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Por: Estrategia & Negocios
El asesinato del exfiscal anticorrupción guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el sábado 17 de octubre en un campo de fútbol de la capital, ha provocado una contundente reacción del presidente Bernardo Arévalo y un pronunciamiento de Estados Unidos. Mientras, las autoridades intentan esclarecer las circunstancias y motivaciones de un crimen que vuelve a colocar bajo escrutinio la seguridad y el funcionamiento de las instituciones de justicia del país.
La muerte del abogado, quien también dirigió la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y mantuvo una activa presencia pública denunciando presuntos actos de corrupción y vínculos del crimen organizado con sectores de poder, ha generado interrogantes que van más allá de la investigación policial.
El presidente guatemalteco advirtió que su Gobierno no se dejará intimidar y exigió identificar tanto a los responsables materiales como a los posibles autores intelectuales. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos reclamó que el asesinato sea investigado de manera completa y transparente, al tiempo que reivindicó el derecho a la libertad de expresión.
Arévalo: el terror no intimidará al Gobierno de Guatemala
El mandatario guatemalteco reaccionó públicamente al asesinato con un mensaje en el que repudió el crimen y demandó que todos sus responsables respondan ante la justicia.
En una publicación difundida en su cuenta de X, Arévalo sostuvo que el asesinato no debe quedar impune y anunció instrucciones para que las instituciones del Ejecutivo colaboren con las autoridades encargadas del esclarecimiento de los hechos.
Su pronunciamiento incluyó una advertencia especialmente contundente: “Quienes creen que el terror puede intimidar al pueblo de Guatemala y al gobierno que dirijo, se equivocan”.
El presidente aseguró que los autores materiales e intelectuales deben enfrentar las consecuencias legales y ordenó poner las capacidades de las instituciones gubernamentales al servicio de la investigación.
El pronunciamiento refleja la gravedad política que el Ejecutivo atribuye al asesinato de una figura conocida por sus investigaciones de alto impacto y sus frecuentes cuestionamientos a las estructuras de poder.
La vicepresidenta Karin Herrera también se manifestó sobre el crimen y afirmó que una voz crítica había sido silenciada. Además, advirtió sobre el riesgo de que Guatemala regrese a una etapa marcada por el terror y reclamó una respuesta inmediata de las instituciones de justicia.
El asesinato tiene, además, una dimensión histórica para la familia de la víctima: Solórzano Foppa era nieto de Alaíde Foppa, escritora y activista feminista desaparecida en Guatemala en 1980. En diciembre de 2024, el propio Arévalo encabezó un acto público en el que el Estado ofreció disculpas por su desaparición durante el conflicto armado interno.
Estados Unidos reclama una investigación transparente
La Embajada de Estados Unidos en Guatemala también condenó el asesinato del exfiscal y destacó expresamente su trayectoria en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
En un mensaje difundido el sábado, la representación diplomática calificó el homicidio de atroz y transmitió condolencias a los familiares y allegados del abogado.
La declaración incorporó una referencia especialmente significativa a las libertades fundamentales: “La libertad de expresión es un derecho fundamental y universal”.
Washington pidió que se desarrolle una investigación completa y transparente que permita esclarecer los hechos.
La referencia estadounidense a la libertad de expresión adquiere relevancia por el perfil de Solórzano Foppa, quien utilizaba habitualmente sus redes sociales para denunciar presuntas irregularidades y cuestionar decisiones de funcionarios, actores políticos y autoridades judiciales.
Sin embargo, el pronunciamiento diplomático no constituye una confirmación de que el asesinato haya sido cometido como represalia por esas denuncias. Esa eventual relación deberá ser establecida por la investigación.
Investigación: dos detenidos, cuatro posibles atacantes
Las autoridades guatemaltecas han comenzado a reconstruir la secuencia del atentado ocurrido en la mañana del sábado 17 de octubre en el complejo deportivo Campo Marte, ubicado en la zona 5 de Ciudad de Guatemala.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que los primeros indicios apuntan a la participación de cuatro personas que habrían ingresado al complejo utilizando ropa deportiva para acercarse a las víctimas.
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a dos hermanos identificados como Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18 años, originarios de Alta Verapaz.
Durante el operativo fueron incautados una carabina, municiones, un cargador y un chaleco táctico, elementos que forman parte de las pruebas que analizan los investigadores.
De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, cuatro equipos especializados de la PNC trabajan en coordinación con el Ministerio Público para determinar las circunstancias del ataque, identificar a los participantes y establecer sus motivaciones.
Las diligencias incluyen análisis de grabaciones de cámaras de seguridad, estudios balísticos, declaraciones de testigos y verificación de antecedentes de los detenidos. También se intenta localizar a otros dos posibles implicados.
Uno de los capturados, Rigoberto Choc Toz, negó públicamente haber participado en el crimen y aseguró que se encontraba realizando entregas de comida junto con su hermano. También acusó a agentes policiales de haber colocado un arma en su mochila, una afirmación que deberá ser contrastada con las evidencias de la investigación.
¿Qué ocurrió con la seguridad del exfiscal?
Uno de los aspectos que las autoridades deberán esclarecer es cómo pudo ejecutarse el atentado pese a que Solórzano Foppa contaba con protección policial.
El ministro Villeda confirmó que el abogado tenía asignado un esquema de seguridad desde 2010, debido a su participación como fiscal en investigaciones contra estructuras criminales. Las medidas habían sido reforzadas en noviembre de 2025.
Según la información preliminar, el exfiscal se encontraba dirigiendo un equipo de fútbol y estaba acompañado por su hijo menor de edad cuando ocurrió el ataque.
Los agentes encargados de protegerlo se encontraban aproximadamente a entre 30 y 40 metros de distancia. Uno de ellos intentó reaccionar al escuchar los disparos, pero no consiguió impedir el atentado.
El ataque también provocó la muerte de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, trabajador de la Federación de Judo, quien se encontraba en el complejo deportivo.
Villeda señaló que, de manera preliminar, Aguilar Gamarro pudo haber sido una víctima colateral y que los atacantes habrían tenido como objetivo principal a Solórzano Foppa. Esta circunstancia todavía está bajo investigación.
El Ministerio Público informó, por su parte, que mantiene abiertas todas las hipótesis razonables para determinar las circunstancias y el móvil del doble asesinato.
El ministro de Gobernación ha insistido en evitar conclusiones anticipadas mientras se contrastan las evidencias recabadas.
Hasta la información pública verificada para este domingo 18 de octubre, las autoridades no habían presentado una conclusión definitiva sobre quién ordenó el ataque ni sobre las razones que motivaron el crimen.
¿Qué denunciaba Solórzano Foppa antes de su asesinato?
Una de las principales interrogantes abiertas por el asesinato es si el crimen pudo estar relacionado con las investigaciones, denuncias y posiciones públicas que el exfiscal había sostenido durante su trayectoria profesional.
Solórzano Foppa, de 43 años, había adquirido notoriedad por su participación en investigaciones de corrupción y crimen organizado durante su paso por el Ministerio Público.
Entre 2013 y 2016 dirigió el área de Análisis Criminal de esa institución, desde donde participó en investigaciones de alto impacto, incluido el caso La Línea, que provocó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina en 2015.
Posteriormente, entre 2016 y 2018, encabezó la SAT, desde donde impulsó acciones contra la evasión fiscal y la defraudación tributaria.
En años recientes mantuvo una activa presencia en redes sociales, donde divulgaba información, formulaba denuncias y cuestionaba a funcionarios públicos, operadores judiciales y estructuras vinculadas con el crimen organizado.
Sus denuncias sobre pandillas y crimen organizado
La seguridad pública ocupaba un lugar central entre las preocupaciones del exfiscal.
El 29 de septiembre de 2026 cuestionó públicamente la capacidad de las instituciones guatemaltecas para enfrentar la violencia atribuida a las pandillas y criticó la respuesta del Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público y el Ejército.
Un año antes, en octubre de 2025, había divulgado información sobre presuntas fugas de integrantes del Barrio 18 de la prisión Fraijanes 2, antes de que las autoridades reconocieran públicamente el hecho.
Sus publicaciones también incluían denuncias sobre presuntos vínculos entre figuras políticas y organizaciones criminales.
En junio de 2026, por ejemplo, reveló que enfrentaba un proceso judicial iniciado por la diputada Nadia Torres, hija de Sandra Torres, y afirmó que mantendría sus denuncias sobre los presuntos vínculos de esa familia con pandillas.
Se trataba de señalamientos formulados por el propio abogado, cuya veracidad y eventuales responsabilidades deben determinarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
Señalamientos sobre corrupción y estructuras de poder
Otro eje de sus intervenciones públicas eran las denuncias relacionadas con el funcionamiento de instituciones estatales y presuntas redes de corrupción.
En septiembre de 2026, Solórzano Foppa señaló públicamente al exfuncionario Miguel Martínez, cercano al expresidente Alejandro Giammattei, por supuestos mecanismos de influencia sobre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
El abogado sostuvo que empresas presuntamente relacionadas con esas figuras recibían importantes recursos públicos y pidió al Ministerio Público investigar los hechos.
En julio también había planteado cuestionamientos sobre posibles relaciones entre compañías farmacéuticas, familiares políticos de la exfiscal general Consuelo Porras y funcionarios vinculados con investigaciones por lavado de dinero.
Sus críticas alcanzaron igualmente al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, y a distintas actuaciones del sistema de justicia.
Estas denuncias permiten reconstruir los asuntos de interés público que abordaba Solórzano Foppa, pero no constituyen por sí mismas evidencia de una relación con su asesinato.
Su última publicación: el caso de Huité, Zacapa
Uno de los elementos más recientes de su actividad pública fue un video difundido el 15 de octubre, apenas dos días antes del asesinato, en el que abordó los hechos violentos registrados en Huité, departamento de Zacapa.
En esa grabación, de aproximadamente tres minutos y medio, Solórzano Foppa presentó una interpretación personal sobre los acontecimientos y planteó una supuesta participación de agentes vinculados con la inteligencia estadounidense y sectores militares guatemaltecos.
Se trata de una acusación de especial gravedad que no debe confundirse con un hecho comprobado. La publicación reflejaba las hipótesis expuestas por el abogado y no una conclusión respaldada por las autoridades.
Su difusión, sin embargo, confirma que el exfiscal mantenía una actividad pública intensa sobre asuntos de seguridad y presuntas responsabilidades institucionales hasta pocos días antes de morir.
Un asesinato que plantea interrogantes institucionales
El asesinato de Solórzano Foppa deja abiertas preguntas sobre la actuación del crimen organizado, la capacidad de protección de personas expuestas a amenazas y las garantías para quienes realizan denuncias públicas en Guatemala.
Por ahora, la investigación deberá determinar no solo quiénes ejecutaron el atentado, sino también si existieron autores intelectuales y si el ataque tuvo alguna relación con el trabajo profesional o las actividades públicas de la víctima.
La respuesta del Gobierno de Bernardo Arévalo y el pronunciamiento de Estados Unidos sitúan el esclarecimiento del caso en un plano que trasciende la persecución de los responsables materiales.
El desafío de las instituciones guatemaltecas será convertir esas demandas de justicia en resultados verificables, con una investigación que permita establecer los hechos y descartar o confirmar, sobre la base de pruebas, las distintas hipótesis sobre el asesinato.
Con información de la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), Ministerio de Gobernación de Guatemala, Prensa Libre, EFE y Deutsche Welle.
