Por El Mundo (El Salvador)
"Por cada transacción financiera, desembolsos, transferencias o cualquier otro que sean provenientes de fondos extranjeros del mandante extranjero, sea a través de donaciones, pagos u otro, se aplicará un impuesto del 40 %", reza el artículo 10.
La normativa aplicará a personas naturales o jurídicas, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro "que respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente por un mandante extranjero", que pueden ser gobierno extranjero, partido, organismo, corporación o cualquier persona jurídica extranjera.
La ley no aplicará a las misiones diplomáticas y consulares, organismos internacionales, regionales, agencias de cooperación internacional, organismos de asistencia humanitaria, de salud; aquellas que participen en actividades religiosas, escolares, académicas, científicas de buena fe; y a las inversiones extranjeras económicas o comerciales.
La propuesta de ley fue divulgada hoy por la Asamblea Legislativa, un día después de haberla recibido del ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín.
Según la propuesta, el objetivo es 'establecer el régimen jurídico aplicaba a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuyas actividades sean financiadas directa o indirectamente por un extranjero a efecto de promover transparencia sobre la influencia extranjera dentro de El Salvador, garantizando que los ciudadanos conozcan los agentes extranjeros destinados a influir en la opinión pública, así como el resguardo a la seguridad, soberanía nacional y a la estabilidad social y política del país'.
Esta obliga a crear un Registro de Agentes Extranjeros (RAE), que registrará, aprobará o denegará el registro, supervisará y fiscalizará toda persona u organización que reciba fondos extranjeros.
Prohíbe financiar actividades contra estabilidad
La ley, que tiene apoyo del partido mayoritario Nuevas Ideas, prohibirá en su artículo 9 realizar actividades para fines políticos u otros para "alterar el orden público" o que pongan en riesgo la seguridad nacional, estabilidad social y política del país.
Según el proyecto, pretenden garantizar "que los ciudadanos conozcan los agentes extranjeros destinados a influir en la opinión pública".
Multa de hasta US$10,000
Si la ley se incumple se impondrá, luego de un proceso, una multa de hasta $10,000 y solicitará la cancelación de la personalidad jurídica.
Las organizaciones, según el proyecto, deberán registrarse en 90 días hábiles a partir de la vigencia.
"Por cada transacción financiera, desembolsos, transferencias o cualquier otro que sean provenientes de fondos extranjeros del mandante extranjero, sea a través de donaciones, pagos u otro, se aplicará un impuesto del 40 %", reza el artículo 10.
La normativa aplicará a personas naturales o jurídicas, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro "que respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente por un mandante extranjero", que pueden ser gobierno extranjero, partido, organismo, corporación o cualquier persona jurídica extranjera.
La ley no aplicará a las misiones diplomáticas y consulares, organismos internacionales, regionales, agencias de cooperación internacional, organismos de asistencia humanitaria, de salud; aquellas que participen en actividades religiosas, escolares, académicas, científicas de buena fe; y a las inversiones extranjeras económicas o comerciales.
La propuesta de ley fue divulgada hoy por la Asamblea Legislativa, un día después de haberla recibido del ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín.
Según la propuesta, el objetivo es 'establecer el régimen jurídico aplicaba a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuyas actividades sean financiadas directa o indirectamente por un extranjero a efecto de promover transparencia sobre la influencia extranjera dentro de El Salvador, garantizando que los ciudadanos conozcan los agentes extranjeros destinados a influir en la opinión pública, así como el resguardo a la seguridad, soberanía nacional y a la estabilidad social y política del país'.
Esta obliga a crear un Registro de Agentes Extranjeros (RAE), que registrará, aprobará o denegará el registro, supervisará y fiscalizará toda persona u organización que reciba fondos extranjeros.
Prohíbe financiar actividades contra estabilidad
La ley, que tiene apoyo del partido mayoritario Nuevas Ideas, prohibirá en su artículo 9 realizar actividades para fines políticos u otros para "alterar el orden público" o que pongan en riesgo la seguridad nacional, estabilidad social y política del país.
Según el proyecto, pretenden garantizar "que los ciudadanos conozcan los agentes extranjeros destinados a influir en la opinión pública".
Multa de hasta US$10,000
Si la ley se incumple se impondrá, luego de un proceso, una multa de hasta $10,000 y solicitará la cancelación de la personalidad jurídica.
Las organizaciones, según el proyecto, deberán registrarse en 90 días hábiles a partir de la vigencia.