Por estrategiaynegocios.net
Más de cincuenta nicaragüenses capturados la noche del miércoles 3 de mayo fueron acusados en audiencias exprés en los juzgados de Managua por los supuestos delitos de “conspiración y menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.
Según un informe preliminar cortado hasta el mediodía de este jueves, el Monitoreo Azul y Blanco verificó 57 detenciones arbitrarias: 22 mujeres y 35 hombres. Sin embargo, advierten que la cifra puede ser mayor debido a la falta de información y represión.
Los secuestros fueron ejecutados por la Policía orteguista al caer la noche de miércoles, en once de quince departamentos de Nicaragua: Rivas, Chontales, Chinandega, Estelí, Granada, Jinotega, León, Madriz, Managua, Matagalpa, Nueva Segovia y las dos regiones autónomas del Caribe. Los arrestados fueron presentados en diferentes salas, coordinadas por jueces, quienes ordenaron su libertad condicional, obligándolos a que se presenten a firmar a la delegación policial de su localidad a partir de este jueves.
Entre los secuestrados y ahora, acusados bajo libertad condicional, se encuentran defensores de derechos humanos- Harold Antonio González, originario de San Pedro de Lóvago, Chontales-, periodistas -William Aragón, excorresponsal de La Prensa; opositores - Danelia Argüello-; líderes territoriales y miembros del Movimiento Campesino -Octavio Ortega, de Rivas y Teresa Mena, de Juigalpa; la señora Mary Cruz Bermúdez, madre del primer asesinado durante las manifestaciones de abril de 2018, Richard Pavón Bermúdez, y miembro de la Asociación Madres de Abril (AMA), y muchos más.
Según relatos de diversas fuentes, los secuestrados fueron trasladados directamente de sus casas por agentes de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) hacia los juzgados capitalinos. Los presentaron en grupos por departamento de procedencia.
Los jueces admitieron la acusación presentada por varios fiscales, mientras les impusieron a los acusados defensores públicos, también alineados al régimen orteguista, relató la abogada Yonarqui Martínez, quien ha estado dando seguimiento a la redada.
Con información de Confidencial
