El Congreso de Costa Rica aprobó este miércoles un proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno, pero la iniciativa irá a una consulta ante la Sala Constitucional, lo que paralizará temporalmente su vigencia.
Por: AFP
La ley, denominada de 'solidaridad tributaria', recibió, en el primero de dos debates, el voto favorable de 31 diputados del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN) y de la mayoría del Partido Acción Ciudadana (PAC), el principal de oposición, tras un accidentado trámite de un año.
Sin embargo, varios diputados de otros partidos de oposición anunciaron que objetarán ante el máximo tribunal del país la constitucionalidad del procedimiento rápido o abreviado que se aplicó al proyecto, lo que detiene su aprobación en segundo debate, hasta que los magistrados den su fallo.
La reforma tributaria fue propuesta por la presidenta Laura Chinchilla para reducir un déficit fiscal que ronda el 5% del Producto Interno Bruto (PIB), con una recaudación adicional de unos 900 millones de dólares.
Sin embargo, la iniciativa ha topado con una férrea oposición de las cámaras empresariales, los sindicatos y un sector de la oposición política.
La ley contempla un aumento de 13% a 14% del impuesto al valor agregado, que representa cerca del 70% del monto que se espera recaudar, circunstancia que esgrimen algunos de sus detractores para asegurar que su naturaleza es esencialmente regresiva.
Pero también establece el impuesto a la renta global (calculada sobre la suma de todos los ingresos) y la renta mundial (que grava las ganancias obtenidas en el exterior), así como un impuesto a las empresas transnacionales instaladas en las llamadas 'zonas francas', que actualmente están exentas del pago de cualquier tributo.
Estos gravámenes generan el rechazo del sector empresarial, que vaticinan un impacto negativo sobre la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas y una contracción del empleo.
El ministro de Hacienda, Fernando Herrero, celebró la aprobación en primer debate como 'un paso fundamental en los esfuerzos para financiar adecuadamente los servicios que presta el gobierno', tales como 'educación, salud, seguridad y lucha contra la pobreza'.
