Por DPA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU manifestaron la necesidad de enfrentar la violencia e intimidación de defensores humanitarios, que muchas veces se convierten en víctimas.
'El uso indebido del aparato del Estado en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos no sólo interfiere con su trabajo en defensa y promoción de los derechos humanos, sino que también afecta el rol protagónico que estos tienen en la consolidación de la democracia', dijo en Panamá el relator especial de la CIDH José de Jesús Orozco, al presentar el informe 'Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos'.
Los países de mayor peligrosidad son Honduras, México y Brasil, debido al número de ataques y asesinatos en contra de defensores de los derechos humanos que denuncian el extractivismo y el expolio de los recursos naturales por parte de empresas foráneas.
En la 159 reunión semestral de la CIDH, Orozco adujo que numerosos procesos penales 'sin fundamento' han sido iniciados en perjuicio de defensores y defensoras de derechos humanos en varios países latinoamericanos, donde son obstaculizados o paralizados en los tribunales los reclamos de reivindicación y justicia.
Michael Forst, relator especial de Naciones Unidas, aseveró que en algunos países las 'autoridades locales son responsables de muchos de los asesinatos de los defensores'.
Añadió que hay un número 'creciente de ataques' a los defensores humanitarios en la región, y que no basta con identificar a sus detractores y enemigos, sino que se requiere disponer de respuestas y mecanismos para enfrentarlos en el ámbito de la justicia.
Forst aclaró que la gama de ataques a los defensores de los derechos humanos incluyen asesinatos, torturas, restricciones de viajes, además de presión psicológica de compañías multinacionales que realizan monitoreo encubierto, además de acoso judicial.
'La impunidad es uno de los problemas principales que estamos enfrentando cuando hablamos de los ataques a los defensores', puntualizó el relator.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU manifestaron la necesidad de enfrentar la violencia e intimidación de defensores humanitarios, que muchas veces se convierten en víctimas.
'El uso indebido del aparato del Estado en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos no sólo interfiere con su trabajo en defensa y promoción de los derechos humanos, sino que también afecta el rol protagónico que estos tienen en la consolidación de la democracia', dijo en Panamá el relator especial de la CIDH José de Jesús Orozco, al presentar el informe 'Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos'.
Los países de mayor peligrosidad son Honduras, México y Brasil, debido al número de ataques y asesinatos en contra de defensores de los derechos humanos que denuncian el extractivismo y el expolio de los recursos naturales por parte de empresas foráneas.
En la 159 reunión semestral de la CIDH, Orozco adujo que numerosos procesos penales 'sin fundamento' han sido iniciados en perjuicio de defensores y defensoras de derechos humanos en varios países latinoamericanos, donde son obstaculizados o paralizados en los tribunales los reclamos de reivindicación y justicia.
Michael Forst, relator especial de Naciones Unidas, aseveró que en algunos países las 'autoridades locales son responsables de muchos de los asesinatos de los defensores'.
Añadió que hay un número 'creciente de ataques' a los defensores humanitarios en la región, y que no basta con identificar a sus detractores y enemigos, sino que se requiere disponer de respuestas y mecanismos para enfrentarlos en el ámbito de la justicia.
Forst aclaró que la gama de ataques a los defensores de los derechos humanos incluyen asesinatos, torturas, restricciones de viajes, además de presión psicológica de compañías multinacionales que realizan monitoreo encubierto, además de acoso judicial.
'La impunidad es uno de los problemas principales que estamos enfrentando cuando hablamos de los ataques a los defensores', puntualizó el relator.
