Por revistaeyn.com
La concesión otorgada hace casi tres décadas a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado chino CK Hutchison, quedó oficialmente sin sustento legal tras la publicación del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la Gaceta Oficial No. 30468.
Con ello, entra en vigencia la decisión que declara inconstitucional la Ley N.° 5 del 16 de enero de 1997, mediante la cual se aprobó el contrato para el desarrollo, construcción, operación y administración de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal.
El fallo, emitido por el pleno de la CSJ el pasado 29 de enero durante una sesión ordinaria, resolvió dos demandas de inconstitucionalidad identificadas como los expedientes 119313-2025 y 17547-2025. En su parte resolutiva, la Corte no solo anuló la ley que dio origen al contrato, sino también sus adendas, la prórroga aprobada en 2021 y los actos administrativos inherentes, incluyendo la Resolución de Junta Directiva N.° 043-2021 de la Autoridad Marítima de Panamá y la certificación S.G.-No. 021-06-2021.
La decisión responde a recursos presentados en julio pasado por el contralor general, Anel Flores, quien calificó el contrato como “leonino” y perjudicial para los intereses del Estado panameño. Con la publicación en gaceta, la sentencia queda formalmente en firme y sin posibilidad de apelación.
Hasta ahora, PPC ha continuado operando sin cambios los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, dos de los cinco complejos portuarios ubicados en torno al Canal de Panamá. En 2025, ambas terminales movilizaron 3,77 millones de contenedores, lo que representa el 38 % del total del sistema portuario nacional, reflejando su peso estratégico para la economía del país.
INCERTIDUMBRE OPERATIVA
No obstante, la entrada en vigencia del fallo abre un escenario de incertidumbre operativa. Alejandro Kouruklis, asesor y portavoz de la empresa, advirtió la semana pasada que la publicación oficial podría derivar en la paralización de los puertos.
Argumentó que, si bien los terrenos y muelles pertenecen al Estado, la maquinaria, equipos y sistemas operativos son propiedad privada de PPC, lo que impediría a un nuevo operador asumir de inmediato el control total de las instalaciones.
En paralelo, la compañía inició el pasado 3 de febrero un arbitraje contra la República de Panamá ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, en virtud del contrato de concesión. Según declaraciones previas del portavoz, la reclamación ascendería a unos US$2.000 millones, aunque no se ha precisado oficialmente el monto en la solicitud arbitral.
Por su parte, el presidente José Raúl Mulino ha asegurado la continuidad de las operaciones portuarias. El mandatario anunció la designación de Alberto Alemán Zubieta como coordinador de un equipo técnico que atenderá la transición y confirmó que APM Terminals Panamá, subsidiaria del grupo danés AP Moller-Maersk, ha manifestado su disposición para asumir de manera transitoria la administración de ambas terminales mientras se desarrolla un nuevo proceso de concesión.
Mulino señaló que ya se habían adelantado conversaciones con empresas del sector, pero destacó la gestión con la filial de Maersk para evitar interrupciones en un servicio clave para el comercio internacional.
Entretanto, desde PPC insisten en que lo “razonable” sería sentarse a dialogar para evitar una eventual paralización que afecte el flujo de mercancías por uno de los principales hubs logísticos de la región.
Con información de Agencia EFE y La Estrella de Panamá
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