Dos meses después de la adopción de una nueva Constitución se deberán organizar nuevas elecciones legislativas.
Por: AFP
El Alto Tribunal Administrativo egipcio confirmó el sábado la disolución del Parlamento elegido a finales de 2011 tras rechazar un recurso presentado por los islamistas que reclamaban la anulación de una decisión del Alto Tribunal Constitucional, según una fuente judicial.
'La Asamblea del Pueblo no existe legalmente desde la decisión del Alto Tribunal Constitucional, del 14 de junio, que ordenó su disolución', afirmó el Alto Tribunal Administrativo. 'Según la ley, ninguna instancia judicial' puede cuestionar una decisión del Alto Tribunal Constitucional, dijo.
Dos meses después de la adopción de una nueva Constitución, que está siendo redactada por una comisión dominada por los islamistas, se deberán organizar nuevas elecciones legislativas.
Esta comisión, que comenzó sus trabajos en julio, tiene un plazo máximo de seis meses para redactar la nueva Carta Magna, según el calendario fijado por la transición política tras la caída del régimen de Hosni Mubarak en febrero de 2011.
La decisión del Alto Tribunal Administrativa debería poner fin a un debate que dura desde hace varias semanas entre los islamistas y sus adversarios.
El 14 de junio, el Alto Tribunal Constitucional invalidó el Parlamento, dominado por islamistas, alegando un vicio en la ley electoral. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), que dirigía el país, se atribuyó el poder legislativo, provocando la ira de los que quieren que los militares abandonen el poder.
Mursi ordenó por decreto el 8 de julio el restablecimiento del Parlamento, que se reunió en una ocasión, dos días más tarde, en presencia de los diputados de los Hermanos Musulmanes y de los fundamentalistas salafistas. Diputados de otros partidos, en particular liberales, boicotearon la sesión, y algunos llegaron a calificar el decreto de 'golpe de estado constitucional'.
Pero en una nueva vuelta de tuerca, el Alto Tribunal Constitucional suspendió el 10 de julio el decreto presidencial, lo que motivó que Mursi declarara finalmente que respeta la última decisión de la justicia.
Mursi anuló luego, el 12 de agosto, la declaración constitucional adoptada el 17 de junio por el CSFA en la que los militares se arrogaron el poder legislativo.
