Centroamérica & Mundo

Nicaragua: Duro año para el turismo por crisis política

Pese al fuerte retroceso, en el marco de la crisis institucional y económica, la industria turística es optimista y confía que el sector volverá a levantarse tras negociarse un acuerdo político.

2019-03-29

Por Roberto Fonseca, estrategiaynegocios.net

La industria turística en Nicaragua está atravesando la peor crisis en su reciente historia. La ola de violencia y de represión, que ejecutó el gobierno para aplastar las protestas sociales entre abril y julio de 2018, provocó una estampida de los turistas internacionales. Muchos tenían reservaciones para visitar los principales destinos del país: las ciudades coloniales de Granada y de León, las playas de San Juan del Sur y de Tola, la isla de Ometepe o las islas del Caribe, entre otros.

Además, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, de Costa Rica, y de la Unión Europea, entre otros, emitieron notas de advertencia a sus ciudadanos, sobre los riesgos y peligros de visitar Nicaragua. Fue el tiro de gracia a la ascendente industria turística nicaragüense, que a marzo de 2018, registraba una variación interanual de 26,1% de crecimiento. Pero que ocho meses después cayó estrepitosamente a un -30,3% de decrecimiento.

Hoteles icónicos de 5 estrellas como Guacalito de la Isla, Nekupe Sporting Resort, Calala Island o Yemaya Litle Corn Island se vieron obligados a cerrar sus puertas en esos meses y, hoy día, algunos de ellos todavía permanecen cerrados, mientras otros han reabierto bajo una nueva estrategia de mercadeo y de ventas.

Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), confió a E&N que en 2018 habían proyectado que Nicaragua registraría cifras récord en los principales indicadores: 1,9 millones de turistas visitando el país e ingresos generados por un monto de US$1.000 millones, sin embargo, la realidad es otra y cruel.

De acuerdo a sus estimaciones extraoficiales, basadas en una encuesta entre empresas afiliadas a CANATUR, se proyecta que llegaron 975.000 turistas en 2018 (lo que representa una caída del 55% con respecto al año anterior) y el Turismo generó US$400 millones, cifra que equivale a un desplome del 52% con respecto a 2017.

Ambos indicadores, por tanto, reflejan un retroceso entre cuatro a ocho años. "Es la peor crisis en la historia del turismo nicaragüense, ni la crisis mundial de turismo, que se vivió tras los atentados terroristas de Nueva York (septiembre 2001), nos golpeó así. Las más afectadas han sido las empresas turísticas pequeñas, ya que no tienen capital para soportar esta embestida", señaló Valenti.

De acuerdo a la encuesta de CANATUR, dada a conocer el pasado 7 de febrero de 2019, el 64% de los negocios turísticos cerró todo el año 2018 por sobrevivencia y 8,3% lo hizo temporalmente. El 75% calificó de "severo" el impacto y el 74% cerró por debajo del 30% de su capacidad.

Además, 78% redujo su planilla a más de la mitad y 15% negoció flexibilidad para retener colaboradores. Al respecto, Valenti estimó que alrededor de 62.400 trabajadores fueron despedidos de forma definitiva y 18.000 restructuraron sus contratos bajo condiciones más flexibles. En suma, más de 80.000 hogares nicaragüenses, cuyos ingresos dependían de la industria turística, se vieron afectados directamente.

Sin embargo, pese al duro golpe, Valenti es optimista y confía que el turismo volverá a levantarse a corto plazo, pero se requiere como premisa clave, un Acuerdo Político de Nación, que garantice un clima de seguridad, la principal demanda de los empresarios turísticos (86%). Mientras, 32,6% considera que también se requerirá de financiamiento para volver a despegar.

"La crisis económica del sector turismo se profundizará si el gobierno nicaragüense no garantiza una salida política a la crisis, ya que el turismo es una industria que vende ilusiones, imagen, y obviamente que un turista no vendrá a pasar vacaciones en un país convulsionado", afirmó la presidenta de CANATUR.
Al respecto, cabe señalar que se abrió una rendija, al anunciar Daniel Ortega la reapertura de un diálogo con sectores opositores a partir del 27 de febrero, tras ocho meses de su suspensión por parte del Poder Ejecutivo.

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