Se suspendió porque 'es evidente la inconstitucionalidad y susceptible de causar daños irreparables', según el fallo que da a conocer la Corte este jueves.
La Ley fue aprobada el 5 de noviembre, y desde entonces 14 acciones fueron presentadas por distintos sectores en contra de la normativa.
La norma fue discutida durante tres sesiones en las que los congresistas manifestaron su apoyo u oposición a lo que en ella se reglamentaba. Finalmente, se aprobó en una votación con 118 diputados presentes; 40 se reportaron ausentes o pidieron licencia.
El decreto que obtuvo la nomenclatura 7-2015, prohíbe al acreedor o agente de cobranzas molestar, oprimir o abusar a una persona de manera insistente y repetitiva, para exigirle el pago de una deuda que haya adquirido por el uso de la tarjeta de crédito.
En esa prohibición se establece que el cobro no podrá hacerse por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos o cualquier otro medio análogo en días y horarios inhábiles.
Tampoco se podía tener más de tres comunicaciones al día para realizar el cobro, ni utilizar acoso a distintas personas que el deudor haya puesto como referencias para propiciar el pago de la deuda del usuario de tarjeta de crédito.
De igual manera, la ley prohibía colocar avisos en postes y viviendas cercanas a la residencia o trabajo del usuario para causar vergüenza al deudor.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) y Asociación de Emisores de Medios de Pago de Guatemala, la Cámara de Comercio, Banco Industrial, Contécnica, S.A., y érick Jaschkowitz Schifter, fueron algunas de las entidades que presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Corte.
Reacciones
Luis Lara, presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), comentó de manera preliminar que no tenía información fidedigna, sin embargo resaltó que el país requiere tener una Ley de Tarjetas de Crédito, por lo que es conveniente discutir de nuevo, arreglar los artículos que sean dañinos para el desarrollo de la economía del país y emitir una nueva legislación.
Omar López, representante de los consumidores, manifestó que la CC tiene una presión fuerte de parte de los banqueros.
"Nos estamos dando cuenta que los bancos son los poderosos y los que manejan todo el sistema", dijo López que dijo que debe continuar con el análisis de la Ley.
"No pensamos que la corte fuera a emitir su opinión tan rápido, creímos que esta Corte no los iba a conocer", dijo López.
El diputado Ronald Arango, ponente de la Ley en el Congreso calificó de "bastante lamentable" la decisión de la CC porque según él "deja desprotegido a miles de guatemaltecos".
"Entendemos que es provisional -el amparo- y también que estos magistrados ya se van y no quieren irse peleando con uno de los sectores más poderosos del país", afirmó el legislador.
Agregó que esperará a que el proceso sea tratado a profundidad y que el tema no quede en el abandono por parte de los nuevos magistrados.
"Guatemala ha sido el paraíso de los banqueros no tienen límite para los intereses, cobran todos los servicios de una forma desproporcionada, hacen los cobros de una forma hostigaste", aseguró el congresista.
Arango agregó que presentó un amicus curiae -ofrecimiento voluntario de opinión- a la CC porque a su criterio "no hay inconstitucionalidades en ese ley'.
'Con algunos diputados hemos hablado que vamos a seguir legislando con una nueva ley si es necesario para que no se deje desprotegida a la población", aseveró el parlamenario.
