Costa Rica espera que Nicaragua 'recapacite' sobre la inconveniencia de mantener personal en un territorio en disputa en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y así poder retomar una relación armoniosa en la frontera común, manifestó este viernes el ministro de Relaciones Exteriores costarricense, Enrique Castillo.
Por: AFP
'Nosotros conservamos la esperanza de que Nicaragua recapacite y que comprenda que tener personal en una zona prohibida que es costarricense, contraviniendo la orden de la Corte (CIJ), es una daga clavada en el corazón del pueblo de Costa Rica', expresó Castillo en un comunicado.
El ministro inauguró este viernes en Managua la sede diplomática costarricense que, afirmó, representa 'un mensaje de presencia de Costa Rica defendiendo sus intereses'.
'Nicaragua nos agredió gratuitamente sin que nosotros todavía comprendamos las razones', agregó Castillo, e insistió en que las autoridades nicaragüenses deben despejar la zona fronteriza que generó la disputa que ahora se dirime ante la CIJ.
Castillo viajó el jueves a Managua para participar en una cumbre centroamericana en representación de la mandataria Laura Chinchilla, quien declinó ir debido al diferendo.
Desde octubre de 2010, las dos naciones disputan un pequeño territorio en el sector oriental de su frontera común, denominado Isla Calero o Isla Portillo, que según las autoridades de San José fue 'invadido' por Nicaragua.
El gobierno del presidente Daniel Ortega rechaza esa versión y asegura que la zona es territorio nicaragüense.
El tema se ventila ante la CIJ, con sede en La Haya, pero el proceso es largo y podrían pasar varios años antes de que el tribunal emita una sentencia.
El conflicto bilateral se agudizó con la decisión de Costa Rica de construir una carretera paralela al río San Juan, de soberanía de Nicaragua, pero que marca la línea fronteriza.
Según Managua, la obra provocó daños ambientales a la cuenca, lo que llevó a una condena para Costa Rica por parte de la Corte Centroamericana, cuya jurisdicción desconoce San José.
Las autoridades judiciales costarricenses investigan denuncias de corrupción sobre la construcción de ese camino, que involucra a funcionarios gubernamentales y empresarios privados, quienes están detenidos y esperan que este viernes se defina su situación jurídica.
