José María Villalta, candidato presidencial del Frente Amplio (FA), incluyó en su Plan de Gobierno la promesa de cobrarles a esas firmas un 15% de renta cuando repartan dividendos, mientras que Welmer Ramos, candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC), ha sido uno férreo defensor de poner a esas empresas a tributar.
Además, el candidato presidencial de Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, ha defendido la tasa mínima (15%) a las transnacionales que acordaron los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Ante ese panorama, Carlos Wong, presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras), alertó de que cualquier pretención de gravar al régimen impactaría directamente en la creación de empleo, en momentos en que el país requiere de más puestos de trabajo para superar la elevada desocupación (15,3% al III trimestre 2021).
Wong dijo que el régimen de zonas francas ha sido una solución muy importante durante la pandemia del COVID-19 para sostener empleos de calidad en el país y que esa misma es la perspectiva futura, siempre y cuando Costa Rica mantenga las condiciones tributarias a las empresas. "Discutir el tema de un gravamen a la distribución de dividendos o gravámenes en general a un sistema de zona franca que ha probado ser resiliente, que ha probado ser exitoso, nos parece contraproducente de parte de candidatos si lo que quieren es impulsar y hacer que Costa Rica crezca", indicó.
El presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), José álvaro Jenkins, consideró que la seguridad jurídica es fundamental para todo el sector empresarial.
Por esto es que la Uccaep considera que no es recibo que los actores políticos y otros grupos amenacen a las empresas del régimen de zonas francas con cobrarles impuestos. Esto, según el empresario, empeora el clima de negocios y la atracción de inversión extranjera directa (IED).
"Por el contrario, Uccaep aboga por la búsqueda de medidas y la toma de acciones que vayan en la dirección de brindar mayor certeza jurídica al sector productivo, y de incentivar la creación de nuevas empresas y de más empleos formales", recalcó.
En tanto, Jorge Sequeira, director general de la Coalición Costarricense de Iniciativa de Desarrollo (Cinde), la agencia que se encarga de atraer IED para que se instale en las zonas francas, principalmente, estimó que el régimen de zonas francas ha sido "un modelo probado, efectivo y contundente ante las crisis". "Lo fue en los años 80 y ahora durante la pandemia como impulsor de desarrollo socioeconómico y motor de generación de empleo, encadenamientos productivos y desarrollo", enfatizó.
Enfocarse en fortalecer competitividad
Respecto del impuesto mínimo global que acordó la OCDE y el G-20, Sequeira comentó que aún no existe claridad sobre su implementación y las líneas de ejecución aún son discutidas en foros internacionales."Costa Rica, a través de Comex (Ministerio de Comercio Exterior), procurará velar por un diálogo internacional que derive en una política justa, proporcional, en diferentes fases y aplicable a todos los países y considerando las condiciones propias de cada entorno. Costa Rica y las autoridades han sido claras en su firme compromiso en asegurar la certeza jurídica del régimen de zona franca", dijo.
La lección que saca Cinde de la discusión sobre los tributos para las zonas francas es que Costa Rica tiene que fortalecer su agenda de competitividad para generar un mejor clima de inversión y reducir los impactos de eventuales cambios en el tratamiento fiscal de las empresas internacionales. Jenkins también puso énfasis en que el acuerdo mundial todavía está lejos de aplicarse en la práctica. Sí subrayo que el impuesto no recae solo sobre el régimen de zonas francas, pues aplicaría para cualquier empresa con beneficios superiores a loS US$750 millones.
Según datos de Cinde, las firmas multinacionales generaron 9 de cada 10 empleos formales en el país en los últimos 5 años. Se trata de empresas operadas por costarricense donde casi un 100% de los empleados son nacionales. El régimen emplea a más de 140.000 personas directamente y más de 70.000 indirectamente. "En 2020, durante la pandemia, casi la mitad de los empleos netos generados fueron ocupados por mujeres, uno de los grupos sociales que más impacto ha sufrido por la crisis sanitaria", indicó la Coalición.
Las empresas en el régimen, además, aportan anualmente US$585 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y compran el 43% de sus insumos localmente, a más de 11.000 proveedores locales. Esas compras ascendieron a US$2.323 millones en el 2019.
