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Por: Revistaeyn.com
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, elevó el combate contra el narcotráfico a una definición de supervivencia nacional y situó a su país entre los aliados más firmes de Estados Unidos dentro de la nueva estrategia regional contra los cárteles.
“O son los narcos o somos nosotros”, sentenció el mandatario durante la graduación de 774 nuevos agentes de la Fuerza Pública, una ceremonia que utilizó para plantear la seguridad como una disputa directa por el control del Estado, el territorio y las instituciones.
“No es tiempo de contemplaciones”, añadió Mulino, quien aseguró que su Gobierno no permitirá que las organizaciones criminales impongan su agenda sobre la sociedad panameña.
Las declaraciones no constituyen únicamente un endurecimiento retórico. Se producen mientras Panamá profundiza su cooperación con Washington y asume una posición destacada dentro del Escudo de las Américas, la coalición impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico, los cárteles, las pandillas y otras organizaciones criminales transnacionales.
Panamá se incorporó formalmente a esa estrategia en marzo de 2026. Desde entonces, el país no solo ha respaldado políticamente la iniciativa, sino que también se convirtió en uno de sus principales escenarios operativos y diplomáticos.
En agosto, Ciudad de Panamá recibió a autoridades de seguridad y representantes militares de 20 países para el Foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles. La delegación estadounidense incluyó al secretario de Guerra, Pete Hegseth; al comandante del Comando Sur, general Francis Donovan, y al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak.
Una disputa por quién ejerce el poder
Mulino sostuvo que las pandillas y las redes del narcotráfico no buscan únicamente administrar negocios ilícitos. Según el presidente, también intentan influir en la conversación pública, desacreditar las acciones estatales y disputar el ejercicio de la autoridad.
“Sé muy bien que hoy existe una disputa por quién manda”, afirmó.
El mandatario aseguró, sin precisar la fuente o metodología de su cálculo, que un 2% de la población estaría vinculado con la actividad del narcotráfico y advirtió que esa minoría no impondrá sus condiciones al resto del país.
Su diagnóstico convierte la lucha contra el crimen organizado en una defensa de la soberanía. En esta interpretación, los cárteles amenazan al Estado porque cuentan con recursos suficientes para corromper instituciones, controlar territorios, financiar redes de influencia y desafiar el monopolio estatal de la fuerza.
Mulino también acusó a las organizaciones criminales de utilizar las redes sociales y las campañas de opinión para ocultar sus actividades o debilitar la legitimidad de las operaciones oficiales.
El presidente defendió las capturas de figuras de alto perfil y el traslado de detenidos considerados peligrosos a la isla penal de Coiba. Ante las críticas por las condiciones y la legalidad de esas medidas, cuestionó que el debate público se concentre en los derechos de los privados de libertad y no en las víctimas de los delitos.
El Salvador como referencia
Mulino citó expresamente a El Salvador como ejemplo de una política que, desde su perspectiva, consiguió recuperar el control frente a las pandillas.
“A las pandillas no se les gana negociando ni se les vence abriendo espacios de diálogo”, sostuvo. En cambio, afirmó que deben ser combatidas mediante la fuerza, las detenciones ajustadas a la ley, el aislamiento y la determinación estatal.
La alusión al modelo salvadoreño es relevante porque aproxima el discurso panameño a la corriente regional de seguridad basada en el fortalecimiento policial, el control penitenciario y la aplicación de medidas extraordinarias contra estructuras criminales.
Mulino, sin embargo, insistió en que las detenciones deben realizarse conforme a la ley. También aseguró que no habrá protección para funcionarios involucrados en actividades delictivas: “Aquí nadie está por encima de la ley. Si un funcionario de mi Gobierno comete un delito, lo detienen”.
Ese equilibrio será una de las principales pruebas de su estrategia. El desafío para Panamá consiste en aumentar la capacidad coercitiva del Estado sin debilitar las garantías judiciales que diferencian la aplicación de la ley de una política de excepción permanente.
Panamá, aliado central de Washington
La posición de Mulino coincide con la doctrina de “tolerancia cero” defendida por Trump al presentar el Escudo de las Américas en Miami.
La iniciativa nació como una alianza de 12 países, pero amplió posteriormente su radio de cooperación. Su objetivo declarado es compartir inteligencia, coordinar operaciones y fortalecer las capacidades nacionales para desarticular redes de narcotráfico y crimen transnacional.
Panamá ocupa un lugar estratégico dentro de ese esquema. Su posición geográfica, su plataforma logística, sus puertos, su sistema financiero y el Canal lo convierten en una pieza esencial del comercio mundial, pero también en un territorio codiciado por las organizaciones dedicadas al traslado y blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas.
En los 18 meses anteriores al foro regional de agosto, Panamá invirtió US$174 millones para incrementar la capacidad tecnológica y logística de sus estamentos de seguridad mediante acuerdos alcanzados con Estados Unidos, según informó el propio Mulino.
La estructura panameña se apoya en la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). Panamá carece de ejército desde la abolición de las Fuerzas de Defensa tras la invasión estadounidense de 1989, por lo que cualquier ampliación de la cooperación militar extranjera posee una especial sensibilidad histórica y política.
Consciente de esa tensión, Mulino ha insistido en que el Escudo de las Américas no amenaza la soberanía de sus integrantes. En su interpretación, la verdadera pérdida de soberanía ocurre cuando las pandillas controlan barrios, los cárteles penetran las instituciones y el crimen organizado disputa al Estado el dominio territorial.
Cooperación, pero con límites soberanos
El Escudo de las Américas forma parte de una transformación más amplia de la política de Washington hacia América Latina. La Administración Trump ha dejado de presentar el narcotráfico únicamente como un problema policial o judicial y lo trata cada vez más como una amenaza de seguridad hemisférica.
Ese giro abre la puerta a una participación mayor de agencias de inteligencia, estructuras militares y fuerzas especiales estadounidenses. También suscita interrogantes sobre el alcance de las operaciones conjuntas, las reglas de intervención y el respeto a la soberanía de los países participantes.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró recientemente que Washington no emprenderá acciones militares unilaterales contra narcotraficantes dentro del territorio de países aliados sin su consentimiento. La precisión resulta fundamental ante una coalición que combina cooperación judicial y policial con una creciente dimensión militar.
En el caso panameño, el Gobierno ha defendido una coordinación internacional “en un marco de respeto a la soberanía y los territorios”. Esta condición establece una línea importante: pertenecer al Escudo no equivale automáticamente a autorizar operaciones extranjeras dentro del país.
