Celso Gamboa Sánchez, magistrado suspendido de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, perdió este jueves su inmunidad y ahora será juzgado por presunto tráfico de influencias en perjuicio de los deberes de la función pública.
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En una votación histórica, 45 diputados lo dejaron sin el fuero especial que lo protegía para que no fuera procesado por la causa penal.
La decisión la tomó el Plenario Legislativo a las 6:33 p.m., después de que 31 congresistas acordaron que la votación fuera pública, y luego de tres días de intensas deliberaciones entre los legisladores, incluyendo este jueves.
El acuerdo para que la votación no fuera secreta motivó al legislador óscar López, del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), a retirarse del Plenario, como acto de protesta, mientras Otto Guevara, del Movimiento Libertario, optó por no votar, con lo cual perdió su dieta.
La mayoría de diputados acogió el informe de la comisión especial del Congreso que recomendó levantar la inmunidad del magistrado de lo penal y después de que Gamboa ejerció su defensa el martes pasado.
Según ese informe, entre el 25 de noviembre de 2015 y el 8 de enero de 2016, Gamboa, siendo subjefe del Ministerio Público, se valió de su cargo para obtener ventajas indebidas a favor de Johnny Araya, alcalde de San José.
El ahora magistrado "implementó, en conjunto con otros funcionarios del Ministerio Público, una serie de gestiones encaminadas a eliminar toda referencia del señor Johnny Araya como imputado en la causa conocida en el expediente 12-00096-621-PE en el Sistema Informático de la Fiscalía de Probidad e incluso de la carátula del legajo antes mencionado", indica el informe leído en el Plenario.
De acuerdo con la investigación que la Fiscalía General de la República remitió a la Asamblea Legislativa, Gamboa presuntamente medió para quitar a Araya de esa causa penal que se tramitaba en 2015.
A pesar de los alegatos del magistrado, el informe aprobado por los diputados concluyó que el caso de Gamboa no obedece a persecución política y que es necesario levantar su inmunidad para que enfrente la justicia.
La Asamblea Legislativa también comenzará cuanto antes un procedimiento para revocar el nombramiento del magistrado a solicitud de la Corte Plena.
Esta otra petición de la Corte obedece a una investigación contra el magistrado por el caso del cementazo y el viaje que hizo a Panamá con Juan Carlos Bolaños, importador del cemento chino, quien descuenta seis meses de prisión preventiva.
Por sus gestiones a favor de Bolaños -quien importó el cemento chino con líneas de créditos superiores a los US$30 millones otorgadas por el Banco de Costa Rica (BCR)- la comisión especial que investigó el cementazo recomendó destituirlo e inhabilitarlo del ejercicio de cargos públicos por 10 años.
El juez Celso Gamboa de la sala penal de la CSJ fue separado de su cargo en una decisión unánime de sus partes, tras una maratónica sesión de más de ocho horas que concluyó cerca de la medianoche del miércoles, según el Poder Judicial.
Gamboa se suma así a una creciente lista de funcionarios públicos sancionados por su posible vinculación con el caso.
El fiscal general Jorge Chavarría fue suspendido la semana pasada por tres meses mientras se investiga su papel en el escándalo, mientras que el presidente Luis Guillermo Solís pidió la renuncia de los siete integrantes de la junta directiva del estatal Banco de Costa Rica, de los cuales dos acataron el llamado y los otros fueron suspendidos.
En el centro del escándalo está el empresario Juan Carlos Bolaños, señalado de ejercer presión política y otorgar gratificaciones a cambio de la autorización para importar cemento de China con créditos millonarios de bancos públicos sin las debidas garantías.
En el caso de Gamboa, su suspensión fue decidida horas después de que el sitio noticioso CRHoy publicó que el magistrado viajó a Panamá en el mismo vuelo de ida y vuelta con Bolaños y que los pasajes de ambos fueron pagados con la misma tarjeta de crédito.
Otros medios han publicado que, siendo juez de la CSJ, Gamboa ayudó a Bolaños a registrar en Panamá la empresa Sinocem, importadora de cemento, y realizar trámites de sus negocios en los tribunales costarricenses.
Gamboa se defendió de los señalamientos este miércoles en su página de internet al señalar que 'yo pagué mi boleto, los motivos de mi viaje (a Panamá) son totalmente ajenos a Bolaños, sus créditos o negocios'.
El escándalo puso en entredicho a diputados de varios partidos que habrían presionado por otorgar contratos y beneficios a Bolaños.
