Aún tras perder presencia en los noticieros, la migración de niñas y niños de Centroamérica y México hacia el norte sigue estando de dramática actualidad.
Hoy, los viajes que realizan están acompañados de grandes riesgos y de un terrible impacto sobre ellos y sus familias. Mientras, aumentan las enormes ganancias de quienes se lucran del tráfico de personas y este horrible negocio crece sobre las espaldas de los más vulnerables.
Esta situación agravada sigue teniendo su raíz en la pobreza: la falta de accesos a servicios de salud y educación, bajos ingresos, falta de oportunidades y la insuficiente inversión social de los países de origen generan una inmensa presión hacia la migración.
El reverso de la situación la viven las familias que, ya instaladas en el norte, envían dinero desde Estados Unidos a sus parientes. Esas remesas son, desde hace años, la primera fuente de divisas para los países centroamericanos. Como ejemplo, un migrante guatemalteco envía de media el 15% de sus ingresos a su familia y consume en Estados Unidos el 85% restante[1]. Para los miembros de estas familias y para los niños y niñas migrantes, la reunificación familiar es una de las razones prioritarias para realizar tan peligroso trayecto.
El envío de remesas aumentó en los últimos cinco años, acompañando una importante salida de la pobreza de amplios sectores de la población latina en Estados Unidos, incluidos niños y niñas. Se amplía, en consecuencia, la atracción de la migración. Sólo por mencionar un caso, el 18% del PIB de El Salvador proviene de las remesas.
Otra causa es la ilegalidad misma en la que el hecho migratorio se genera y desarrolla. La migración indocumentada facilita por su clandestinidad el control y explotación de redes delictivas internacionales.
El crimen organizado tiene en el tráfico de personas una de sus primeras fuentes de ingresos en la región, compitiendo con el tráfico de drogas y de armas en un negocio que genera miles de millones de dólares al año[2]. Sus ganancias, su control creciente del territorio y su penetración en las instituciones facilitan que dichas redes operen con impunidad, debilitando la justicia y la vida democrática.
Los grupos criminales expanden la violencia como cultura dominadora en las distintas esferas de la vida social, en particular urbana, pero cada vez más en entornos rurales. A día de hoy, El Salvador ostenta el mayor índice mundial de homicidios de adolescentes: 27 niños y adolescentes por cada 100,000 habitantes[3]. Son cifras de guerra, de un duelo cotidiano donde padres y madres son quienes entierran a sus hijos.
El aumento de los controles fronterizos en algunos países de la región han incrementado el ya alto riesgo de la migración irregular: los niños migrantes toman nuevas rutas para intentar sortear los controles, viajan en grupos más reducidos y multiplican su riesgo de agresiones por parte de bandidos, de extorsión por parte de funcionarios deshonestos y de abuso sexual. Las opciones de protección a través de los sistemas existentes, como los albergues ubicados a lo largo de las rutas tradicionales de migración apoyados por instituciones y ONG, se ven por tanto debilitadas.
Como consecuencia de estos controles más severos se genera un aumento del costo a pagar por los migrantes y sus familias a los traficantes de personas, quienes ven incrementados sus beneficios.
Los menores de edad que migran fuera de las redes de tráfico corren aún más riesgos, incluyendo el de ser asesinados por criminales ordinarios u organizados. A quienes pagan precios más bajos por este proceso se les suele incluir la explotación sexual a lo largo del trayecto a beneficio del traficante, como informan distintas ONG de apoyo al migrante. La débil presencia de servicios del Estado en las comunidades de origen dificulta el seguimiento de los retornados y su reintegración social.
La gran mayoría de niños y niñas retornados a Centroamérica provienen de México. Generalmente realizan este viaje por vía terrestre, lo que implica trayectos más largos y difíciles, incluso en horarios que pueden ser nocturnos. Ello dificulta su recepción y atención en los países de tránsito y origen. En su última visita a México, la Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Ortiz, aseguró que "es preocupante que los niños que son retornados no cuentan con un apoyo que se ajuste a sus necesidades específicas y que vele por sus derechos y, además, asegure que las medidas tomadas respondan al interés superior de cada niño y caso por caso".
Una mayor inversión social focalizada en servicios sociales, educación, desarrollo y oportunidades laborales es la vía central a tomar por los Estados para mitigar las causas de la migración. Además, se requiere una acción legal firme contra la impunidad de la que gozan las redes criminales para frenar la violencia e inseguridad en las zonas expulsoras y de tránsito migratorio. Ambas garantías son tareas arduas, pero posibles. Y en definitiva, son claves para liberar a la niñez de la pobreza, de la inseguridad y del miedo que existen en la base de la migración irregular.
