La jerarquía católica de Nicaragua aceptó este lunes participar en un proceso de consultas que efectúa el Congreso sobre un proyecto de reforma constitucional, el cual propone avalar la reelección presidencial y conceder mayores poderes a los militares en la esfera pública.
Por: AFP
'Todos los obispos han aceptado la invitación' del parlamento para asistir a las consultas, porque como 'servidores del Reino de Dios, no podemos ni debemos quedarnos al margen de la historia', afirmó el secretario de la Conferencia Episcopal, Silvio Báez, en rueda de prensa.
En un gesto inusual, la comisión legislativa que dictamina las enmiendas invitó a los obispos a expresar sus consideraciones sobre el proyecto de reformas el próximo jueves.
Los obispos aceptaron, pero pidieron posponer su comparecencia hasta el 21 o 22 de noviembre para analizar mejor el contenido de las reformas con todos los sacerdotes.
No obstante, 'queremos dejar claro ante todo que no hemos aceptado comparecer ante esta comisión por motivos ideológicos o políticos, ni por afinidad o compromiso con ningún partido o grupo social', sino por las 'tantas interrogantes y preocupaciones que han suscitado en el país' las propuestas de reformas, aclaró Báez.
La iglesia católica ha mantenido tensas relaciones con el gobierno de Daniel Ortega, debido a diferentes posiciones de los obispos, que han cuestionado la transparencia de elecciones celebradas durante su mandato, el uso de símbolos religiosos en actos políticos y la violenta represión de ancianos que reclamaban pensiones en junio pasado, entre otras.
El Congreso nicaragüense inició el viernes pasado las consultas sobre un polémico proyecto de reforma parcial a la constitución que la bancada mayoritaria del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda) presentó el 1 de noviembre.
La enmienda propone eliminar la norma constitucional que prohíbe la reelección presidencial sucesiva desde 1996, lo cual abriría a Ortega el camino a un cuarto mandato.
También propone nombrar militares en puestos públicos que no sean de elección popular, facilitándoles con ello el acceso a cargos judiciales y electorales.
La reforma generado preocupación también por un artículo que propone que 'las bases de datos y registros informáticos deberán permanecer en el país', lo cual analistas advierten que podría servir al Ejecutivo para controlar el flujo de informaciones en Internet.
