Desde una silla de ruedas, Miguel Mejía pidió este miércoles ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, que se le reintegre su derecho de procrear hijos por medio de la fertilización in vitro, prohibida en Costa Rica.
Por: AFP
'Le he pedido (a la Corte) que obligue al gobierno de Costa Rica a devolverme el derecho a la fecundación in vitro. Y no solo a mí, sino también a las personas que necesiten esa técnica en el futuro', declaró Mejía a la AFP.
Este hombre que perdió la capacidad de moverse a raíz de un accidente, también perdió la posibilidad de concebir hijos y es una de las personas que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, con sede en Washington) para pedir que planteara la demanda ante la Corte contra el Estado costarricense.
Junto a Ileana Henchoz, otra de las demandantes, Mejía presentó el testimonio de su experiencia durante el primero de dos días de audiencias programados por el tribunal (Corte IDH) para conocer la demanda contra el Estado costarricense, interpuesta por 18 personas, la mayoría parejas.
El caso se relaciona con la prohibición de aplicar la técnica de la fecundación in vitro (FIV) en este país -que da al catolicismo el estatus de religión oficial-, a raíz de una sentencia emitida en 2000 por la Sala Constitucional, con base en el criterio de que la técnica es violatoria del derecho a la vida.
Durante la primera parte de la audiencia expusieron además dos peritos, uno de ellos el médico endocrinólogo estadounidense Anthony Caruso, presentado por el gobierno de Costa Rica, quien es un experto en fecundación in vitro pero abandonó esa práctica por motivos de ética religiosa.
Al prohibir la FIV, la Sala estimó que 'el embrión es persona desde el momento de la concepción' y que en esa técnica, tras escogerse los embriones más viables, el resto es congelado, desechado o donado, lo que -aducirán los peritos del Estado- atenta contra la vida.
En la audiencia también declaró el experto chileno en temas de reproducción asistida Fernando Zegers, quien es un defensor de esta técnica.
El testimonio de Mejía y de Henchoz 'ha dejado completamente claro que esa prohibición ha producido una catastrófica afectación a las familias, que hemos vivido en Costa Rica doce años de mitos', afirmó Boris Molina, uno de los abogados que representa a las presuntas víctimas.
'La afectación es indudable, la infertilidad ha sido un problema muy serio para muchas parejas, al punto de que muchas de ellas han terminado divorciadas. Se trata de un asunto de derechos humanos', dijo a la AFP Hubert May, otro de los abogados de los demandantes.
Por su parte, la defensora de los habitantes de Costa Rica, Ofelia Taitelbaum, quien asiste al proceso en apoyo a las familias, dijo que espera que este sea el fin de la 'ilegítima intervención' del Estado costarricense en el tema de la reproducción.
'No es posible que Costa Rica sea el único país del mundo donde esté prohibida la técnica de la reproducción asistida', expresó la defensora.
El gobierno de la presidenta Laura Chinchilla presentó al Congreso, el año pasado, un proyecto de ley para regular la fecundación in vitro, pero este fue rechazado por los diputados en medio de fuertes presiones de la iglesia católica y de sectas protestantes que tienen representación parlamentaria.
La Corte IDH seguirá escuchando testimonios este miércoles y el jueves las partes expondrán sus conclusiones, antes de que los jueces se retiren a deliberar, y emitan su sentencia, antes de fin de año.
El tribunal americano, un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) podría ordenar al Estado costarricense el levantamiento de la prohibición y pagar una indemnización a las víctimas, de aceptar los argumentos de los demandantes.
