'Presentamos el proyecto de ley contra las extorsiones porque creemos que ese tema es, por ahora, el que más golpea al país, golpea la productividad del país, golpea a las familias, a las personas', señaló el gobernante en una rueda de prensa.
'Las extorsiones son un fenómeno muy extendido', sostuvo Sánchez Cerén, tras explicar que en el proyecto de ley se establece que no será necesario que una víctima de extorsión denuncie su caso ante las autoridades, pues éstas 'de oficio' perseguirán el delito.
Desde marzo de 2012, las peligrosas pandillas declararon una tregua que, en un inicio, redujo los homicidios de un promedio de 14 a cinco diarios, aunque la cifra ha vuelto a subir a 10 en los últimos meses.
Pese a la tregua, las extorsiones -una de las actividades que resultan más lucrativas a los pandilleros- no han cesado en ningún momento.
El gobierno, dijo el presidente, no posee cifras concretas de cuántas extorsiones ni el monto que los afectados han pagado a esos grupos criminales, que asesinan a quienes no cedan a sus demandas.
En El Salvador, los mayores afectados por las extorsiones pandilleras son los empresarios de transporte colectivo y los pequeños comercios en barrios y colonias, pero también son víctimas muchas otras personas.
Pese a no existir números exactos, las entidades gremiales de transporte han afirmado que el pago de extorsiones representa al sector cifras millonarias anualmente.
En su contenido, la nueva normativa establece que las empresas de telefonía celular deben establecer mecanismos técnicos para 'bloquear' la señal de celular en los centros penales del país, pues en muchos casos es desde esos lugares donde se ordena las extorsiones.
Sánchez Cerén indicó que no hay una fecha precisa de cuándo podría aprobar el Congreso el proyecto de ley, aunque confío que 'todas las fuerzas políticas apoyen' la iniciativa legal.
