Por: Revistaeyn.com
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves su renuncia al cargo, en medio de una crisis política y financiera desencadenada por la intervención de Ueno Bank, entidad vinculada con antiguos socios comerciales del mandatario y que administraba importantes recursos de instituciones públicas.
La decisión fue comunicada mediante un video publicado en sus redes sociales, mientras la Cámara de Diputados debatía un pedido de juicio político que había sumado respaldos tanto de la oposición como de sectores del gobernante Partido Colorado.
Peña, quien asumió la Presidencia el 15 de agosto de 2023, puso fin de esta manera a poco más de tres años de gestión, tras perder el apoyo de dirigentes que hasta entonces habían constituido su principal sostén político.
Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026
Su dimisión abre un proceso de sucesión constitucional en el que el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la conducción del Ejecutivo para completar el período presidencial, previsto hasta agosto de 2028. La formalización de ese relevo depende de las actuaciones institucionales correspondientes.
Peña pide disculpas y afirma que renuncia para preservar la estabilidad
En su mensaje a la ciudadanía, Peña justificó la decisión en la necesidad de proteger la estabilidad política y social del país.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República”, anunció el mandatario, quien vinculó su salida con la preservación de las instituciones democráticas.
El presidente describió la situación como uno de los momentos más difíciles de su vida política y sostuvo que la historia será la encargada de evaluar su gestión y las circunstancias que rodearon su salida.
También dirigió un pedido de disculpas a la población y afirmó que su intención nunca fue defraudar la confianza de quienes respaldaron su Gobierno.
Una parte central de su mensaje estuvo dedicada a los afectados por el cierre de Ueno Bank. Peña expresó su expectativa de que se garantice la devolución de los depósitos y que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su función de protección de los ahorristas.
Asimismo, reclamó que se resguarden los recursos de las instituciones públicas comprometidos en la entidad financiera.
La renuncia fue presentada como una decisión institucional, pero llegó en un contexto de creciente presión parlamentaria y movilizaciones ciudadanas que reclamaban respuestas por la pérdida de acceso a los fondos bancarios.
El Partido Colorado le retiró su respaldo político
El expresidente Horacio Cartes, titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR-Partido Colorado) y principal impulsor político de Peña, comunicó su apoyo al juicio político contra el mandatario.
La posición de Cartes representó una ruptura dentro de la estructura oficialista que había sostenido al Gobierno desde su llegada al poder.
A esa decisión se sumó la del presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, quien reclamó públicamente la renuncia de Peña y advirtió que respaldaría su destitución parlamentaria si permanecía en el cargo.
Núñez argumentó que el Congreso debía actuar para proteger a los ahorristas, los fondos públicos y los recursos de la seguridad social.
Mientras tanto, varias bancadas del Partido Colorado comenzaron a anunciar que votarían a favor del juicio político, modificando la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados.
La oposición había presentado un libelo acusatorio con el respaldo de 35 legisladores. El documento cuestionaba la actuación del Ejecutivo ante la situación de Ueno Bank, los vínculos empresariales previos de Peña y las responsabilidades políticas relacionadas con la supervisión de la entidad.
La decisión presidencial llegó cuando el Congreso ya había iniciado la discusión. De esta manera, Peña optó por presentar su renuncia antes de que el procedimiento de juicio político llegara a una eventual resolución sobre su destitución.
El origen inmediato de la crisis política se encuentra en la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, una entidad de rápido crecimiento que había alcanzado aproximadamente 2,9 millones de clientes.
El regulador detectó que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo legal exigido, después de ajustes realizados en los estados financieros durante el proceso de regularización.
La medida dejó a numerosos clientes sin acceso a sus cuentas, tarjetas y operaciones habituales, generando incertidumbre y manifestaciones en Asunción.
El caso adquirió una dimensión adicional por los recursos de organismos públicos depositados en la institución.
Reuters señaló que Ueno Bank administraba alrededor de US$850 millones en fondos públicos. Entre las entidades vinculadas figura el Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de administrar recursos destinados a jubilaciones y otras prestaciones sociales.
[Las investigaciones también avanzaron sobre los responsables de la institución financiera. Según Última Hora, 27 personas vinculadas con la administración y las operaciones del banco fueron imputadas, mientras ocho directivos fueron detenidos en el marco del proceso. Las imputaciones constituyen acusaciones que deberán ser examinadas por la Justicia.
Peña había sido accionista de Ueno Holding hasta 2025. Esa relación empresarial previa fue uno de los puntos utilizados por los legisladores opositores para cuestionar su actuación y plantear posibles conflictos de intereses.
La crisis también provocó cambios en las autoridades monetarias, incluida la salida de Carlos Carvallo de la presidencia del Banco Central.
El Gobierno había impulsado medidas extraordinarias para acelerar los pagos a depositantes afectados, pero esas decisiones no fueron suficientes para frenar el deterioro de su respaldo político.
La salida de Santiago Peña abre una nueva etapa en la conducción política de Paraguay.
La Constitución establece que, ante la renuncia definitiva del presidente, corresponde al vicepresidente asumir la titularidad del Poder Ejecutivo.
En consecuencia, Pedro Alliana está llamado a completar el mandato constitucional hasta el 15 de agosto de 2028, sin necesidad de convocar a una nueva elección presidencial.
Sin embargo, la sucesión también tiene una dimensión política particular. Alliana había sido incluido inicialmente en los pedidos de juicio político impulsados por sectores de la oposición.
Posteriormente, algunas bancadas coloradas anunciaron que no acompañarían su destitución y defendieron que asumiera la Presidencia como mecanismo para garantizar la continuidad institucional.
Con información de EFE, Reuters, Associated Press, ABC Color, Última Hora y Congreso Nacional de Paraguay.
