Inteligencia E&N
Por: Revistaeyn.com - Agencias
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acusó a sectores de Estados Unidos de intentar instalar, sin evidencias suficientes, la idea de que la población mexicana respaldaría una intervención militar estadounidense contra los cárteles del narcotráfico.
La mandataria vinculó esa narrativa con las elecciones de noviembre en Estados Unidos y advirtió que México no permitirá ser utilizado como instrumento de campaña.
“México no tiene por qué ser factor en su elección, no somos ni piñata ni asunto de los estadounidenses”, afirmó durante su conferencia de prensa matutina.
La controversia surgió tras la difusión de dos ejercicios de opinión diferentes, pero con un elemento común: ninguno cuenta con información pública suficiente que permita comprobar su representatividad.
El primero es un supuesto documento interno del Departamento de Estado, divulgado por el medio estadounidense NewsNation, que menciona una encuesta realizada a 1.000 mexicanos mayores de 18 años. Según la información periodística, la mayoría de los consultados apoyaría acciones directas de Estados Unidos contra los grupos criminales dentro de territorio mexicano.
Entre las posibles operaciones figurarían ataques contra laboratorios de drogas y la captura de líderes y operadores de los cárteles sin notificar previamente a las autoridades mexicanas.
Sin embargo, el medio no publicó el documento completo, no identificó a la empresa responsable del estudio ni difundió las preguntas, la metodología o los porcentajes específicos obtenidos por cada alternativa.
“Son informaciones que no tienen sustento y cuya fuente es dudosa”, sostuvo Sheinbaum. Aunque reconoció que esas versiones pueden tener impacto en la opinión pública mexicana, consideró que su principal objetivo sería influir en el electorado estadounidense.
Un sondeo en redes amplificó la controversia
La discusión se intensificó cuando Derek Maltz, exadministrador interino de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), difundió en X otro sondeo que afirmaba que 89% de los participantes apoyaría el ingreso de fuerzas especiales estadounidenses para detener a políticos mexicanos buscados por la justicia de ese país.
La encuesta había sido publicada por Simón Levy, empresario y exsubsecretario de Turismo durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Maltz presentó el resultado como una demostración de que los ciudadanos mexicanos deseaban “abrumadoramente” una actuación militar estadounidense. Pero se trataba de una consulta voluntaria entre usuarios de una red social, sin una muestra diseñada estadísticamente ni información que permitiera considerarla representativa de la población.
Sheinbaum calificó como “absurda” esa interpretación y sostuvo que la amplia mayoría de los mexicanos rechaza una intervención extranjera debido a la historia del país y a su arraigado sentido de soberanía.
Durante la conferencia se citaron otros datos según los cuales 50% de los consultados respaldaría la cooperación con Estados Unidos, siempre que no implique subordinación; 33% considera que el combate al crimen organizado corresponde únicamente al Gobierno mexicano y solo 9% aceptaría operaciones estadounidenses para detener o eliminar integrantes de los cárteles.
La procedencia y metodología completa de esta segunda medición tampoco quedaron claramente establecidas durante la comparecencia presidencial. Por ello, más que una batalla entre encuestas comparables, el episodio expone cómo mediciones incompletas o ejercicios digitales pueden convertirse en instrumentos del debate político bilateral.
Una hipótesis sin anuncio oficial, pero con antecedentes
Hasta el momento no existe un anuncio oficial de Washington sobre el envío unilateral de fuerzas a México. Pero la idea de una acción directa estadounidense no apareció únicamente en redes sociales.
El Gobierno de Donald Trump ha clasificado a varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, endurecido su retórica contra el narcotráfico y planteado en diferentes momentos la posibilidad de utilizar recursos militares contra estructuras criminales de América Latina.
La administración estadounidense también ha desarrollado operaciones contra embarcaciones presuntamente relacionadas con el tráfico de drogas y ha promovido una mayor coordinación regional bajo una estrategia que combina cooperación en seguridad, inteligencia y capacidad militar.
La semana pasada, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reconoció que México estaba haciendo “más que nunca” para combatir el narcotráfico, pero consideró que sus esfuerzos seguían siendo insuficientes.
Rubio aseguró posteriormente que Estados Unidos no actuaría unilateralmente contra organizaciones criminales dentro de países aliados sin el consentimiento de sus gobiernos. Esa afirmación reduce la inmediatez de una posible operación en suelo mexicano, pero no elimina la presión política para que Washington asuma un papel más directo en el combate a los cárteles.
La postura oficial estadounidense mantiene así una tensión: reconoce la cooperación de México y descarta formalmente una incursión sin autorización, pero conserva una retórica que presenta al narcotráfico como una amenaza de seguridad nacional susceptible de respuestas extraordinarias.
La DEA, otro foco de fricción
La participación de un exresponsable de la DEA tampoco es un dato menor. La agencia ha sido durante años uno de los puntos más sensibles de la relación bilateral.
En agosto de 2025, Sheinbaum desmintió que México hubiera acordado con la DEA el denominado Proyecto Portero, presentado inicialmente por la agencia estadounidense como una importante iniciativa conjunta para combatir las rutas utilizadas para transportar drogas, armas y dinero.
La presidenta aclaró entonces que únicamente cuatro agentes mexicanos habían participado en un taller en Texas y reclamó a la DEA que respetara los protocolos de comunicación acordados.
Las diferencias se agudizaron en 2026. El actual administrador de la agencia, Terrance Cole, ha acusado a funcionarios mexicanos de proteger al Cártel Jalisco Nueva Generación y ha afirmado que Estados Unidos utilizará todos los recursos disponibles contra los dirigentes criminales y sus supuestos facilitadores políticos.
En declaraciones oficiales de agosto, Cole sostuvo que la DEA actuaría junto con sus socios internacionales para arrestar, extraditar y procesar a los acusados en Estados Unidos. Aunque sus palabras se enmarcaron en la cooperación institucional, contribuyeron a aumentar la percepción de que Washington busca extender el alcance de su jurisdicción sobre integrantes de las redes criminales mexicanas. DEA
“Coordinación sin subordinación”
Sheinbaum ha construido su respuesta a la presión estadounidense alrededor de una fórmula: México acepta ampliar la cooperación, pero rechaza toda relación subordinada.
“Nosotros siempre lo vamos a defender: que no haya intervención, que no haya injerencia, que solamente hablemos de coordinación, y además sin subordinación”, reiteró.
La posición intenta compatibilizar dos realidades difíciles de separar. México necesita colaborar con Estados Unidos en inteligencia, extradiciones, control fronterizo, tráfico de armas y persecución financiera de las organizaciones criminales. Al mismo tiempo, cualquier presencia militar estadounidense sin autorización produciría una crisis política y diplomática de enorme alcance.
Sheinbaum contrapuso las versiones sobre una eventual intervención con declaraciones recientes del Comando Norte estadounidense, que destacó el nivel de cooperación entre las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad de ambos países.
Ese reconocimiento respalda el argumento mexicano de que la coordinación bilateral funciona y que no existe una justificación operativa para sustituirla por acciones unilaterales.
México entra en la campaña estadounidense
El contexto electoral agrega presión. El narcotráfico, el fentanilo, la migración y la seguridad fronteriza son asuntos de alta sensibilidad para el electorado estadounidense, y México suele ocupar un lugar central en las campañas.
Presentar a los cárteles como una amenaza externa permite a los sectores más duros exigir medidas militares, sanciones o condicionamientos comerciales. También convierte cualquier cautela mexicana en una supuesta falta de cooperación, aunque ambos gobiernos mantengan mecanismos activos de coordinación.
Para Sheinbaum, el riesgo es que esa discusión electoral produzca consecuencias reales sobre la relación bilateral. México y Estados Unidos comparten una integración económica extraordinaria bajo el T-MEC, cadenas productivas estratégicas y un comercio anual de cientos de miles de millones de dólares. Una crisis de seguridad puede extenderse rápidamente hacia las negociaciones comerciales y la confianza de los inversionistas.
La intervención militar no constituye hoy una decisión anunciada por Washington. Pero dejó de ser una hipótesis confinada a voces marginales y comenzó a circular en el debate político, en declaraciones de antiguos funcionarios y en informaciones cuya metodología no siempre puede verificarse.
Por eso la respuesta de Sheinbaum busca intervenir antes de que la narrativa se consolide: México está dispuesto a cooperar contra el crimen organizado, pero no aceptará que esa cooperación se transforme en autorización para operar dentro de su territorio.
Con información de EFE, Infobae, Clarín, AP y DEA.
