Por revistaeyn.com
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un paquete de reformas a la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa (MYPE), con el objetivo de modernizar el marco legal del sector, facilitar su formalización y mejorar su acceso al financiamiento.
Los cambios buscan actualizar la normativa que regula a las micro y pequeñas empresas, consideradas un pilar fundamental de la economía salvadoreña. Según datos presentados por el presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Paul Steiner, este segmento representa el 99.6 % del tejido empresarial del país y el 89.5 % de los patronos formales activos.
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De acuerdo con Steiner, en El Salvador existen alrededor de 990 empresas grandes, 2,830 medianas, 17,000 pequeñas y más de un millón de microempresas. De estas últimas, cerca de 840.000 tienen menos de cuatro trabajadores y unas 290.000 emplean entre cuatro y diez personas.
Uno de los principales cambios aprobados es la actualización de los criterios que definen el tamaño de las empresas, que estaban desfasados debido a los incrementos en el salario mínimo. Con la reforma, una microempresa será aquella con ingresos anuales de hasta 500 salarios mínimos y un máximo de 10 trabajadores, mientras que las pequeñas empresas podrán registrar ventas de hasta 5.000 salarios mínimos y emplear entre 11 y 50 personas.
Además, la ley introduce tres nuevas subcategorías dentro de las microempresas: subsistencia, acumulación y expansión. Las primeras agrupan a negocios con ventas anuales de hasta 57 salarios mínimos y un máximo de dos trabajadores. Las microempresas de acumulación abarcan aquellas con ingresos de más de 57 y hasta 300 salarios mínimos, con entre tres y cuatro empleados. Finalmente, las de expansión incluyen negocios con ventas de hasta 500 salarios mínimos y plantillas de cinco a diez trabajadores.
Las reformas también introducen medidas para mejorar las condiciones de pago a proveedores del Estado. Las instituciones públicas deberán cancelar bienes y servicios adquiridos a las MYPE en un plazo máximo de 30 días. En caso de incumplimiento, deberán pagar una compensación equivalente al interés legal mercantil sobre el monto adeudado.
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“Con esta reforma se le dan dientes a la ley para que se cumpla el pago oportuno”, afirmó Steiner, quien advirtió que muchas microempresas enfrentan dificultades financieras cuando sus facturas no son canceladas a tiempo.
Otro cambio relevante es la flexibilización de los requisitos para acceder a financiamiento. La normativa establece que el sector financiero deberá aplicar un enfoque de riesgo diferenciado para las MYPE, lo que permitirá flexibilizar requisitos relacionados con el historial crediticio y el tiempo de operación en el mercado.
Asimismo, la reforma introduce el principio de proporcionalidad en los costos de los trámites administrativos y promueve la simplificación de procesos para reducir la burocracia que suele dificultar la formalización de los emprendimientos.
Con información de Diario El Mundo
