Por: Revistaeyn.com
Una parte importante, aunque no toda, de la oposición nicaragüense está golpeando las puertas de Washington con una promesa ambiciosa: demostrar que puede administrar el día después de Daniel Ortega y Rosario Murillo sin que Nicaragua caiga en un vacío de poder.
Se trata de una docena de organizaciones en el exilio, las cuales consensuaron una hoja de ruta para establecer una junta de transición, reconstruir las instituciones y convocar elecciones libres en un plazo máximo de dos años.
Sus promotores aseguran que el documento está en manos del Departamento de Estado, pero Washington no ha confirmado que lo esté evaluando. El plan tampoco tiene todavía nombres, un mecanismo claro de legitimación ni una respuesta pública a la pregunta que condiciona todo lo demás: cómo comenzaría realmente la transición.
El documento se titula “Nicaragua: Transición Ordenada desde la Dictadura hacia la Democracia”. Sus firmantes lo presentan como el resultado de dos meses y medio de trabajo técnico y político para fusionar entre seis y siete propuestas que circulaban por separado entre sectores opositores.
El proceso concluyó en mayo y fue revelado públicamente a mediados de agosto, después de permanecer varias semanas bajo reserva.
La nota de prensa emitida por las organizaciones el 16 de agosto afirma que el plan fue entregado a varios gobiernos del hemisferio y a personalidades políticas. No identifica a los gobiernos receptores ni precisa cuándo se realizaron todas las entregas.
En el caso de Estados Unidos, el comentarista político y activista Jaime Arellano sostiene que el Departamento de Estado lo recibió unas seis semanas antes de hacer pública la iniciativa.
Arellano dijo haber sido informado por una persona de alto nivel de la diplomacia estadounidense de que la propuesta se encontraba bajo análisis. Reconoció, sin embargo, que la reunión técnica entre los funcionarios estadounidenses y una delegación de los autores todavía no se había producido.
El medio Artículo 66, que divulgó sus declaraciones, señaló que no había confirmado independientemente ni la recepción del documento ni el estado de su eventual evaluación.
Una junta para reconstruir el Estado
La pieza central de la propuesta es una Junta de Transición Nacional que gobernaría entre 18 y 24 meses. No sería, según sus promotores, un gobierno en el exilio dispuesto a instalarse mientras Ortega y Murillo permanecen en el poder. La secuencia planteada es otra: primero tendría que producirse la salida completa de la pareja gobernante y, solo entonces, la junta asumiría la administración provisional.
Durante ese período, el gobierno transitorio tendría que reconstruir un Estado cuyas principales instituciones han quedado subordinadas al poder de la familia gobernante. Las tareas conocidas incluyen depurar y reformar el Poder Judicial, rehacer el padrón electoral, crear una autoridad electoral creíble, reorganizar las administraciones municipales y preparar elecciones presidenciales, legislativas y locales con observación internacional.
Arellano también ha mencionado una reforma constitucional y la posible convocatoria de una Asamblea Constituyente. No está claro si el texto reservado escoge un mecanismo concreto, establece una secuencia entre ambos o deja esa decisión para la propia junta.
Esa indefinición importa: el procedimiento utilizado determinaría de dónde surgirían las facultades extraordinarias del gobierno provisional y qué normas continuarían vigentes mientras se reorganiza el país.
Uno de los acuerdos más específicos busca separar la administración de la transición de la competencia electoral posterior. Los miembros de la junta y las personas que ocupen otros cargos durante el período provisional no podrían presentarse como candidatos en las primeras elecciones libres. La prohibición alcanzaría, según Arellano, a administradores municipales, integrantes de una eventual Constituyente y otros responsables transitorios.
La regla intenta evitar que quienes controlen el aparato estatal utilicen la transición para fabricar sus propias candidaturas.
Según Arellano, interlocutores estadounidenses habrían considerado favorable esa salvaguarda. La valoración, como el supuesto análisis del documento, no ha sido confirmada públicamente por el Departamento de Estado.
Una coalición considerable, pero incompleta
El comunicado está firmado por Ciudadanos por la Libertad, Liberales Nicaragua, Ruta del Cambio, Avanza, la Mesa de Concertación Democrática y el Movimiento Liberal, junto con organizaciones indígenas, afrodescendientes, territoriales y de nicaragüenses en el exterior. En total aparecen doce agrupaciones.
La lista muestra un esfuerzo de coordinación más amplio que muchas iniciativas anteriores, pero no permite hablar todavía de una representación integral de la oposición. El proceso ha sido descrito por uno de sus promotores, Alfredo Gutiérrez, como un acuerdo impulsado mayoritariamente por sectores de centro, centroderecha y derecha. No figuran como firmantes UNAMOS, la Unidad Nacional Azul y Blanco ni todas las organizaciones vinculadas con la plataforma Monteverde.
Esa ausencia no invalida el documento, pero sí obliga a medir cuidadosamente su legitimidad. Una junta nacida de un acuerdo entre exiliados necesitaría representar a quienes permanecen dentro de Nicaragua, donde la persecución impide una deliberación abierta, y sumar a víctimas, estudiantes, campesinos, empresarios, iglesias, comunidades indígenas y sectores que no se reconocen en las agrupaciones firmantes.
Los propios promotores parecen conscientes del problema. Arellano ha advertido que sería un grave error integrar la junta exclusivamente con personas radicadas en el exterior. Sin embargo, el documento no contiene nombres y el procedimiento para escogerlos no ha sido divulgado. Tampoco se sabe quién tendría autoridad para certificar que esas personas representan a una ciudadanía que no puede votar ni organizarse libremente.
El Ejército y el temor al vacío de poder
El argumento que sostiene la propuesta es el temor a que una salida repentina del régimen produzca una ruptura del mando estatal, violencia, represalias o parálisis económica. Los firmantes prometen continuidad administrativa, seguridad ciudadana y funcionamiento normal de las actividades económicas.
Con ello intentan hablar no solo a Washington, sino también a empresarios, funcionarios públicos y actores internos que podrían temer más al desorden que a la continuidad autoritaria.
El papel del Ejército aparece como una de las discusiones más delicadas y menos resueltas. Arellano ha reconocido que algunos participantes consideran necesario incorporar a un militar en la junta, mientras otros proponen una figura civil que cuente con la confianza de la institución. No existe todavía una decisión.
El dilema resume las dificultades del plan. Prescindir completamente del Ejército podría dejar a la junta sin capacidad material para garantizar el orden; concederle una cuota directa de poder podría perpetuar estructuras vinculadas durante años con el régimen y limitar la subordinación militar al gobierno civil. Una transición que prometa justicia por la represión de 2018 tendrá que definir, además, cómo distinguir entre continuidad institucional, responsabilidad individual y depuración.
Tampoco se conoce el tratamiento previsto para la Policía ni para los grupos paramilitares. Sin una política sobre armas, cadenas de mando, protección de archivos y garantías para funcionarios que no hayan cometido delitos, la promesa de una transición pacífica seguiría dependiendo más de la voluntad de los aparatos coercitivos que del diseño institucional de la oposición.
Washington escucha, pero no ha dado su aval
El momento escogido para revelar la propuesta coincide con un endurecimiento de la posición estadounidense frente a Managua.
Después de que Ortega anunciara que no permitiría nuevamente elecciones competitivas, Estados Unidos promovió el 5 de agosto una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y propuso convocar una reunión de cancilleres para considerar medidas diplomáticas, políticas y económicas.
Ese movimiento demuestra que Nicaragua volvió a ocupar un lugar más visible en la agenda hemisférica de Washington. No demuestra, en cambio, que el Gobierno estadounidense haya hecho suyo el proyecto opositor. Los comunicados públicos del Departamento de Estado y los documentos de la OEA conocidos hasta ahora no mencionan la junta ni el plan “Transición Ordenada”.
La distinción es esencial. Que funcionarios reciban un documento, escuchen a sus autores o lo sometan a revisión no equivale a convertirlo en política oficial. Washington puede valorar la preparación de escenarios sin comprometerse con una organización específica, y podría considerar varias alternativas simultáneamente.
Los promotores esperan una reunión de trabajo en la que los estadounidenses formulen preguntas sobre los componentes políticos, jurídicos y técnicos del proyecto. Después pretenden llevarlo también al Congreso. Hasta que esa conversación se produzca y alguna autoridad estadounidense confirme el proceso, la afirmación de que el Departamento de Estado “evalúa” el plan debe continuar atribuida a sus autores.
El plan del día después no explica todavía el primer día
La propuesta ofrece una respuesta relativamente desarrollada sobre lo que debería ocurrir después de Ortega y Murillo: un gobierno colegiado, reconstrucción institucional, reforma electoral y elecciones al cabo de dos años. Su principal vacío se encuentra antes de ese punto.
Los promotores afirman que la junta solo entraría en funcionamiento una vez que la pareja gobernante haya abandonado el poder, pero no han explicado qué proceso produciría esa salida. No se sabe si el escenario contemplado es una fractura interna, una negociación, una presión internacional capaz de modificar los cálculos del régimen, una movilización cívica o una combinación de factores.
Tampoco se han divulgado las garantías que podrían ofrecerse a sectores del Estado para facilitar una transferencia pacífica sin sacrificar el derecho de las víctimas a la justicia. Esa incógnita no es un detalle técnico. Es el puente ausente entre un documento de planificación y una transición políticamente posible.
Mientras no se resuelva, el proyecto funciona sobre todo como una credencial presentada ante Washington: la demostración de que una franja significativa de la oposición intenta superar sus divisiones y prepararse para gobernar si se abre una oportunidad.
La iniciativa puede ser valiosa precisamente por anticipar problemas que suelen discutirse demasiado tarde: cómo impedir que el vacío de poder sea ocupado por la violencia, cómo reconstruir un sistema electoral destruido y cómo evitar que los administradores provisionales conviertan el Estado en plataforma de campaña. Pero su credibilidad dependerá de que abandone progresivamente la reserva, amplíe la coalición, establezca una fuente verificable de legitimidad y explique cómo se relacionará con quienes controlan las armas y las instituciones dentro del país.
Por ahora, la oposición ha colocado un plan sobre una mesa estadounidense. Aún tiene que demostrar que esa mesa puede ampliarse hasta Nicaragua y que el “día después” imaginado en el exilio puede comenzar, de manera pacífica y legítima, en el país real.
Fuentes consultadas: Artículo 66; Nicaragua Investiga y OEA(Convocatoria de la sesión extraordinaria sobre Nicaragua, 5 de agosto de 2026)
