POR AFP
Diputados hondureños nombraron la noche del jueves a los nuevos jueces de la Corte Suprema, tras fracasar los intentos previos desde el viernes por pugnas entre el partido de la presidenta izquierdista Xiomara Castro y la oposición de derecha.
Los 15 integrantes del máximo tribunal culminaron el sábado sus mandatos de siete años, pero las votaciones en el Congreso para escoger a sus sucesores no avanzaban pues ambos bandos buscaban que la Corte responda a sus intereses, lo que es tradición en Honduras.
Más de 100 diputados votaron a favor de los 15 magistrados, propuestos seis por el oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) y nueve de dos partidos derechistas de la oposición, incluyendo ocho mujeres y siete hombres.
Para elegir a los magistrados se requerían 86 votos, del total de 128 legisladores que integran la Cámara, en su mayoría opositores.
El sábado pasado los jefes de las bancadas de los tres partidos mayoritarios habían anunciado un acuerdo pero volvieron a chocar y solo hasta este jueves zanjaron sus diferencias.
Nelson Castañeda, miembro de la no gubernamental Asociación para una Sociedad Más Justa (AJ), explicó a la AFP que la Constitución establece que el Congreso Nacional “es el que elige los 15 magistrados” de la Corte.
Sin embargo, “es lamentable que no se está viendo el perfil académico y el antecedente de cada uno de los profesionales, sino que responden a intereses políticos” de los partidos integrantes de la Cámara, añadió.
La Corte Suprema no solo es la instancia máxima en las causas judiciales, sino que también es la encargada de interpretar la Constitución, como en 2017, cuando facultó al entonces presidente Juan Orlando Hernández para ser reelegido, pese a estar expresamente prohibido.
Estados Unidos, Canadá, varias embajadas europeas, las misiones de la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) llamaron al Congreso a hacer un proceso de elección “democrático, transparente y respetuoso del Estado de derecho” de los nuevos magistrados.
Iglesias, empresarios y otras organizaciones de la sociedad civil instaron con insistencia a los diputados a acelerar el proceso.
