Por revistaeyn.com
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCC) y la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) manifestaron su preocupación por la incorporación de un nuevo impuesto del 10 % a las bebidas carbonatadas.
Esta propuesta de impuesto fue introducida mediante una moción de fondo en el trámite del expediente N.° 23.566, correspondiente al proyecto de Ley de Modernización del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER).
El sector empresarial advierte que este impuesto "no formaba parte del texto original del proyecto y pretende introducirse mediante una moción vía artículo 137, un mecanismo que no puede utilizarse para crear nuevos tributos, ya que vulnera principios constitucionales fundamentales como la legalidad, la congruencia legislativa, la publicidad y la no sorpresa tributaria".
Desde una perspectiva económica, agregan, la creación de este impuesto "afecta directamente" a productores nacionales, importadores y a miles de micro, pequeñas y medianas empresas, como pulperías, abastecedores, restaurantes y comercios de conveniencia, para las cuales las bebidas carbonatadas representan un producto de alta rotación.
"El aumento en el precio final impactará el consumo, reducirá ventas y afectará la sostenibilidad de estos negocios, con consecuencias negativas sobre el empleo y el encadenamiento productivo local", dijeron en un comunicado.
Por su parte, la experiencia internacional demuestra que los impuestos selectivos sobre productos de consumo masivo "incentivan el contrabando y el comercio ilícito, debilitando al comercio formal, reduciendo la recaudación efectiva y exponiendo a los consumidores a productos no regulados".
Del mismo modo, advierten que esta medida podría complicar el comercio internacional, particularmente con los Estados Unidos, principal socio comercial de Costa Rica, en un momento en que existen procesos de negociación orientados a eliminar barreras comerciales.
Adicionalmente, el texto incorpora nuevas cargas regulatorias, como la obligación de certificar rendimientos teóricos de jarabes tipo post mix, lo cual genera costos adicionales, discrecionalidad administrativa y afecta la seguridad jurídica de las empresas.
Desde el sector empresarial recuerdan, además, que la creación de impuestos con destino específico para financiar instituciones públicas "contraviene las buenas prácticas fiscales internacionales, incluidas las recomendaciones de la OCDE, al fragmentar las finanzas públicas y reducir la flexibilidad presupuestaria".
