Por revistaeyn.com
La polémica venta de CK Hutchison, operadora de los puertos de Balboa y Cristóbal, ha encendido el debate sobre la estrategia logística de Panamá. Según reportes internacionales, el gigante naviero estatal chino Cosco Shipping se encuentra en negociaciones para integrarse al grupo de inversionistas encabezado por BlackRock y MSC en la transacción valorada en US$23.000 millones anunciada en marzo pasado.
Aunque el acuerdo incluiría 41 puertos a nivel global, las terminales panameñas quedarían fuera de la participación directa de Cosco, según fuentes citadas por el Financial Times.
Este escenario colisiona con las tensiones geopolíticas suscitadas por las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien alertó acerca de un eventual control chino sobre el Canal de Panamá a través de sus concesiones portuarias.
Ante esta coyuntura, el Gobierno panameño ve la oportunidad de redefinir las reglas del juego: incluir cláusulas más estrictas en los contratos de concesión y reforzar el rol regulador del Estado.
Alberto Alemán Zubieta, exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá, subrayó la necesidad de revertir el modelo de concesión heredado de los años noventa.
“Los puertos son de Panamá y deben operarse bajo nuestras leyes, no convertirse en feudos privados”, afirmó, resaltando que el país debe contar con instituciones sólidas que velen por el interés nacional sin ceder la soberanía portuaria.
Complementando esta visión, Rodolfo Sabonge, director de Planificación Nacional, aseguró que el momento es propicio para “maximizar los beneficios económicos derivados de nuestra posición estratégica” e incorporar las mejores prácticas internacionales en los nuevos contratos.
En el ámbito político, el presidente José Raúl Mulino ha convocado para el 30 de julio a una reunión con el administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, y su equipo, con el fin de discutir no solo los puertos de Balboa y Cristóbal, sino también el proyecto de Río Indio. Mulino enfatizó la urgencia de avanzar en la licitación del puerto de Corozal y “sanear” la isla Margarita, actualmente concesionada como espacio privado, al tiempo que planifica una visita a Puerto Armuelles.
El mandatario ratificó su visión de que el Canal y sus instalaciones forman parte integral de la estrategia marítima nacional. “Unas decisiones dependen de nosotros, otras del Canal; sin embargo, debemos establecer una mesa conjunta para coordinar esfuerzos”, declaró Mulino, recordando que la ley orgánica del Canal, pese a sus limitaciones, debe enmarcarse en un plan de desarrollo que beneficie a toda la nación.
Con la negociación de CK Hutchison en pleno desarrollo y la posibilidad de incluir un inversor chino de peso, Panamá se enfrenta a un momento crucial: capitalizar su ubicación geográfica para fortalecer su hub logístico y garantizar que las futuras concesiones portuarias respondan a los intereses del Estado y no solo a las de corporaciones extranjeras.
Con información de La Estrella de Panamá
