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Estos son los principales riesgos reputacionales en Panamá para 2024

Corrupción, falta de agua, desempleo, educación e inseguridad, entre los temas destacados en el informe elaborado por LLYC.

2024-03-20

Por revistaeyn.com

LLYC lanzó el informe “Panamá: Estrategias Audaces frente a Riesgos Críticos”, donde logran identificar los 10 riesgos reputacionales más significativos para Panamá en la actualidad.

Se realizó a través de un proceso estratégico que combinó la evaluación de más de 4 millones de menciones provenientes de la conversación digital de 61.000 perfiles analizados por equipos especializados en Asuntos Públicos, Riesgos y Deep Learning.

El informe se refiere a riesgos que enfrenta el país y el sector privado, entendiendo a Panamá como la gran empresa en la que todos somos accionistas y que está a las puertas de un cambio de autoridades en los poderes ejecutivo y legislativo.

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El Fenómeno del Niño: Una estrategia visionaria y cooperativa para enfrentar los desafíos actuales y futuros, fortaleciendo la resiliencia del país frente a las amenazas ambientales y promoviendo un desarrollo sostenible.

Corrupción: La conversación online refleja un 87 % de menciones negativas sobre la corrupción. Los ciudadanos demandan una mayor rendición de cuentas y transparencia. El análisis offline destaca la importancia de abordar tanto casos individuales como problemas sistémicos.

Una democracia frágil: El informe sugiere la necesidad de abordar las preocupaciones sobre corrupción y desigualdad económica para consolidar el progreso. La sociedad panameña está activamente comprometida con la reforma y mejora del sistema democrático.

Polarización social: La polarización social, impulsada por desigualdades socioeconómicas y percepción de corrupción, es una problemática que exacerbada por la proximidad de las elecciones, requiere un enfoque integral que promueva el diálogo inclusivo, aborde las desigualdades subyacentes y fortalezca las instituciones democráticas.

Falta de agua en el Canal De Panamá: La empresa privada puede contribuir a mejorar la crisis del agua en el Canal de Panamá, mediante el desarrollo de tecnologías de conservación y desalinización, la inversión en infraestructura hídrica y la promoción de prácticas empresariales sostenibles para reducir la huella hídrica.

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Educación: La conversación destaca la preocupación por la calidad educativa y los desafíos laborales, urgiendo a soluciones prácticas y efectivas.Las empresas pueden impulsar programas de formación técnica, mejorar la infraestructura escolar y fomentar la conectividad digital, aliados a instituciones y gobierno

Inseguridad: El sector privado puede contribuir al abordaje de la inseguridad en Panamá mediante la colaboración con el gobierno y la sociedad civil para mejorar la infraestructura de seguridad, promover iniciativas comunitarias y ofrecer programas de capacitación laboral.

Desempleo: La colaboración entre el sector privado, el gobierno y la sociedad civil es fundamental para abordar estos desafíos. Es crucial que las empresas establezcan alianzas con instituciones educativas para adaptar los planes de estudio a las necesidades del mercado laboral actual y futuro.

Pobreza y Desigualdad: La situación de pobreza y desigualdad persiste a pesar del crecimiento económico, especialmente en áreas rurales e indígenas. Se requiere una estrategia integral que incluya inversión en educación, salud y desarrollo social, así como medidas para reducir la brecha de género y fomentar la formalización del empleo.

Crisis en la Salud: Se requiere una revisión integral del sistema de salud, incluyendo reformas en el modelo de financiamiento, mejoras en la gestión y eficiencia operativa, lucha contra la corrupción y promoción de la salud preventiva, además de la ampliación de la cobertura de la seguridad social para incluir a la población informal.

De acuerdo con Ernesto Méndez Chiari, director de Asuntos Públicos de LLYC Panamá, “La próxima administración tendrá un papel clave, hay que recordar que no solo nos enfrentamos a retos locales, sino que también es la administración del último quinquenio previo al vencimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que busca poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático”.

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