Banco Mundial, el BID y el BCIE anunciaron la disponibilidad de US$143, US$119, US$59,2 y US$250 millones, respectivamente, como apoyo a Honduras para afrontar la crisis derivada del covid-19.
Dante Mossi, presidente del BCIE, precisó a LA PRENSA que del paquete de US$1.900 millones aprobados por ese organismo para el istmo, más de US$250 millones estarán destinados a Honduras, de la siguiente forma: US$200 millones para el Banco Central de Honduras, US$50 millones para la Secretaría de Finanzas y US$350 millones para el sector privado de toda la región. Además de US$1 millón en emergencia para el Sinager y la donación de los kits de prueba por una cantidad aproximada de US$300.000 por cada país.
A estos se suman, las donaciones efectuadas por Taiwán de US$1 millón y US$8,9 millones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
En conclusión, el Fosdeh estima que el Gobierno ha destinado o conseguido a través de transferencias y donaciones un monto de L80,640.71 millones, unos US$3.240.1 millones, dirigidos principalmente para atenuar las consecuencias del covid-19. Sin embargo, datos obtenidos y actualizados por LA PRENSA establecen que la cifra es mucho mayor y a la fecha ya ronda los L92,807 millones, unos US$3.742 millones.
Ismael Zepeda, economista del Fosdeh, dijo que el 80% y 85% de todo ese presupuesto es dinero virtual, es decir, que son fondos que la Secretaría de Finanzas deberá gestionar ante la banca y organismos internacionales, entre ellos, los US$2.500 millones aprobados por el Congreso.
Zepeda advirtió que debido a la crisis y la caída de ingresos será imposible que el Gobierno pueda cumplir con la meta de ingresos fiscales, por lo que tendrá que recurrir al endeudamiento externo en esos montos para afrontar la emergencia.
