Empresas & Management
Por: Revistaeyn.com
El cambio de ministra de Finanzas en Guatemala llega en un momento en que las cuentas públicas deben responder a dos necesidades difíciles de conciliar: aliviar el impacto de los combustibles sobre hogares y empresas, y sostener una expansión del gasto que promete mejorar infraestructura y servicios públicos.
Débora Alvarado asumió (el pasado 30 de septiembre) esa responsabilidad con una ventaja operativa: conoce la cartera desde dentro. Hasta su designación ejercía como viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas. El presidente Bernardo Arévalo presentó su nombramiento como una apuesta por la continuidad del trabajo desarrollado junto con el saliente ministro Jonathan Menkos.
Pero continuidad en la orientación no significa que las condiciones sean las mismas. La nueva titular deberá administrar el cierre de 2026 con una exención tributaria recién estrenada y negociar un presupuesto 2027 que propone incrementar el gasto, el déficit y el financiamiento mediante bonos del Tesoro. Su desafío será justificar cómo se pagará esa expansión y qué capacidad existe para ejecutarla.
Qué explica el relevo
La causa inmediata del cambio fue el nombramiento de Menkos como presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria para el período del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2030, en sustitución de Álvaro González Ricci. El movimiento coincidió con la renovación de autoridades de la Superintendencia de Bancos.
La elección de una funcionaria del mismo equipo sugiere que Arévalo busca preservar su política fiscal y la experiencia acumulada en el ministerio. Las fuentes revisadas no documentan una ruptura con Menkos ni permiten atribuir su salida a una sanción por la ejecución presupuestaria.
Alvarado tiene formación en Relaciones Internacionales y una maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos. Su trayectoria incluye desarrollo institucional en el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). Ese perfil resulta pertinente para una cartera que necesita mejorar procesos y coordinación, aunque la ejecución de obras depende también de los ministerios responsables y de otras entidades públicas.
El primer ajuste: aliviar los combustibles tiene un costo fiscal
La nueva ministra comienza con una decisión que modifica los ingresos esperados para el último trimestre. El Decreto 22-2026 establece la exención temporal del IVA y del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo para las gasolinas superior y regular y el diésel, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026.
El costo fiscal previsto durante la discusión legislativa fue de Q3.318,4 millones. Es una estimación de ingresos que el Estado dejaría de percibir, no una pérdida ya contabilizada.
La medida puede reducir la presión sobre consumidores y actividades productivas, pero exige reordenar las cuentas. El reglamento publicado el 5 de octubre contempla readecuaciones presupuestarias para garantizar los destinos específicos afectados por la exención, además de mecanismos para supervisar que el beneficio llegue al precio final.
El análisis del ICEFI, fechado el 16 de septiembre y anterior a la aprobación de la exención, había estimado que la recaudación de 2026 podría superar la meta en Q1.619,6 millones. Ese excedente potencial era inferior al costo estimado de la medida.
La comparación ilustra la estrechez del margen, aunque no sustituye una actualización de las proyecciones: los cálculos corresponden a momentos y supuestos distintos. Finanzas deberá revisar cuánto ingreso perderá efectivamente y cómo compensarlo.
También conviene separar los ejercicios fiscales. La exención vigente termina en diciembre; su costo no puede trasladarse automáticamente al presupuesto 2027. Una eventual prórroga obligaría a revisar nuevamente sus fuentes de financiamiento.
Un presupuesto creíble en ingresos, más exigente en financiamiento
El proyecto para 2027, cercano a Q192.000 millones, propone aumentar el techo presupuestario en Q23.255,3 millones, un 13,8% respecto del presupuesto vigente de 2026, según el ICEFI.
El instituto reconoce elementos positivos: considera técnicamente consistente la proyección de ingresos tributarios de Q131.635,9 millones, equivalente al 12,1% del PIB, y valora las mayores asignaciones para infraestructura y gasto social.
Su objeción principal es que el aumento de los ingresos resulta insuficiente frente a la expansión propuesta. El déficit pasaría de un resultado de 1,9% del PIB en 2025 a un nivel presupuestado de 3,8% en 2026 y una proyección de 4,4% para 2027. Son cifras de naturaleza distinta —un resultado observado y dos previsiones presupuestarias—, pero muestran la mayor exigencia de financiamiento.
La contratación prevista mediante bonos del Tesoro subiría de Q23.278 millones en el presupuesto vigente de 2026 a Q42.750 millones en 2027, un incremento de 83,6%. Ese porcentaje corresponde al financiamiento presupuestado por bonos; no al crecimiento de toda la deuda pública.
El ICEFI cuestiona, además, que Q22.915 millones de ese financiamiento se destinen a funcionamiento. Señala que el Ejecutivo solicita una excepción a la prohibición establecida en la Ley Orgánica del Presupuesto.
Para Alvarado, la discusión será tanto financiera como política: explicar qué gastos requieren endeudamiento, evaluar sus condiciones y sostener una trayectoria fiscal que pueda mantenerse después de 2027.
La prueba decisiva será convertir asignaciones en resultados
El presupuesto contempla recursos para la ampliación de Puerto Quetzal, proyectos viales, mantenimiento de edificios escolares, agua y saneamiento y protección social. Son intervenciones con potencial para reducir costos empresariales y mejorar las condiciones de vida.
El problema es que aprobar una asignación no garantiza completar una obra.
El ICEFI advierte que las dificultades persistentes para ejecutar inversión comprometen la credibilidad del presupuesto. Desde esa perspectiva, obtener más recursos sin resolver problemas de preparación de proyectos, contratación y seguimiento puede ampliar la distancia entre lo prometido y lo entregado.
El FMI había señalado una tensión similar en junio: el déficit de 2025 terminó por debajo de lo presupuestado, principalmente por una ejecución modesta del gasto de capital. Recomendó mejorar la preparación de proyectos, las compras públicas y la coordinación entre Finanzas, los ministerios y la planificación estatal.
Un déficit menor al previsto puede preservar recursos y, al mismo tiempo, revelar inversiones que no se concretaron. La evaluación de la nueva gestión deberá considerar avances físicos y servicios prestados, además del porcentaje de ejecución financiera.
Los controles en el año electoral
Una de las mayores alertas del ICEFI está en los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede). Al 14 de septiembre habían ejecutado el 24,4% de una asignación de Q15.425,4 millones.
Para 2027, el proyecto propone aportes ordinarios y extraordinarios por alrededor de Q6.185,6 millones. Sin embargo, las disposiciones que permiten trasladar saldos no ejecutados de ejercicios anteriores podrían elevar considerablemente los recursos disponibles.
El instituto estima, de forma preliminar, que con esos saldos la asignación podría rondar Q13.110 millones. Si el Congreso agregara nuevos aportes extraordinarios, plantea un escenario de entre Q17.000 millones y Q20.000 millones. Son escenarios condicionados, no montos aprobados.
Su preocupación es que esa acumulación, en un año electoral, aumente la exposición a corrupción y uso político de los fondos. La advertencia identifica riesgos; no demuestra que todos los proyectos o consejos incurran en irregularidades.
El análisis también reconoce propuestas de rendición de cuentas y seguimiento georreferenciado de obras. La tarea será lograr que esos controles funcionen mientras se agiliza la inversión.
Para empresarios e inversionistas, el relevo importa por esa combinación: cuánto costará financiar al Estado, qué infraestructura se entregará y con qué previsibilidad se administrarán las cuentas públicas.
Alvarado recibe una agenda que exige más inversión y mejores servicios. Su capacidad de sostenerla dependerá de actualizar los ingresos, ordenar el financiamiento y demostrar que el aumento del presupuesto produce beneficios verificables. Allí se medirá el alcance de la continuidad que propone el Gobierno.
Con información del análisis técnico del ICEFI del 16 de septiembre de 2026, AGN y el FMI.
