Empresas & Management
Por: Revistaeyn.com
La carrera global por los minerales críticos está redefiniendo el mapa económico y geopolítico de América Latina. Mientras el mundo acelera la transición energética y multiplica la demanda de baterías para vehículos eléctricos, en la región emerge una pregunta cada vez más incómoda: quién paga el costo ambiental y social de esa transformación.
Un informe del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) sostiene que empresas chinas consolidan posiciones estratégicas en el negocio del litio latinoamericano bajo esquemas marcados por baja transparencia, estudios ambientales incompletos y crecientes tensiones con comunidades indígenas y rurales.
El documento —que analiza proyectos en Argentina, Bolivia, Chile, México y Brasil— describe un patrón que empieza a generar preocupación entre gobiernos, inversores y sectores empresariales de la región: la coexistencia entre la necesidad urgente de capital para desarrollar minerales críticos y la presión creciente por cumplir estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
La tensión es particularmente sensible en América Latina, donde buena parte del empresariado intenta alinearse con modelos de desarrollo vinculados al triple bottom line, que integran rentabilidad, impacto social y sostenibilidad ambiental. El avance chino sobre el litio aparece, para muchos actores regionales, como una prueba concreta sobre la compatibilidad —o incompatibilidad— entre velocidad de inversión y estándares ambientales robustos.
El informe del CICDHA sostiene que nueve de los diez proyectos analizados presentan sobreexplotación hídrica y estrés hídrico, mientras que ocho tendrían estudios ambientales “incompletos”. También identifica conflictos con comunidades locales e indígenas en nueve casos y déficits de transparencia en al menos seis proyectos.
La investigación apunta a compañías como Ganfeng Lithium, Zijin Mining, BYD, CATL y Tianqi Lithium, que se han convertido en actores centrales de la cadena global de suministro para la transición energética.
La paradoja es evidente: China lidera la fabricación mundial de baterías y vehículos eléctricos, pero parte de la materia prima que alimenta esa transición proviene de ecosistemas extremadamente frágiles de América Latina.
Los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile concentran algunas de las mayores reservas globales de litio. También son territorios atravesados por estrés hídrico, biodiversidad sensible y comunidades indígenas que dependen del equilibrio de acuíferos y humedales altoandinos.
En Chile, el informe advierte que el Salar de Atacama —uno de los principales centros mundiales de extracción— registra hundimientos de entre uno y dos centímetros por año debido al desequilibrio hídrico generado por la actividad minera. Allí, Tianqi Lithium controla el 24% de SQM, una de las grandes operadoras del sector.
En Argentina, las observaciones se concentran en proyectos ubicados en Catamarca y Jujuy. El estudio sostiene que varios emprendimientos avanzan sobre territorios protegidos por la Convención Ramsar y cuestiona la calidad de los estudios de impacto ambiental. El caso del proyecto Tres Quebradas, con autorización para consumir hasta 950.000 litros de agua diarios, es presentado como ejemplo de la presión creciente sobre cuencas hídricas de alta vulnerabilidad.
Bolivia representa otro laboratorio crítico. En el Salar de Uyuni —uno de los mayores reservorios de litio del mundo— comunidades campesinas e indígenas denuncian ausencia de consulta previa y temor por la pérdida de agua dulce. Allí, proyectos vinculados a capitales chinos permanecen parcialmente frenados por decisiones judiciales y cuestionamientos ambientales.
El trasfondo del fenómeno excede el plano ambiental. También expone una disputa estratégica entre potencias por el control de minerales críticos.
China domina actualmente cerca del 65% del litio refinado global y alrededor del 80% de la fabricación de baterías y componentes asociados a vehículos eléctricos. Esa supremacía explica por qué Beijing aceleró su presencia sobre los recursos latinoamericanos durante la última década.
Pero, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca reactivó la competencia geopolítica. Washington comenzó a impulsar acuerdos para asegurar minerales críticos en América Latina y reducir la dependencia estratégica respecto de China, mientras Europa intenta consolidar cadenas de suministro consideradas “confiables” y alineadas con estándares ambientales más estrictos.
En ese escenario, América Latina enfrenta un dilema cada vez más complejo: cómo atraer inversiones multimillonarias sin resignar gobernanza ambiental, licencia social y control estratégico sobre recursos clave.
El debate no se limita al Cono Sur. En Centroamérica, Nicaragua emerge como otro punto de atención. El gobierno de Daniel Ortega ha acelerado concesiones mineras a compañías chinas en medio del aislamiento creciente del régimen y las sanciones occidentales. La dinámica refuerza la percepción de que Beijing gana espacio en países con menores exigencias institucionales y regulatorias.
Para inversores internacionales y grandes grupos empresariales latinoamericanos, la discusión ya no pasa únicamente por quién aporta capital, sino bajo qué condiciones. El auge del litio demuestra que la transición energética global puede abrir enormes oportunidades económicas para la región, pero también riesgos reputacionales, ambientales y políticos de largo plazo.
La gran pregunta de fondo es si América Latina logrará construir una cadena de valor sostenible y sofisticada alrededor de sus minerales críticos, o si volverá a quedar atrapada en un modelo extractivo basado en exportar materias primas mientras otros capturan el valor industrial y tecnológico.
En un mundo marcado por la competencia entre China, Estados Unidos y Europa, el litio dejó de ser solamente un negocio minero. Se transformó en una disputa sobre influencia, estándares y modelo de desarrollo.
