Centroamérica & Mundo
Por: Revistaeyn.com
Costa Rica no está discutiendo si necesita financiamiento. Está decidiendo dónde conseguirlo, bajo qué condiciones y cuánto margen debe concederle la Asamblea Legislativa al Poder Ejecutivo para administrar la deuda durante los próximos nueve años.
Esa diferencia es fundamental para entender el debate sobre los llamados eurobonos.
El expediente legislativo propone autorizar al Ministerio de Hacienda a emitir hasta US$13.500 millones en los mercados internacionales, mediante nueve colocaciones anuales de hasta US$1.500 millones entre 2026 y 2034. Aunque el monto parece equivalente a un nuevo programa masivo de gasto, el texto establece que los recursos deberán sustituir deuda interna o cancelar obligaciones existentes.
En términos presupuestarios, no sería una autorización para gastar US$13.500 millones adicionales. Sería una autorización para cambiar la fuente con la cual Costa Rica cubre necesidades de financiamiento que ya surgen del déficit y de los vencimientos de deuda.
Pero tampoco significa que la operación sea neutral o esté libre de riesgos.
Cambiar deuda emitida dentro del país por bonos colocados en dólares en el exterior puede reducir tasas, extender plazos y aliviar el mercado financiero local. Al mismo tiempo, aumenta la exposición del Estado al tipo de cambio y traslada una capacidad considerable de decisión a gobiernos que todavía no han sido electos. Ese es el verdadero núcleo de la controversia.
¿Para qué quiere Costa Rica los eurobonos?
El Gobierno de Laura Fernández sostiene que Costa Rica debe mantener una presencia continua en los mercados internacionales y aprovechar fuentes de financiamiento potencialmente más baratas que el mercado doméstico. El argumento oficial tiene respaldo técnico.
El Estado costarricense depende mayoritariamente del mercado interno para financiarse. Al cierre de 2025, alrededor del 75% de la deuda del Gobierno Central era interna. Esa concentración obliga a Hacienda a competir por los mismos recursos que demandan bancos, empresas y hogares.
Si el Gobierno capta una mayor parte de sus necesidades afuera, reduce esa competencia. En teoría, ello limita la presión alcista sobre las tasas de interés locales y deja más espacio para el crédito privado.
Para las empresas, ese sería el principal beneficio: un Gobierno menos dependiente de captar colones dentro del país podría favorecer tasas más estables para capital de trabajo, inversión, vivienda y consumo.
La propuesta también permitiría refinanciar vencimientos externos con nueva deuda externa, evitando que Hacienda tenga que conseguir localmente grandes cantidades de dólares para pagar a los tenedores internacionales.
No se trata de una necesidad menor. El informe técnico de la Asamblea Legislativa calcula que, entre 2026 y 2030, el servicio de la deuda del Gobierno Central sumará aproximadamente US$42.611 millones: US$24.348 millones en amortizaciones y US$18.263 millones en intereses. Los pagos anuales oscilarían entre US$7.368 millones y US$9.521 millones. El análisis legislativo estima, además, necesidades brutas de financiamiento de entre 6,8% y 8,4% del PIB durante ese periodo.
La cifra de US$13.500 millones, por tanto, no representa el total de las necesidades del Estado. Es una porción del programa de refinanciamiento que Hacienda propone cubrir en el exterior.
¿Es deuda nueva o solamente un cambio de deuda?
Ambas afirmaciones que dominan el debate necesitan matices.
El oficialismo tiene razón cuando sostiene que el proyecto no habilita por sí mismo nuevos programas de gasto. Por cada dólar captado mediante eurobonos, Hacienda tendría que reducir en igual cuantía la deuda interna autorizada en el presupuesto. El destino aprobado para los recursos tampoco podría ser modificado.
Sin embargo, afirmar que los eurobonos “no aumentan la deuda” puede llevar a una conclusión incompleta.
Si el Gobierno mantiene déficit fiscal, el saldo total de la deuda puede seguir creciendo, independientemente de que el dinero se consiga en San José, Nueva York o Londres. Los eurobonos cambian la composición, el costo y el calendario de la deuda; no eliminan el déficit que obliga a tomarla.
La sostenibilidad dependerá de que Costa Rica conserve superávits primarios —ingresos superiores a los gastos antes de intereses—, mantenga la regla fiscal, proteja sus ingresos tributarios y logre que la economía crezca más rápido que sus obligaciones.
En ese frente, la situación no es de emergencia, pero tampoco permite complacencia.
La deuda del Gobierno Central aumentó de 58,9% del PIB en 2024 a 60,4% en 2025. El déficit financiero cerró ese último año en 3,4% del PIB, mientras el superávit primario fue de aproximadamente 0,9%.
El Fondo Monetario Internacional considera sostenible la trayectoria costarricense y le asigna un riesgo bajo de estrés soberano. Su escenario base proyecta que la deuda subirá ligeramente hasta alrededor de 61,4% del PIB en 2027 y luego comenzará a descender, hasta aproximarse al 54% en 2035.
Ese escenario favorable, sin embargo, está condicionado a la disciplina fiscal. El propio FMI advierte que recientes decisiones han erosionado la base tributaria y reducido el margen para financiar infraestructura, educación, seguridad, salud y transferencias sociales.
La conclusión es que Costa Rica puede utilizar eurobonos sin comprometer su estabilidad macroeconómica, pero no puede tratarlos como sustituto de una estrategia fiscal.
El riesgo que se traslada al dólar
La desventaja más clara es el riesgo cambiario.
Cerca del 35% de la deuda del Gobierno Central ya estaba denominada en moneda extranjera al finalizar 2025. En conjunto, las obligaciones internas y externas en dólares y otras divisas sumaban aproximadamente US$20.479 millones.
Si el colón se depreciara, Hacienda necesitaría más moneda local para pagar el mismo monto de intereses y capital en dólares. Una deuda externa que hoy parece más barata puede volverse costosa si cambia bruscamente la relación cambiaria.
La operación, además, podría tener el efecto contrario en el corto plazo: una mayor oferta de dólares presionaría hacia una apreciación adicional del colón si las divisas ingresan al mercado local.
Eso beneficiaría a importadores, empresas endeudadas en dólares con ingresos en colones y consumidores de bienes importados. En cambio, podría reducir la competitividad cambiaria de exportadores, turismo y productores locales que compiten contra importaciones.
Hacienda asegura que una parte importante de los fondos se utilizaría para pagar obligaciones externas y, por lo tanto, no entraría al mercado costarricense. Esa distinción será decisiva: no produce el mismo efecto emitir dólares para cancelar un bono en el exterior que convertirlos en colones para financiar el presupuesto nacional.
Para el sector privado, más que el monto nominal de cada colocación, importará seguir el destino efectivo de las divisas y la respuesta del Banco Central.
¿Por qué la oposición rechaza nueve años?
Las mayores objeciones legislativas no se concentran únicamente en la conveniencia de emitir deuda externa. Se dirigen al tamaño y, especialmente, a la duración de la autorización.
Los US$13.500 millones cubrirían decisiones de la actual administración, del gobierno que asumirá en 2030 e incluso del comienzo del periodo presidencial que se iniciará en 2034.
El Gobierno argumenta que una autorización de largo alcance permite planificar vencimientos, actuar cuando las condiciones internacionales sean favorables y construir una curva soberana estable. Una presencia previsible también puede ampliar la base de inversionistas y contribuir a reducir la prima de riesgo.
La oposición responde que aprobar nueve colocaciones de una vez debilitaría el control periódico de la Asamblea sobre el endeudamiento externo.
El Partido Liberación Nacional ha planteado que el monto debería reducirse a menos de la mitad y que la autorización debe cubrir un periodo más corto. El oficialismo ya manifestó disposición a negociar ambos componentes, aunque sostiene que una reducción demasiado severa restaría utilidad al programa.
El proyecto contiene controles: Hacienda tendría que informar a la Comisión de Asuntos Hacendarios y a la Contraloría dentro del mes siguiente a cada emisión. También incluye límites de plazo y rendimiento, y obliga a sustituir deuda interna por externa.
No obstante, concede facultades amplias para canjear, renegociar o convertir pasivos, contratar derivados, garantías y avales, y realizar determinadas contrataciones fuera de los procedimientos ordinarios de contratación pública.
Esas facultades pueden dar velocidad para aprovechar ventanas financieras. También justifican que la Asamblea discuta controles más precisos, indicadores de desempeño y posibles cláusulas de revisión.
Cuando la deuda se convierte en moneda política
El análisis técnico terminó incorporado a una negociación política mucho más amplia.
El Gobierno necesita 38 votos para autorizar deuda externa y no puede reunirlos sin apoyo de la oposición. PLN y Frente Amplio condicionaron sus votos a que se protejan los recursos para seguridad, se atiendan obligaciones estatales con la Caja Costarricense de Seguro Social y no se eleve el IVA de la canasta básica, entre otras exigencias.
El conflicto presupuestario con el Poder Judicial agregó un nuevo frente.
La Corte ya había aceptado reducir más de ₡13.000 millones —unos US$28 millones— de su presupuesto de 2026. Posteriormente, Hacienda aplicó una retención adicional del 10% sobre las cuotas de gasto del tercer y cuarto trimestre, decisión impugnada por el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, por considerar que afecta la independencia financiera y las capacidades del sistema judicial.
El PLN advirtió que esa disputa compromete su posible respaldo a los eurobonos. De este modo, una decisión sobre la arquitectura financiera del Estado terminó vinculada a recursos para el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público y la lucha contra el crimen organizado.
No existe una conexión financiera directa entre ambas materias: aprobar eurobonos no obliga a aumentar el presupuesto judicial y retirar el recorte no modifica por sí mismo la conveniencia de emitir deuda afuera. La conexión es parlamentaria. Son asuntos diferentes utilizados como componentes de una misma negociación para alcanzar los 38 votos.
Para los mercados, el riesgo no está solamente en que la autorización sea aprobada o rechazada. También reside en que una política de deuda de largo plazo quede sometida cada año a conflictos presupuestarios e institucionales ajenos a sus objetivos financieros.
El mapa de riesgos para los negocios
La aprobación de los eurobonos sería, en principio, positiva para la administración de la deuda costarricense. Puede reducir el costo de financiamiento, alargar vencimientos, evitar una presión excesiva sobre el ahorro local y mejorar la previsibilidad frente a inversionistas internacionales.
Pero ese beneficio depende del diseño final. Para empresas e inversionistas, las variables centrales serán:
* Monto y plazo: una autorización más corta, con revisión legislativa, aportaría controles; una más larga ofrecería continuidad financiera.
* Costo real: el ahorro debe medirse frente a la deuda que se sustituye, incorporando comisiones, coberturas y riesgo cambiario.
* Uso de las divisas: determinará cuánto presionan los eurobonos sobre el tipo de cambio.
* Disciplina fiscal: sin superávits primarios suficientes, cambiar deuda cara por deuda más barata solo posterga el problema.
* Calidad de los controles: informes posteriores no necesariamente sustituyen criterios previos sobre costo, moneda, plazo y exposición máxima.
* Institucionalidad: convertir el financiamiento soberano en moneda de cambio permanente eleva la incertidumbre política, aunque los fundamentos macroeconómicos permanezcan sólidos.
Los eurobonos no son la fractura fiscal de Costa Rica. Son una herramienta para administrar mejor una deuda que ya existe y unas necesidades de financiamiento que el Estado enfrentará con o sin autorización legislativa. Rechazarlos completamente obligaría a Hacienda a concentrar una mayor captación en el mercado interno, posiblemente a costos más altos y con mayor presión sobre las tasas locales.
Aprobar los US$13.500 millones sin controles suficientemente claros, en cambio, podría aumentar la dolarización del portafolio y reducir durante demasiado tiempo la capacidad de revisión del Congreso.
La salida técnicamente más consistente parece estar entre ambos extremos: una autorización plurianual que preserve la presencia internacional de Costa Rica, pero acompañada de límites cambiarios, metas de ahorro, reglas sobre el destino de las divisas, informes comparables y revisiones periódicas.
