Por estrategiaynegocios.net
La Fiscalía de Delitos Electorales aún no recibe las notificaciones por parte de los jueces suplentes, quienes por ley deben inhibirse y trasladar el expediente que se lleva contra el actual presidente, Jimmy Morales y la legisladora Nineht Montenegro.
La Ley en Materia de Antejuicio detalla que cuando existe una denuncia el juez que conoce el caso en Primera Instancia debe inhibirse y debe remitir el expediente a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Después se incluye en agenda y los magistrados serán los que revisen el caso.
La denuncia que plantearon el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) contra el mandatario y la congresista está en el Juzgado Décimo Penal a cargo de la suplente Adelina Cruz. En tanto, el proceso que señala a la legisladora Montenegro lo tiene Geisler Pérez, suplente del Juzgado Séptimo Penal.
Ninguno de los jueces revisó los casos para inhibirse. El plazo es tres días, que finalizan el 16 de agosto de 2018. Entonces, esta semana quedarán detenidos los procesos debido a que la sesión ordinaria de la CSJ del miércoles fue suspendida.
La denuncia fue interpuesta el 26 de febrero de 2018 por Paulina Paz Riera, colaboradora de la Fiscalía. Paz, junto con Olga Méndez López, eran representantes legales de Novaservicios, S.A., empresa que recibió los aportes de campaña electoral de Morales.
En total fueron Q7 millones 920 mil 375.70, de los cuales Q7 millones 560 mil 476.70 se gastaron en el pago de fiscales de mesa del partido para la primera y segunda vuelta electoral el 6 de septiembre y el 25 de octubre de 2015; así como material publicitario -volantes y calendarios de bolsillo- y capacitaciones para el binomio presidencial -Morales y Jafeth Cabrera- por la Fundación G, por un monto de Q359 mil 899.
Esta es la segunda oportunidad en que el MP y la Cicig plantean un antejuicio en contra del gobernante. El 25 de agosto de 2017 Morales fue denunciado por financiamiento electoral ilícito. El caso llegó hasta el Congreso, donde la solicitud del retiro de la inmunidad fue rechazada y archivada por 104 votos de diputados en contra y solo 25 a favor, el 12 de septiembre de 2017.
Fue el ente electoral que interpuso la denuncia el 13 de diciembre de 2016. Debido a esa falta de información no fue posible establecer el origen de Q1 millón 748 mil 232.54 que el partido recibió, según la acusación.
'Incumplió con presentar en tiempo al ente electoral los estados financieros correspondientes al último semestre de la campaña electoral de 2015', agregó Velásquez.
De la investigación se desprende que Maximum Financial and Investments Services aportó, a través de la entidad Yeyo, S.A., el arrendamiento de seis pasarelas digitales para la campaña, por Q76 mil 784.30 (o su equivalente a US$10 mil) y no fue reportado ante el TSE.
Con información de Prensa Libre
La Fiscalía de Delitos Electorales aún no recibe las notificaciones por parte de los jueces suplentes, quienes por ley deben inhibirse y trasladar el expediente que se lleva contra el actual presidente, Jimmy Morales y la legisladora Nineht Montenegro.
La Ley en Materia de Antejuicio detalla que cuando existe una denuncia el juez que conoce el caso en Primera Instancia debe inhibirse y debe remitir el expediente a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Después se incluye en agenda y los magistrados serán los que revisen el caso.
La denuncia que plantearon el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) contra el mandatario y la congresista está en el Juzgado Décimo Penal a cargo de la suplente Adelina Cruz. En tanto, el proceso que señala a la legisladora Montenegro lo tiene Geisler Pérez, suplente del Juzgado Séptimo Penal.
Ninguno de los jueces revisó los casos para inhibirse. El plazo es tres días, que finalizan el 16 de agosto de 2018. Entonces, esta semana quedarán detenidos los procesos debido a que la sesión ordinaria de la CSJ del miércoles fue suspendida.
Las denuncias
Morales, en su época de candidato presidencial y secretario general del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) en 2015, habría recibido aportes que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que constituyen la figura de financiamiento electoral ilícito.La denuncia fue interpuesta el 26 de febrero de 2018 por Paulina Paz Riera, colaboradora de la Fiscalía. Paz, junto con Olga Méndez López, eran representantes legales de Novaservicios, S.A., empresa que recibió los aportes de campaña electoral de Morales.
En total fueron Q7 millones 920 mil 375.70, de los cuales Q7 millones 560 mil 476.70 se gastaron en el pago de fiscales de mesa del partido para la primera y segunda vuelta electoral el 6 de septiembre y el 25 de octubre de 2015; así como material publicitario -volantes y calendarios de bolsillo- y capacitaciones para el binomio presidencial -Morales y Jafeth Cabrera- por la Fundación G, por un monto de Q359 mil 899.
Esta es la segunda oportunidad en que el MP y la Cicig plantean un antejuicio en contra del gobernante. El 25 de agosto de 2017 Morales fue denunciado por financiamiento electoral ilícito. El caso llegó hasta el Congreso, donde la solicitud del retiro de la inmunidad fue rechazada y archivada por 104 votos de diputados en contra y solo 25 a favor, el 12 de septiembre de 2017.
El caso de Montenegro
El comisionado Iván Velásquez explicó la semana pasada que la legisladora Montenegro incumplió con el plazo para entregar a la Inspección General del TSE los estados financieros del último semestre de 2015.Fue el ente electoral que interpuso la denuncia el 13 de diciembre de 2016. Debido a esa falta de información no fue posible establecer el origen de Q1 millón 748 mil 232.54 que el partido recibió, según la acusación.
'Incumplió con presentar en tiempo al ente electoral los estados financieros correspondientes al último semestre de la campaña electoral de 2015', agregó Velásquez.
De la investigación se desprende que Maximum Financial and Investments Services aportó, a través de la entidad Yeyo, S.A., el arrendamiento de seis pasarelas digitales para la campaña, por Q76 mil 784.30 (o su equivalente a US$10 mil) y no fue reportado ante el TSE.
Con información de Prensa Libre
