Por estrategiaynegocios.net
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) acusó y pidió un juicio contra el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera, así como otros cuatro miembros de su Gobierno, por presunta influencia en contra de la Hacienda Pública, dentro del denominado caso del Banco de Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito).
La pieza se presentó ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, al tiempo que señala al ex vicepresidente y exministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas, el exministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Salas, la ex viceministra de Egresos y tesorera nacional, Martha Cubillo Acosta, así como el subtesorero Mauricio Arroyo Rivera.
El Ministerio Público indicó que presentó seis cargos contra este último por aparente falsedad ideológica, en concurso material.
Según la acusación, los imputados convinieron trasladar dinero de la Tesorería Nacional a la entidad financiera, sin sustento técnico y con una posibilidad de retorno sumamente baja, con la intención de que la entidad bancaria aparentara tener un índice de liquidez suficiente.
Aparentemente, dicha maniobra buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) llegara a decretar la intervención del banco debido a los serios problemas de liquidez que enfrentaba y, por ende, evitar que la imagen de la administración Solís Rivera se viera dañada.
Con base en la investigación, la Fiscalía señala que, producto de los hechos acusados, se tuvo como resultado una afectación a la Hacienda Pública y al interés público.
La acusación se presentó bajo la causa 20-000115-1218-PE y, dentro del proceso, la Contraloría General de la República presentó una querella (acusación privada), mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó una acción civil resarcitoria (para reclamar por daños y perjuicios sufridos) contra los encartados.
Ccon información de CRHoy
